Resumen ejecutivo
Quien se hace una prueba genética o entrega una muestra a un biobanco no comparte solo su propia información. Comparte también, sin saberlo, parte de la de sus padres, hermanos e hijos. Esa circunstancia, que la biología da por obvia, es la que el Derecho europeo de protección de datos tiene más difícil de absorber, porque se construyó sobre la figura de un titular individual de los datos.
El régimen vigente descansa en dos pilares. El Reglamento general de protección de datos (RGPD) clasifica los datos genéticos como categoría especial, prohíbe en principio su tratamiento y admite excepciones tasadas, entre ellas el consentimiento explícito, la asistencia sanitaria, la salud pública y la investigación científica con garantías. La Directiva (UE) 2016/680 regula el uso policial y judicial de estos datos y exige que sea estrictamente necesario.
El Tribunal de Justicia dio contenido a ese requisito el 26 de enero de 2023 en el asunto C-205/21. Declaró contraria al Derecho de la Unión una norma búlgara que ordenaba recoger de forma sistemática datos genéticos y biométricos de cualquier persona acusada de un delito doloso perseguible de oficio. La autoridad debe demostrar, en cada caso, que la recogida es estrictamente necesaria y que no bastan medidas menos graves. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos había trazado el camino con S. and Marper c. Reino Unido (2008), donde censuró la conservación indefinida e indiferenciada de perfiles de ADN de personas absueltas, y lo confirmó después en Gaughran c. Reino Unido (2020), esta vez respecto de una persona condenada.
El segundo frente es la reidentificación. El Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) adoptó el 7 de julio de 2026 las Directrices 02/2026 sobre anonimización, que siguen abiertas a consulta pública hasta el 30 de octubre de 2026. Siguen el enfoque relativo que el Tribunal de Justicia fijó en la sentencia C-413/23 P (SRB), de 4 de septiembre de 2025: un mismo conjunto de datos puede ser anónimo para un receptor y personal para otro, según los medios que cada uno pueda emplear con criterios de razonabilidad. Las directrices son generales y apenas aluden a los datos genéticos. Aplicadas a un genoma, que identifica de forma estable a su titular y se parece al de sus parientes, el margen para declarar anónimo un dato genómico es estrecho, y esa aplicación es una inferencia de este análisis, no una afirmación del Comité.
La paradoja familiar sigue sin respuesta normativa. Los parientes biológicos pueden ser interesados cuando los datos los afectan y resultan identificables, y ejercer derechos de acceso o supresión que choquen con los del donante. El RGPD no ofrece reglas de colisión. Así lo advierten Kuru y de Miguel Beriain, que piden al CEPD actualizar el documento de trabajo del Grupo del Artículo 29 sobre datos genéticos, de 2004.
En biobancos e investigación, el artículo 89 del RGPD permite excepciones a los derechos de los interesados, pero su concreción corresponde a cada Estado, con el resultado de un mapa fragmentado. El Reglamento (UE) 2025/327 sobre el Espacio Europeo de Datos Sanitarios añade una capa para el uso secundario de datos genéticos, con aplicación escalonada.
La conclusión práctica es doble. Quien trate datos genómicos debe asumir que casi nunca podrá darlos por anónimos sin un análisis contextual documentado, y que la base jurídica de un tratamiento no resuelve la posición de los familiares. Quien legisle tiene pendiente una regla de ponderación entre el titular de la muestra y su familia.
Cuando el genoma deja de ser solo tuyo: privacidad genética en el RGPD, la Directiva policial y la reidentificación familiar
Análisis jurídico del tratamiento de datos genéticos en la Unión Europea: fundamentos normativos, jurisprudencia del TJUE y del TEDH, orientaciones del CEPD y tensión entre derechos individuales, interés público e investigación científica
Índice
- Introducción: el carácter singular de los datos genéticos
- El régimen del RGPD: prohibición general y excepciones
- El ámbito policial: la Directiva (UE) 2016/680
- Jurisprudencia del Tribunal de Justicia: el asunto C-205/21
- El estándar del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
- Anonimización y reidentificación: el enfoque relativo y las Directrices 02/2026
- Biobancos, investigación científica y artículo 89 del RGPD
- Datos genéticos compartidos: derechos de los familiares
- Perspectiva comparada, riesgos residuales y límites del marco vigente
- Conclusiones
1. Introducción: el carácter singular de los datos genéticos
El artículo 4, apartado 13, del Reglamento (UE) 2016/679 define los datos genéticos como los datos personales relativos a las características genéticas, heredadas o adquiridas, de una persona física que proporcionen una información única sobre su fisiología o su salud y que resulten, en particular, del análisis de una muestra biológica (1). El considerando 34 aclara que el análisis puede ser cromosómico, de ADN o de ARN, o de cualquier otro elemento que aporte información equivalente. La Directiva (UE) 2016/680 adopta una definición equivalente en su artículo 3, punto 12 (2).
