Despido por IA en un ERE de videojuegos: STSJ Madrid 864/2026
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Despido por IA en un ERE de videojuegos: STSJ Madrid 864/2026

·PorRicardo Scarpa

Resumen ejecutivo

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó el 8 de octubre de 2026 la sentencia 864/2026 (Roj: STSJ M 12114/2026). La resolución confirma la procedencia del despido de una animadora 3D incluida en un expediente de regulación de empleo de una empresa de videojuegos, ya declarada en instancia, y mantiene la improcedencia del despido de una guionista de la misma compañía. La empresa había invocado la implantación de herramientas de inteligencia artificial generativa para reorganizar el equipo de Arte y amortizar puestos.

Los hechos probados dibujan una compañía en caída. En 2023 su cifra de negocios neta fue de 7.991.168 euros, con un resultado positivo de 646.297 euros. En 2024 bajó a 4.595.942 euros y cerró con pérdidas de 3.546.027 euros. La empresa comunicó su situación de insolvencia al Juzgado de lo Mercantil. El 30 de octubre de 2024 anunció un ERE que afectaba a trece trabajadores. El periodo de consultas terminó con acuerdo el 3 de diciembre: indemnización de 20 días de salario por año de servicio, pagada de una sola vez, y una mejora para una trabajadora.

La doctrina que el Tribunal aplica sobre la inteligencia artificial resulta la parte más reveladora. La herramienta carece de entidad como causa independiente. Se integra en las causas técnicas u organizativas del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores cuando la empresa acredita tres extremos: que la implantó de forma efectiva, que redujo de manera significativa las funciones del puesto y que existe nexo causal entre ambos hechos. La Sala sigue así el estándar que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León había fijado en septiembre de 2025. Mencionar la tecnología en la carta de despido no basta.

La sentencia separa dos áreas de la empresa. En Arte 3D aceptó la prueba de que las imágenes generadas con inteligencia artificial mejoraban la calidad visual y acortaban el tiempo por escena, lo que justificó conservar solo a dos especialistas senior. En Diseño, la amortización del puesto de guionista se apoyó en guiones cada vez más cortos y en el menor tiempo dedicado a crear juegos nuevos. La selección de afectados se sostuvo en la experiencia internacional y el dominio del inglés del profesional que permaneció, un criterio que el Tribunal considera razonable.

La guionista recurrió y pedía la nulidad del despido por falta de buena fe en la negociación y por vulneración de la garantía de indemnidad, además de 24.134 euros por daños morales. La Sala rechaza ambos motivos. Los vínculos previos de algunos miembros de la comisión negociadora con la dirección no bastan para anular el trámite, y el acuerdo final constituye un indicio claro de buena fe. Sobre las demandas anteriores de la trabajadora, la Sala concluye que no aportó indicios suficientes de represalia: el despido formaba parte de un ERE de trece afectados, no hubo proximidad temporal estrecha con aquellos litigios y la empresa mantuvo a otro profesional del mismo equipo.

Para las empresas, el mensaje práctico es de prueba. Quien fundamente un despido colectivo en la inteligencia artificial debe reunir documentación específica sobre el cambio técnico u organizativo, su impacto real en cada puesto y los criterios objetivos de selección, y aportarla durante el periodo de consultas. Para los trabajadores, la sentencia recuerda que los litigios previos no generan por sí solos una presunción de represalia.

Conviene medir el alcance con cautela. Se trata de una sentencia de un Tribunal Superior de Justicia, de valor orientador, que no examina el grado de autonomía de la inteligencia artificial ni la posible sustitución total del trabajo humano. El control judicial de las causas ETOP sigue siendo limitado: el juez comprueba que las causas existen, que hay nexo causal y que la selección no es arbitraria, sin sustituir la decisión empresarial de reorganizar.

Cuando la inteligencia artificial amortiza puestos de trabajo: el TSJ de Madrid confirma la procedencia del despido objetivo en un ERE de la industria del videojuego

Análisis de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 864/2026, de 8 de octubre, sobre la concurrencia de causas técnicas, organizativas y productivas derivadas de la implantación de herramientas de IA generativa, la buena fe en el periodo de consultas y la garantía de indemnidad

1. Introducción y planteamiento del problema

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó el 8 de octubre de 2026 la sentencia 864/2026 (Roj: STSJ M 12114/2026). La Sala de lo Social confirma la procedencia del despido de una animadora 3D incluida en un ERE de una empresa de videojuegos. Al mismo tiempo mantiene la improcedencia del despido de una guionista (1).

La empresa alegó que las imágenes generadas por inteligencia artificial mejoraban la calidad visual y reducían el tiempo de trabajo por escena. Ese cambio obligaba a reorganizar el equipo de Arte y a amortizar puestos (1).

La doctrina reciente de los Tribunales Superiores de Justicia exige prueba concreta. La mera mención de la inteligencia artificial no basta. La empresa debe demostrar un cambio real en los medios de producción o en los métodos de trabajo y el nexo causal con la desaparición de funciones (2).

La sentencia plantea tres cuestiones centrales:

  • Cómo integra el Tribunal la inteligencia artificial dentro de las causas técnicas y organizativas del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores.
  • Qué alcance reconoce al deber de negociar de buena fe cuando las partes discuten la composición de la comisión negociadora y el contenido del acuerdo.
  • Cómo aplica la garantía de indemnidad del artículo 24 de la Constitución cuando la trabajadora había interpuesto demandas previas contra la empresa (5).

Este análisis toma como fuente principal la propia sentencia y la sitúa junto a la doctrina reciente de otros Tribunales Superiores de Justicia sobre despidos vinculados a la inteligencia artificial.

2. Hechos relevantes del caso

La empresa de diseño de videojuegos comunicó el 30 de octubre de 2024 el inicio de un ERE. El periodo de consultas arrancó el 15 de noviembre y terminó con acuerdo el 3 de diciembre. La medida afectaba a trece trabajadores (1).

Dña. Margarita trabajaba desde el 27 de octubre de 2020 como Animadora Modelador 3D. Su salario anual era de 23.134,23 euros. Dña. Aurelia prestaba servicios desde el 1 de marzo de 2021 como Guionista-Escritor con un salario anual de 24.134,76 euros (1).

La carta de despido de Margarita invocaba la reorganización del Equipo de Arte. La empresa afirmaba que las imágenes generadas por inteligencia artificial mejoraban la calidad y acortaban los tiempos de producción. Por eso redujo el equipo y mantuvo solo dos especialistas 3D senior con perfiles concretos. Amortizó el puesto de la demandante (1).

La carta de Aurelia se apoyaba en la reorganización del Equipo de Diseño. La empresa consideraba suficiente un solo guionista porque los guiones eran cada vez más cortos y se dedicaba menos tiempo a crear juegos nuevos. Conservó al profesional con mayor experiencia internacional y dominio del inglés (1).

Los datos económicos que la sentencia declara probados muestran un descenso claro. En 2023 el importe neto de la cifra de negocios alcanzó 7.991.168 euros con un resultado positivo de 646.297 euros. En 2024 bajó a 4.595.942 euros y el resultado fue negativo en 3.546.027 euros. La empresa había comunicado su situación de insolvencia al Juzgado de lo Mercantil (1).

Las partes celebraron cinco reuniones entre el 19 de noviembre y el 3 de diciembre de 2024. El acuerdo fijó una indemnización de 20 días de salario por año de servicio, pagada de una sola vez, y una mejora para una trabajadora en situación particular. Las cartas de despido se entregaron el 5 de diciembre con efectos del 16 de diciembre. Aurelia recibió 5.096,20 euros y Margarita 5.281,67 euros (1).