Tres rasgos explican el trato singular de estos datos. El perfil genético de cada persona es único y estable durante toda la vida. Revela además información sobre sus familiares biológicos. Y permite anticipar predisposiciones a enfermedades y, en ciertos contextos, indicios de origen étnico. Por eso el legislador europeo los incluyó entre las categorías especiales del artículo 9 del RGPD, sometidas a una prohibición general de tratamiento con excepciones tasadas (1). La Carta de los Derechos Fundamentales refuerza ese enfoque. Los artículos 7 y 8 garantizan la vida privada y la protección de datos, y el artículo 21 prohíbe toda discriminación por características genéticas (3). El Convenio de Oviedo prohíbe también la discriminación por patrimonio genético y limita las pruebas genéticas predictivas a fines médicos o de investigación médica (5).
El Derecho de la Unión articula la protección en dos regímenes. El RGPD gobierna el tratamiento en investigación, sanidad, biobancos y servicios comerciales de genómica. La Directiva 2016/680 regula el uso de datos genéticos por las autoridades competentes en la prevención, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales (2). Sobre ambos se proyectan la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (asunto C-205/21) y la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (S. and Marper c. Reino Unido), y, en materia de anonimización, las Directrices 02/2026 del CEPD, todavía en consulta (13).
La tensión que atraviesa el régimen enfrenta tres polos: los derechos del interesado, el interés público en la investigación y la seguridad, y el carácter compartido y reidentificable de la información genética. Las secciones siguientes examinan cómo el Derecho europeo gestiona esa tensión y dónde deja lagunas. Este trabajo distingue entre lo que dicen las fuentes y lo que se infiere de ellas, y lo señala cuando la inferencia es propia.
2. El régimen del RGPD: prohibición general y excepciones
El artículo 9, apartado 1, prohíbe el tratamiento de datos genéticos junto con el de los datos que revelen origen étnico o racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas o afiliación sindical, el de datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona, el de datos de salud y el de datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual (1). La prohibición refleja el riesgo elevado que el legislador atribuye a esta información.
El apartado 2 enumera las excepciones. Las más relevantes para los datos genéticos son estas:
- el consentimiento explícito del interesado para fines concretos (letra a), salvo que el Derecho de la Unión o de los Estados miembros establezca que la prohibición no puede ser levantada por esa vía;
- el tratamiento necesario para el ejercicio de acciones o la defensa en reclamaciones (letra f);
- el tratamiento necesario para fines de medicina preventiva o laboral, diagnóstico médico o prestación de asistencia sanitaria, realizado por un profesional sujeto a secreto o bajo su responsabilidad (letra h y apartado 3);
- el tratamiento necesario por razones de interés público esencial, con base en el Derecho de la Unión o de los Estados miembros, proporcionado y con medidas adecuadas (letra g);
- el tratamiento necesario por razones de interés público en el ámbito de la salud pública (letra i);
- el tratamiento necesario con fines de archivo en interés público, investigación científica o histórica o fines estadísticos, conforme al artículo 89, apartado 1 (letra j) (1).
El artículo 9, apartado 4, permite a los Estados miembros mantener o introducir condiciones adicionales, incluidas limitaciones, sobre el tratamiento de datos genéticos, biométricos o de salud. Esa facultad ha producido diferencias notables entre ordenamientos, sobre todo en biobancos e investigación genética.
Todo tratamiento debe respetar los principios del artículo 5: licitud, lealtad y transparencia; limitación de la finalidad; minimización; exactitud; limitación del plazo de conservación; integridad y confidencialidad; y responsabilidad proactiva. La evaluación de impacto del artículo 35 es preceptiva, entre otros casos, cuando el tratamiento de categorías especiales se realiza a gran escala (art. 35.3.b) (1), de modo que alcanza a la mayoría de los tratamientos genéticos institucionales.
El RGPD protege así a los datos genéticos con una prohibición general, excepciones tasadas, la posibilidad de condiciones nacionales adicionales y la obligación de aplicar medidas técnicas y organizativas adecuadas. Ese es el punto de partida del régimen policial, de la jurisprudencia y de las orientaciones sobre anonimización que se examinan a continuación. El problema del carácter compartido de estos datos, que el Reglamento no regula, se trata en la sección 8.