El Juzgado de instancia, en sentencia de 12 de marzo de 2026, declaró improcedente el despido de Aurelia y procedente el de Margarita. Solo Aurelia recurrió. Pedía la nulidad por vulneración de la garantía de indemnidad y por falta de buena fe en la negociación, además de 24.134 euros por daños morales (1).

3. El marco normativo aplicable: causas ETOP y despido colectivo

El Estatuto de los Trabajadores regula los despidos por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas en dos regímenes. Cuando las extinciones superan los umbrales del artículo 51.1, se aplica el despido colectivo. En los demás casos rige el despido objetivo del artículo 52.c) (3).

Aquí la empresa extinguió trece contratos y tramitó el procedimiento como despido colectivo. El artículo 51.1 exige que la empresa pruebe alguna de las causas que define: económicas, por una situación económica negativa; técnicas, por cambios en los medios o instrumentos de producción; organizativas, por cambios en los sistemas y métodos de trabajo o en el modo de organizar la producción; o productivas, por cambios en la demanda de los productos o servicios (3).

El procedimiento sigue las reglas del artículo 51 del Estatuto y del Real Decreto 1483/2012. La empresa debe comunicar la apertura del periodo de consultas, negociar de buena fe y aportar la documentación exigida (3)(4).

La jurisprudencia admite que las causas técnicas y organizativas pueden existir sin pérdidas económicas. Basta un cambio real en los medios de producción o en los métodos de trabajo que haga innecesario el puesto. La simple adopción de una tecnología más eficiente no basta. La empresa debe demostrar el vaciamiento de funciones (2).

Cuando la empresa invoca inteligencia artificial, los Tribunales Superiores de Justicia exigen dos pruebas: que la herramienta se ha implantado de forma efectiva y que ese cambio ha eliminado o reducido de forma significativa las tareas del puesto amortizado. La inteligencia artificial carece de entidad como causa autónoma y opera como elemento que integra las causas técnicas u organizativas (2).

El control judicial es limitado. El juez no sustituye la decisión empresarial de reorganizar. Comprueba que las causas existen, que existe nexo causal y que la selección de afectados no resulta arbitraria (1).

4. La inteligencia artificial como elemento de causa técnica y organizativa

La sentencia examina si las herramientas de inteligencia artificial generativa pueden integrar las causas técnicas y organizativas del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. El análisis se centra en el despido de la animadora 3D, declarado procedente en ambas instancias (1).

La empresa sostuvo que las imágenes generadas por inteligencia artificial mejoraban la calidad visual y reducían el tiempo de trabajo por escena. Ese cambio le permitió reducir el equipo de Arte 3D y conservar solo dos especialistas senior (1).

La Sala acepta la argumentación. Considera probado el cambio real en los medios de producción y en los métodos de trabajo. La inteligencia artificial funciona como el instrumento que modificó el proceso productivo y las necesidades de personal, y carece de la condición de causa autónoma (1).

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 15 de septiembre de 2025 ya había fijado el mismo estándar: la empresa debe probar el cambio efectivo en los medios o métodos de trabajo, la reducción significativa de funciones y el nexo causal entre ambos (2). El Tribunal de Madrid aplica ese criterio al sector de los videojuegos.

El Tribunal diferencia el área de Arte 3D del área de Diseño. En Diseño la empresa justificó la amortización por la reducción del volumen y la complejidad de los guiones, y la inteligencia artificial quedó fuera de esa justificación. El control de la causa se hace caso por caso (1).

La sentencia no valora el grado de autonomía de la inteligencia artificial ni la posible sustitución total del trabajo humano. Se limita a comprobar que, en este supuesto, la herramienta modificó de forma real las necesidades de personal del equipo de Arte 3D (1).

La resolución confirma que la inteligencia artificial puede integrar las causas técnicas y organizativas del artículo 51. La empresa debe acreditar el cambio real en el proceso productivo y el nexo causal con la amortización de los puestos. La mera mención de la tecnología queda sin efecto probatorio (1)(2).