3. El ámbito policial: la Directiva (UE) 2016/680
La Directiva (UE) 2016/680 regula el tratamiento de datos personales por las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales (2). Desplaza al RGPD en esa materia, conforme al artículo 2, apartado 2, letra d), del Reglamento y a su considerando 19.
Su artículo 10 permite el tratamiento de datos genéticos, biométricos dirigidos a la identificación unívoca, de salud o relativos a la vida sexual solo cuando sea estrictamente necesario, con garantías adecuadas para los derechos y libertades del interesado, y solo en tres supuestos: cuando lo autorice el Derecho de la Unión o del Estado miembro, cuando sea necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona, o cuando se refiera a datos que el interesado haya hecho manifiestamente públicos (2).
La necesidad estricta es el eje del régimen. No basta con que el tratamiento sea útil. Debe ser indispensable para los fines que se persiguen, sin que existan medidas menos lesivas. Esa exigencia se interpreta a la luz de los artículos 7 y 8 de la Carta y del principio de proporcionalidad del artículo 52, apartado 1 (3).
En España, la base de datos policial de identificadores obtenidos a partir del ADN se rige por la Ley Orgánica 10/2007, que fija los supuestos de inscripción y los plazos de cancelación (8). La compatibilidad de esos plazos con el estándar de necesidad estricta que se describe a continuación es una cuestión que este trabajo no resuelve y que merece un análisis específico.
4. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia: el asunto C-205/21
El 26 de enero de 2023 el Tribunal de Justicia dictó sentencia en el asunto C-205/21, Ministerstvo na vatreshnite raboti (Registro de datos biométricos y genéticos por la policía) (15). El litigio nació de un procedimiento penal en Bulgaria. Las autoridades acusaron a una persona de pertenecer a un grupo delictivo organizado y pidieron recoger su fotografía, sus huellas dactilares y una muestra biológica para elaborar un perfil de ADN e incorporarlo a un registro policial. La interesada se negó, y el órgano judicial remitente planteó varias cuestiones prejudiciales.
El Tribunal interpretó los artículos 4, apartado 1, letras a) a c), 6, letra a), 8 y 10 de la Directiva (UE) 2016/680 a la luz de la Carta. Subrayó que el artículo 10 establece una protección reforzada para las categorías especiales de datos, entre ellas los genéticos, por los riesgos graves que su tratamiento entraña para los derechos y libertades fundamentales (15).
La aportación central de la sentencia es su lectura de la necesidad estricta. El artículo 10, leído junto con el artículo 4, apartado 1, letras a) a c), y el artículo 8, apartados 1 y 2, se opone a una norma nacional que ordene la recogida sistemática de datos biométricos y genéticos de toda persona acusada de un delito doloso perseguible de oficio. La autoridad debe verificar y demostrar, en cada caso, que la recogida es estrictamente necesaria para los objetivos concretos que persigue y que esos objetivos no pueden alcanzarse con medidas menos graves (15). La mera existencia de una acusación formal no basta. Se requiere un juicio individualizado de necesidad y proporcionalidad.
La base jurídica nacional que exige el artículo 10, letra a), debe ser clara y precisa. Una remisión genérica a las normas de protección de datos, o incluso a las del RGPD en lugar de a las de la Directiva, no suple la delimitación inequívoca del tratamiento de datos genéticos en el contexto policial (15).
Sobre la recogida forzosa, el Tribunal admitió que la Directiva y la Carta no se oponen a una norma que obligue al juez a autorizar la medida frente a la negativa del acusado sin reexaminar los indicios de criminalidad, siempre que el Derecho nacional garantice un control judicial efectivo posterior de las condiciones en que se formuló la acusación (15).
La sentencia fija un estándar nítido. La recogida de datos genéticos con fines policiales no puede ser automática ni sistemática. Exige una autorización legal precisa, una evaluación caso por caso de la necesidad estricta y la inexistencia de alternativas menos lesivas. Esas exigencias condicionan el diseño de las bases de datos policiales de ADN de los Estados miembros.
5. El estándar del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
El 4 de diciembre de 2008 la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó sentencia en S. and Marper c. Reino Unido (demandas n.º 30562/04 y 30566/04) (17). Aunque se enmarca en el artículo 8 del Convenio, su doctrina alimenta la lectura de los artículos 7 y 8 de la Carta, cuyo sentido y alcance deben ser, según el artículo 52, apartado 3, al menos equivalentes a los de los derechos correspondientes del Convenio (3).