5. El periodo de consultas y el deber de negociar de buena fe

El artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores obliga a la empresa a negociar de buena fe durante el periodo de consultas. Esa obligación exige una actitud real orientada a explorar reducciones del número de afectados o atenuaciones de las medidas (3).

Las partes celebraron cinco reuniones entre el 19 de noviembre y el 3 de diciembre de 2024. El 3 de diciembre firmaron un acuerdo que fijaba una indemnización de 20 días de salario por año de servicio, pagada de una sola vez, y una mejora para una trabajadora. Las cartas de despido se entregaron el 5 de diciembre (1).

Aurelia impugnó el procedimiento. Alegó que algunos miembros de la comisión negociadora mantenían vínculos con la dirección y que el acuerdo reflejaba una negociación formal (1).

La Sala desestima ambos argumentos. La designación de los representantes corresponde a los trabajadores según el artículo 51.2 del Estatuto y el Real Decreto 1483/2012. El procedimiento no acredita interferencia ilícita de la empresa ni fraude de ley. Las relaciones previas no bastan para anular el trámite (1)(3)(4).

Sobre el carácter real de la negociación, la Sala aplica la doctrina del Tribunal Supremo. El acuerdo final no es requisito de validez, pero constituye un indicio claro de buena fe. El pacto sobre la cuantía, el momento del pago y la mejora individualizada descarta la simulación (1).

El Tribunal no exige que la negociación reduzca el número de afectados. Cumple el deber de buena fe quien aporta la información exigida, mantiene una actitud abierta y no rechaza de plano cualquier propuesta. Aquí se cumplieron esos requisitos (1).

La jurisprudencia distingue el control de la realidad de la negociación del control de su resultado. El juez no sustituye el contenido del acuerdo ni anula el procedimiento solo porque el resultado no favoreció a los trabajadores. Declara la nulidad cuando se prueba obstrucción, ocultación de información o simulación (1).

6. La garantía de indemnidad y la carga de la prueba

El artículo 24.1 de la Constitución y el artículo 55.5 del Estatuto de los Trabajadores protegen al trabajador frente a represalias por el ejercicio de acciones judiciales. La vulneración de esa garantía produce la nulidad del despido (3)(5).

Aurelia alegó que su despido respondía a las demandas que había interpuesto antes contra la empresa. Pidió la nulidad y 24.134 euros por daños morales (1).

La doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo fija un régimen especial de carga de la prueba. Cuando el trabajador aporta indicios razonables de conexión entre las demandas previas y el despido, la empresa debe demostrar que la extinción se basó en causas reales y ajenas a cualquier represalia (1).

La Sala concluye que Aurelia no aportó indicios suficientes. Valora cuatro hechos: el despido formaba parte de un ERE que afectó a trece trabajadores; las causas se negociaron y terminaron en acuerdo; no existe proximidad temporal estrecha ni conexión causal directa con las demandas previas; la empresa conservó a otro profesional del mismo área con mayor experiencia (1).

La mera existencia de litigios anteriores no genera presunción de represalia. El trabajador debe aportar indicios que permitan establecer una conexión razonable entre el ejercicio del derecho a la tutela judicial y la decisión extintiva. Sin esos indicios no opera la inversión de la carga de la prueba (1).

La Sala desestima la pretensión de nulidad y confirma la improcedencia declarada en instancia. No concede la indemnización adicional por daños morales (1).

7. La valoración de la prueba y el control judicial de las causas

Como se anticipó en el apartado 3, el control judicial de las causas ETOP es limitado. El juez no valora si existían medidas menos lesivas ni sustituye la decisión empresarial de reorganizar (1).

La Sala confirma la valoración del Juzgado de instancia. Los datos económicos de 2023 y 2024 acreditan el descenso de la cifra de negocios y el resultado negativo. La empresa había comunicado su situación de insolvencia al Juzgado de lo Mercantil (1).

En el área de Arte 3D la Sala acepta la prueba sobre la implantación de herramientas de inteligencia artificial. Considera acreditado el cambio real en los medios de producción y la reducción del tiempo de ejecución de las tareas. Ese cambio justificaba la reducción del equipo (1).

En el área de Diseño la empresa acreditó la reducción del volumen y la complejidad de los guiones. Conservó al profesional con mayor experiencia internacional y dominio del inglés. El Tribunal considera razonables esos criterios de selección (1).

El estándar exige que la empresa aporte prueba suficiente de la realidad de las causas y del nexo causal. No le impone demostrar que no existían otras alternativas. Una vez aportada la prueba, corresponde al trabajador desvirtuarla. Aquí la parte recurrente no lo logró (1).

8. Consecuencias prácticas y criterios de acreditación

La sentencia ofrece criterios útiles para las empresas que fundamentan un ERE en la implantación de inteligencia artificial.

La inteligencia artificial carece de entidad como causa autónoma y debe integrarse en las causas técnicas u organizativas del artículo 51 del Estatuto. La empresa debe acreditar un cambio real en los medios de producción o en los métodos de trabajo (1)(2)(3).

La empresa debe probar el nexo causal entre la implantación de la herramienta y la amortización del puesto concreto. Demostrar que se introdujo la tecnología resulta insuficiente. Debe acreditar el vaciamiento o la reducción significativa de funciones (1).

La documentación del periodo de consultas resulta decisiva. La empresa debe aportar información sobre el alcance de la implantación, su impacto en los procesos y los criterios de selección de los afectados (1).

El acuerdo alcanzado en el periodo de consultas constituye un indicio relevante de buena fe. Dificulta la alegación posterior de que la negociación fue formal o simulada (1).

La mera existencia de litigios previos no genera presunción de represalia. El trabajador debe aportar indicios razonables de conexión entre las demandas y el despido (1).

Las empresas que invoquen inteligencia artificial como justificación de un ERE deben reunir prueba específica y documentada del cambio técnico u organizativo, del impacto real en los puestos y de los criterios objetivos de selección. La simple mención de la tecnología queda sin efecto probatorio.

9. Conclusiones

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 864/2026 confirma que las herramientas de inteligencia artificial generativa pueden integrar las causas técnicas y organizativas del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. La empresa debe acreditar el cambio real en los medios o métodos de producción y el nexo causal con la amortización de los puestos (1).

En el área de Arte 3D la empresa demostró que la generación de imágenes mediante inteligencia artificial modificó las necesidades de personal. Ese hecho justificó la reducción del equipo. En el área de Diseño la causa se basó en la reducción del volumen y la complejidad de los guiones (1).

El deber de negociar de buena fe se cumple cuando la empresa aporta la información exigida, mantiene una actitud abierta y no rechaza de plano las propuestas. El acuerdo final constituye un indicio relevante de que la negociación fue real (1).

La garantía de indemnidad no se activa por la mera existencia de litigios previos. El trabajador debe aportar indicios razonables de conexión entre las demandas y el despido. Sin esos indicios no opera la inversión de la carga de la prueba (1).

La sentencia ofrece criterios operativos para las reestructuraciones vinculadas a la inteligencia artificial. Exige prueba rigurosa del cambio técnico u organizativo, del impacto real en los puestos y de los criterios de selección. Al mismo tiempo mantiene el control judicial limitado propio de las causas ETOP.

10. Bibliografía

(1) Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Social, Sección 2.ª) número 864/2026, de 8 de octubre (Roj: STSJ M 12114/2026; ECLI:ES:TSJM:2026:12114).

(2) Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Sala de lo Social) de 15 de septiembre de 2025 (rec. 2003/2025).

(3) Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, artículos 51, 52.c) y 55.5.

(4) Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada.

(5) Constitución Española de 1978, artículo 24.1.