Los hechos fueron los siguientes. Un menor de once años fue detenido y acusado de tentativa de robo, y más tarde resultó absuelto. Otro hombre fue detenido por acoso y el procedimiento se archivó. En ambos casos las autoridades tomaron huellas y muestras celulares, elaboraron perfiles de ADN y los conservaron sin límite de tiempo. La legislación aplicable permitía la retención sistemática e ilimitada de esos datos respecto de cualquier persona detenida por un delito registrable, con independencia del resultado del procedimiento.
El Tribunal declaró por unanimidad que la mera conservación de huellas, muestras celulares y perfiles de ADN interfiere en el derecho al respeto de la vida privada. La interferencia es de especial intensidad respecto de muestras y perfiles de ADN, que contienen gran cantidad de información personal, incluida la que puede revelar el origen étnico y los vínculos familiares (17). Aceptó que la retención perseguía fines legítimos y contaba con base legal, pero apreció que el régimen no era proporcionado. Los poderes de retención eran generales e indiscriminados, sin distinguir por gravedad del delito, edad del interesado o existencia de condena. El Tribunal observó que Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte eran las únicas jurisdicciones del Consejo de Europa que permitían la retención indefinida de ese material respecto de cualquier persona sospechosa de un delito registrable, con independencia de su edad (17).
La doctrina posterior matizó el alcance de la sentencia. En Aycaguer c. Francia (2017) el Tribunal apreció una vulneración del artículo 8 porque la normativa francesa sancionaba con pena la negativa a someterse a una toma de muestras y no preveía una diferenciación suficiente en la duración de la conservación (19). En Gaughran c. Reino Unido (2020) extendió la exigencia de proporcionalidad a la conservación indefinida del perfil de ADN de una persona condenada por un delito leve, sin posibilidad efectiva de revisión (18). La conservación de datos genéticos de personas condenadas tampoco está, pues, exenta de control. El Tribunal no declaró que toda retención de datos de personas no condenadas vulnere el Convenio. Exige que el régimen sea proporcionado, previsible y esté sujeto a control efectivo. Esa doctrina impulsó reformas nacionales, entre ellas la Protection of Freedoms Act 2012 en el Reino Unido (9).
Los dos tribunales convergen en el criterio. Ni el sistema del Convenio ni el de la Carta toleran la recogida o la conservación sistemática e indiferenciada de datos genéticos con fines policiales, y ambos exigen límites claros y un control efectivo. Esta convergencia es una apreciación de este análisis, ya que no consta que el Tribunal de Justicia invocara de forma expresa la sentencia de 2008 en el asunto C-205/21.
6. Anonimización y reidentificación: el enfoque relativo y las Directrices 02/2026
El considerando 26 del RGPD declara que los principios de protección de datos no se aplican a la información anónima, es decir, a la que no guarda relación con una persona física identificada o identificable. La frontera entre dato personal y dato anónimo se ha vuelto más compleja con el tiempo. El Grupo del Artículo 29 fijó en 2014 los criterios clásicos de aislamiento, vinculación e inferencia (11). El Tribunal de Justicia introdujo después, en la sentencia de 4 de septiembre de 2025 en el asunto C-413/23 P (SRB), un enfoque relativo. Los datos seudonimizados pueden no ser personales para un receptor que carezca de medios razonables de reidentificación, y esa valoración se hace desde la perspectiva de cada entidad (16).
Sobre esa base el CEPD adoptó el 7 de julio de 2026 las Directrices 02/2026 sobre anonimización, en su versión 1.0, y las sometió a consulta pública hasta el 30 de octubre de 2026 (13). Hasta que concluya el trámite son un texto provisional. Las directrices actualizan el dictamen de 2014 y reiteran que la anonimidad no es una propiedad universal del conjunto de datos. La misma información puede ser anónima para una entidad y personal para otra, según los medios que cada una pueda utilizar con criterios de razonabilidad, y una persona es identificable cuando puede distinguirse de otras en un contexto concreto (13).
El marco de evaluación combina dos preguntas con tres criterios. Primero se examina si la información se refiere a una persona física por su contenido, finalidad o efecto, y si esa persona es identificada o identificable por medios que sea razonable utilizar. Después se comprueba la eficacia de la anonimización con tres criterios (13):
- ausencia de aislamiento de registros (No Record Isolation): el conjunto no contiene una combinación única de valores de atributos que se refiera a un solo individuo;
- ausencia de vinculación (No Linkage): ningún registro puede vincularse con otro, de un conjunto distinto, que se refiera con certeza o alta probabilidad a la misma persona;
- ausencia de inferencia (No Inference): no cabe extraer inferencias específicas y significativas capaces de afectar a los derechos e intereses de una persona, que dependan de los datos y no puedan obtenerse del conocimiento general o de datos sobre la población.
Si se cumplen los tres criterios, se presume que los datos son anónimos. Si falla alguno, se requiere un análisis adicional. Las directrices admiten dos modos de aplicación. El enfoque contextual valora las capacidades de cada entidad relevante. El simplificado prescinde de esas diferencias y es más cauteloso (13).
Conviene separar con cuidado lo que dicen las directrices de lo que de ellas se deduce para los datos genéticos. El texto es general. Menciona los atributos genéticos solo como ejemplo de atributos de una persona y reconoce que familiares y allegados pueden aportar información adicional que facilite la reidentificación (13). No contiene un desarrollo específico sobre datos genómicos, y no declara que estos permanezcan en el ámbito del RGPD en la mayoría de los escenarios.
La aplicación del marco a los datos genómicos es, por tanto, una inferencia propia de este análisis. Un genoma completo es, por su naturaleza, una combinación única de atributos de un individuo, lo que compromete el primer criterio. Comparte además segmentos con los parientes biológicos del titular, de modo que cualquier base de datos genéticos de parientes, de acceso público o disponible para el receptor, es un conjunto con el que podría establecerse una vinculación, lo que compromete el segundo. Cuanto más dispone un receptor de esas bases auxiliares, más limitada es su posibilidad de sostener que los datos son anónimos para él. En los escenarios habituales, el análisis contextual debería conducir a mantener los conjuntos de datos genómicos dentro del ámbito del RGPD, y el responsable que pretenda lo contrario asume la carga de documentar la ausencia de medios razonables de reidentificación para cada receptor.
En biobancos y en investigación científica este análisis refuerza el papel de la seudonimización y de las garantías del artículo 89. La seudonimización mantiene los datos bajo el RGPD, pero reduce el riesgo de identificación directa y favorece la minimización y la limitación de la finalidad (1).
7. Biobancos, investigación científica y artículo 89 del RGPD
El tratamiento de datos genéticos con fines de investigación científica, incluido el almacenamiento y uso de muestras y datos en biobancos, se beneficia de un régimen específico que busca equilibrar los derechos de los interesados con el interés público en el avance del conocimiento. Se articula mediante el artículo 9, apartado 2, letra j), y el artículo 89 (1).
La letra j) permite tratar categorías especiales de datos con fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, conforme al artículo 89, apartado 1, y sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros. El tratamiento debe ser proporcionado, respetar la esencia del derecho a la protección de datos y prever medidas adecuadas y específicas. El artículo 89, apartado 1, exige garantías adecuadas que aseguren el respeto del principio de minimización, y señala que esas medidas podrán incluir la seudonimización siempre que permita alcanzar los fines perseguidos (1).
El apartado 2 faculta a los Estados miembros para establecer excepciones a los derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento y oposición cuando se traten datos con fines de investigación científica o histórica o estadísticos, siempre que existan las garantías del apartado 1 y que el ejercicio de esos derechos pueda imposibilitar u obstaculizar de forma grave los fines. El apartado 3 contiene una habilitación análoga para los fines de archivo en interés público (1).
En España, la disposición adicional decimoséptima de la Ley Orgánica 3/2018 regula los tratamientos de datos de salud en investigación (6), y la Ley 14/2007 de Investigación biomédica disciplina, junto con su desarrollo reglamentario sobre biobancos, el consentimiento y las garantías en el uso de muestras biológicas de origen humano (7). Cada Estado ha concretado el artículo 89 a su manera, de modo que la aplicación del régimen varía de forma notable entre ordenamientos.
Esa fragmentación la documenta la obra colectiva GDPR and Biobanking, editada por Slokenberga, Tzortzatou y Reichel. Analiza cómo el RGPD introdujo exigencias estrictas para los datos genéticos y de salud y dejó, al mismo tiempo, un margen considerable a los Estados para modular el equilibrio entre derechos individuales e interés público en la investigación (21). Hallinan llega a una conclusión convergente. Las disposiciones sustantivas del RGPD ofrecen un nivel de protección elevado en abstracto, pero las derogaciones nacionales adoptadas al amparo del artículo 89 pueden modularlo de forma relevante (22).
El Reglamento no define de forma exhaustiva las garantías adecuadas. La doctrina señala medidas como la seudonimización, la separación de datos identificativos, el control de accesos, la limitación de finalidades, la evaluación ética previa, la supervisión por comités independientes y la posibilidad de retirar el consentimiento u oponerse al tratamiento cuando no existan otras bases legales. Staunton y otros subrayan que estas medidas deben valorarse según el contexto del biobanco o del proyecto y ser proporcionadas al riesgo (23). El CEPD publicó además, el 15 de abril de 2026 y en versión sometida a consulta, las Directrices 1/2026 sobre tratamiento de datos personales con fines de investigación científica, que desarrollan los indicios para calificar un tratamiento como investigación y las garantías del artículo 89, apartado 1. Su versión definitiva no consta en las fuentes consultadas (14).
Muchos biobancos operan con consentimiento amplio o dinámico combinado con garantías organizativas y técnicas. El RGPD no prohíbe el consentimiento para ámbitos de investigación definidos con suficiente claridad (considerando 33), pero exige información adecuada y la posibilidad de retirarlo. Cuando el tratamiento se funda en el interés público o en una disposición legal específica, el consentimiento deja de ser necesario, aunque las garantías del artículo 89 siguen siendo obligatorias.
Una novedad normativa matiza este panorama. El Reglamento (UE) 2025/327 sobre el Espacio Europeo de Datos Sanitarios incluye los datos genéticos, genómicos y proteómicos humanos entre las categorías de datos sanitarios electrónicos susceptibles de uso secundario con fines de investigación, innovación o formulación de políticas, a través de organismos de acceso a datos sanitarios (4). Su aplicación es escalonada, y la interacción con el artículo 89 y con las normas nacionales sobre biobancos se verá con la práctica de esos organismos.
El régimen resultante es de protección reforzada y flexible. Los datos genéticos utilizados en investigación permanecen sujetos al RGPD salvo que se logre una anonimización efectiva, lo que, según el análisis de la sección 6, será excepcional. Su tratamiento exige cumplir las condiciones del artículo 9, apartado 2, letra j), y aplicar las garantías del artículo 89. La concreción de estas garantías y el alcance de las derogaciones quedan en gran medida en manos de los Estados.
8. Datos genéticos compartidos: derechos de los familiares
La información genética de una persona contiene, por naturaleza, información sobre sus familiares biológicos. Esa peculiaridad tensiona un sistema de derechos construido sobre la figura del interesado individual.
La definición del artículo 4, apartado 13, se centra en el titular de la muestra o de la secuencia. No dice si los familiares cuyos datos genéticos quedan revelados en parte son interesados a efectos del Reglamento. Kuru y de Miguel Beriain examinaron la cuestión y concluyeron que los familiares biológicos del donante pueden considerarse interesados y quedar dentro del marco de protección de datos. Subrayaron los inconvenientes de esa interpretación cuando los familiares ejercen sus derechos (20).
El mismo estudio identifica tensiones en el derecho de información (artículos 13 y 14), el de acceso (artículo 15), el de supresión (artículo 17) y el de limitación del tratamiento (artículo 18) (20). El acceso de un familiar puede revelar información genética del donante que este no desea comunicar. La supresión pedida por un familiar puede afectar a la integridad de un conjunto de datos necesario para la investigación o para la asistencia sanitaria del donante, y a la inversa.
El RGPD no contiene reglas específicas para resolver esas colisiones. Parte de un modelo centrado en el interesado individual y no prevé una ponderación entre derechos de distintos interesados cuyas esferas de datos se solapan. Los autores piden al CEPD que revise el documento de trabajo del Grupo del Artículo 29 sobre datos genéticos, de 2004, para fijar principios aplicables a esos conflictos (12) (20).
En biobancos e investigación el problema se agrava. El consentimiento del donante no cubre por sí solo el tratamiento de información genética relativa a terceros. Aunque el tratamiento se funde en una disposición legal o en el interés público (artículo 9, apartado 2, letras g, i o j), los derechos de los familiares que resulten identificables podrían seguir siendo aplicables, lo que genera inseguridad jurídica y operativa.
La dificultad se proyecta también sobre la anonimización. Como se vio en la sección 6, la presencia de información genética compartida facilita la vinculación a través de datos de parientes. Un enfoque contextual del riesgo, como el que proponen las Directrices 02/2026, es el cauce adecuado, aunque estas no resuelvan la cuestión familiar (13).
El carácter compartido de los datos genéticos revela una limitación estructural del modelo individualista del RGPD. Mientras no haya orientaciones del CEPD o desarrollos legislativos específicos, responsables y autoridades de control deberán resolver los conflictos caso por caso, ponderando los derechos a la luz de la proporcionalidad y la minimización, sin reglas de colisión predeterminadas.
9. Perspectiva comparada, riesgos residuales y límites del marco vigente
Perspectiva comparada. El enfoque europeo difiere del estadounidense. La Genetic Information Nondiscrimination Act de 2008 protege frente a la discriminación en el seguro de salud y el empleo por información genética, pero no regula con carácter general el tratamiento de esos datos (10). El Derecho europeo combina la prohibición de discriminación del artículo 21 de la Carta con un régimen de tratamiento propio, lo que le confiere un alcance más amplio y obliga a quien opera a escala internacional a doble cumplimiento.
Consecuencias prácticas. Los responsables afrontan obligaciones reforzadas. La naturaleza de categoría especial exige identificar una base específica del artículo 9, apartado 2, realizar una evaluación de impacto cuando proceda y aplicar medidas técnicas y organizativas adecuadas, incluidas las garantías del artículo 89 en investigación (1). En el ámbito policial, la necesidad estricta del asunto C-205/21 obliga a una valoración individualizada y excluye la recogida automática (15). Esas exigencias elevan el coste de cumplimiento y requieren competencias jurídicas y técnicas especializadas.
Fragmentación. Las habilitaciones de los artículos 9, apartado 4, y 89 permiten divergencias nacionales significativas, visibles en biobancos e investigación genética (21) (22). Esa heterogeneidad dificulta la colaboración transfronteriza y el intercambio de datos y muestras entre biobancos de distintos Estados.
Reidentificación. El riesgo residual más relevante es la reidentificación. La capacidad de vincular datos genómicos con información de familiares o con bases externas de genealogía genética limita la anonimización robusta de estos datos (apartado 6 de este trabajo). A medio plazo, el aumento de la capacidad analítica y el crecimiento de esas bases pueden erosionar las garantías disponibles. Se trata de una previsión de riesgo, no de un hecho acreditado.
Colisión entre interesados. La laguna sobre los derechos de familiares y donantes genera incertidumbre para responsables y autoridades de control, que resuelven las colisiones sin criterios predeterminados (20).
Estas limitaciones no invalidan el nivel de protección que el Derecho de la Unión garantiza a los datos genéticos. Muestran que el régimen exige una aplicación contextual, vigilancia tecnológica continua y, en ciertos aspectos, desarrollos interpretativos o legislativos adicionales.
10. Conclusiones
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El régimen europeo de los datos genéticos se articula en torno a su calificación como categoría especial, la prohibición general del artículo 9 del RGPD y las excepciones tasadas del propio precepto (1). En el ámbito policial, el artículo 10 de la Directiva (UE) 2016/680 exige necesidad estricta, que el Tribunal de Justicia interpretó de forma rigurosa en el asunto C-205/21 (2) (15).
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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desde S. and Marper, y con Aycaguer y Gaughran, ha reforzado la proporcionalidad en la conservación de perfiles y muestras de ADN, también respecto de personas condenadas (17) (18) (19).
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El enfoque relativo de las Directrices 02/2026 del CEPD, todavía en consulta hasta el 30 de octubre de 2026, y la sentencia SRB obligan a evaluar la anonimización desde la perspectiva de cada receptor (13) (16). Aplicado a los datos genómicos, ese enfoque conduce, por inferencia de este análisis, a mantenerlos casi siempre dentro del ámbito del RGPD. Las directrices no lo afirman de forma expresa.
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En investigación y biobancos, el artículo 89 introduce una flexibilidad controlada y dependiente de las opciones de cada Estado, que genera fragmentación. El Reglamento sobre el Espacio Europeo de Datos Sanitarios añade un régimen de uso secundario cuya articulación con aquel está por ver (1) (4) (21) (22).
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El carácter compartido de la información genética es una limitación estructural del modelo individualista del RGPD. Los conflictos entre el donante y sus familiares no tienen solución expresa en el Reglamento (20).
Propuestas. De lege ferenda, convendría que el CEPD actualizara sus orientaciones sobre datos genéticos con una regla de ponderación entre el titular de la muestra y sus familiares. Convendría también que las Directrices 02/2026 incorporaran, en su versión definitiva, un apartado sobre datos genómicos. Y los Estados deberían motivar de forma expresa las derogaciones del artículo 89 que afecten a datos genéticos.
Recomendaciones prácticas. Quien trate datos genómicos debería documentar, para cada receptor, el análisis de reidentificación que sostiene cualquier calificación de anonimato, y tratar como personales los conjuntos que no superen los tres criterios. Debería informar al donante de que el tratamiento puede afectar a sus familiares, y prever un protocolo de decisión para las solicitudes de acceso o supresión de parientes que choquen con los derechos del donante.
El marco europeo ofrece una protección reforzada y diferenciada, con tensiones sin resolver entre derechos individuales, interés público en la investigación y seguridad, y las dificultades derivadas de la reidentificación y del carácter familiar de la información.
Bibliografía
Normativa
(1) Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos). Diario Oficial de la Unión Europea, L 119, de 4 de mayo de 2016. Texto consolidado: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02016R0679-20160504
(2) Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales. Diario Oficial de la Unión Europea, L 119, de 4 de mayo de 2016.
(3) Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, arts. 7, 8, 21 y 52. Diario Oficial de la Unión Europea, C 202, de 7 de junio de 2016.
(4) Reglamento (UE) 2025/327 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2025, relativo al Espacio Europeo de Datos Sanitarios. Diario Oficial de la Unión Europea, L, de 5 de marzo de 2025.
(5) Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina (Convenio de Oviedo), hecho en Oviedo el 4 de abril de 1997, arts. 11 y 12.
(6) Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, disposición adicional decimoséptima. Boletín Oficial del Estado, de 6 de diciembre de 2018.
(7) Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica. Boletín Oficial del Estado, de 4 de julio de 2007.
(8) Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN. Boletín Oficial del Estado, de 9 de octubre de 2007.
(9) Reino Unido, Protection of Freedoms Act 2012, c. 9.
(10) Estados Unidos, Genetic Information Nondiscrimination Act of 2008, Pub. L. 110-233.
Documentos de las autoridades de protección de datos
(11) Grupo de Trabajo del Artículo 29, Dictamen 05/2014 sobre técnicas de anonimización (WP216), adoptado el 10 de abril de 2014.
(12) Grupo de Trabajo del Artículo 29, Documento de trabajo sobre datos genéticos (WP91), adoptado el 17 de marzo de 2004.
(13) Comité Europeo de Protección de Datos, Guidelines 02/2026 on Anonymisation, versión 1.0, adoptadas el 7 de julio de 2026 y sometidas a consulta pública hasta el 30 de octubre de 2026. https://www.edpb.europa.eu/public-consultations/guidelines-022026-on-anonymisation_en
(14) Comité Europeo de Protección de Datos, Guidelines 1/2026 on processing of personal data for scientific research purposes, versión sometida a consulta, adoptadas el 15 de abril de 2026.
Jurisprudencia
(15) Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencia de 26 de enero de 2023, asunto C-205/21, Ministerstvo na vatreshnite raboti (Registro de datos biométricos y genéticos por la policía), ECLI:EU:C:2023:49. https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=269704&doclang=en
(16) Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencia de 4 de septiembre de 2025, asunto C-413/23 P, Supervisor Europeo de Protección de Datos c. Junta Única de Resolución.
(17) Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Gran Sala, sentencia de 4 de diciembre de 2008, S. and Marper c. Reino Unido, demandas n.º 30562/04 y 30566/04.
(18) Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sentencia de 13 de febrero de 2020, Gaughran c. Reino Unido, demanda n.º 45245/15.
(19) Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sentencia de 22 de junio de 2017, Aycaguer c. Francia, demanda n.º 8806/12.
Doctrina
(20) Kuru, T. y de Miguel Beriain, I., «Your genetic data is my genetic data: Unveiling another enforcement issue of the GDPR», Computer Law & Security Review, vol. 47, 2022, art. 105752. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0267364922000954
(21) Slokenberga, S., Tzortzatou, O. y Reichel, J. (eds.), GDPR and Biobanking: Individual Rights, Public Interest and Research Regulation across Europe, Springer, 2021. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-49388-2
(22) Hallinan, D., Protecting Genetic Privacy in Biobanking through Data Protection Law, Oxford University Press, 2021.
(23) Staunton, C. et al., «Appropriate Safeguards and Article 89 of the GDPR: Considerations for Biobank, Databank and Genetic Research», Frontiers in Genetics, 2022. https://doaj.org/article/8b2ca07de0ac4c30b89b5155e10e9ee4
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