El PIN que borró un teléfono: United States v. Tunick y los límites penales de la privacidad por diseño

El 23 de julio de 2026, The Guardian reveló un proceso penal federal sin precedentes conocidos: el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a un ciudadano de destruir propiedad del Estado por haber usado una función de privacidad incluida de fábrica en su teléfono¹. El caso, United States v. Samuel Tunick, obliga a preguntarse algo que ningún tribunal federal había resuelto hasta ahora: ¿puede el diseño de un sistema operativo, pensado para proteger al usuario frente a la coacción física, convertirse en el instrumento de un delito federal cuando quien lo activa es la propia autoridad que exige el desbloqueo?

1. El caso Tunick: hechos y cronología

Samuel Tunick, residente de Atlanta y vinculado al movimiento Defend the Atlanta Forest (opuesto al centro de adiestramiento policial conocido como Cop City), regresaba de un viaje a República Dominicana cuando fue derivado a inspección secundaria en el aeropuerto Hartsfield-Jackson el 24 de enero de 2025²³. Los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) le exigieron el código de desbloqueo de su Google Pixel. Tunick, que llevaba instalado GrapheneOS, proporcionó un código que los agentes introdujeron en el dispositivo. La pantalla se puso en blanco, parpadeó y el teléfono se reinició: acababa de activarse el PIN de coacción, que borra de forma irreversible el contenido del terminal²⁴.

Un gran jurado federal del Distrito Norte de Georgia dictó el 13 de noviembre de 2025 una acusación formal contra Tunick por un único cargo, bajo secreto de sumario hasta su posterior desellado⁵. El caso quedó registrado como United States v. Tunick, n.º 1:25-cr-00499, ante la jueza de distrito Eleanor L. Ross⁵. El texto de la acusación contiene un error tipográfico notorio: dice "Untied States Code" en lugar de "United States Code", según señalaron por varios medios especializados⁴. La pena máxima prevista es multa, hasta cinco años de prisión, o ambas.

En marzo de 2026 la defensa presentó una moción de supresión de evidencias. Sostiene que la detención y el registro del teléfono fueron inconstitucionales, que a Tunick se le negó, más de una vez, el acceso a un abogado, que no se le leyeron sus derechos Miranda y que la referencia oficial a material de explotación infantil como motivo del registro fue un pretexto para investigar su activismo contra Cop City¹⁶. Según reportó luego la prensa hispanoamericana, en la vista celebrada a finales de julio de 2026 la defensa reiteró ese argumento ante el juez⁷. Un fallo sobre la moción no se espera antes de finales de octubre de 2026³⁶.

2. El PIN de coacción de GrapheneOS: anatomía técnica

GrapheneOS es un sistema operativo móvil derivado del Android Open Source Project, orientado al endurecimiento de seguridad y compatible solo con la familia Google Pixel. Su documentación oficial describe la función así: permite fijar un PIN o contraseña de coacción que, introducido en cualquier pantalla donde el sistema solicite las credenciales del dispositivo (no solo en la de bloqueo), y borra de forma irreversible el contenido del teléfono junto con cualquier eSIM instalada. El proceso no requiere reinicio previo y no puede interrumpirse una vez iniciado⁸.

La función exige configurar tanto un PIN de coacción como una contraseña de coacción, para cubrir los distintos métodos de desbloqueo que puedan usarse en cada perfil del dispositivo. Si el código de coacción coincide con el código real de desbloqueo, prevalece siempre este último y no se produce el borrado⁸. El diseño excluye a propósito cualquier mensaje de confirmación: la pantalla se comporta como si el PIN introducido fuera simplemente incorrecto, antes de que el dispositivo se apague. Esa ausencia de indicios visuales busca maximizar la negación plausible del usuario frente a quien lo esté coaccionando.

La finalidad declarada de la función no es frustrar registros policiales, sino proteger al usuario en escenarios de coacción física extrema, donde la protección de los datos pesa más que la conservación del hardware. Su aplicación en un control fronterizo no estaba contemplada en el diseño original, aunque nada en la arquitectura del sistema distingue entre un asaltante y un agente de aduanas: ambos son, desde la perspectiva del software, un tercero que exige credenciales bajo condiciones que el usuario no controla.

3. Marco constitucional: la Cuarta Enmienda y la excepción de frontera

La Cuarta Enmienda protege frente a registros e incautaciones irrazonables. La denominada border search exception permite a la CBP realizar registros sin orden judicial ni causa probable en los puertos de entrada al país, bajo la premisa histórica de que el interés soberano en controlar quién y qué cruza la frontera desplaza, en ese contexto específico, la exigencia ordinaria de una orden judicial.

El Tribunal Supremo abordó por primera vez el registro de teléfonos móviles en Riley v. California, 573 U.S. 373 (2014). Sostuvo, en una decisión casi unánime, que la capacidad de almacenamiento y la naturaleza íntima de los datos contenidos en un smartphone exigen, como regla general, una orden judicial previa para acceder a su contenido digital⁹. Riley no resolvió, sin embargo, cómo se articula esa doctrina con la excepción fronteriza, y dejó abierta una fractura entre circuitos federales que el propio Tribunal ha reconocido sin zanjar.

Dos decisiones de apelación marcan los extremos de esa fractura. En United States v. Cotterman, 709 F.3d 952 (9th Cir. 2013), el Noveno Circuito, actuando en pleno, exigió sospecha razonable de actividad delictiva para justificar un registro forense avanzado de un dispositivo electrónico en la frontera, distinguiéndolo de la mera inspección manual del contenido, que no requiere ningún nivel de sospecha¹⁰. En sentido opuesto, el Undécimo Circuito, que tiene jurisdicción sobre Georgia y, por tanto, sobre el caso Tunick, resolvió en United States v. Touset, 890 F.3d 1227 (11th Cir. 2018), que la Cuarta Enmienda no exige orden judicial, causa probable ni siquiera sospecha individualizada para el registro forense de dispositivos electrónicos en la frontera¹¹. El Primer Circuito, en Alasaad v. Mayorkas, 988 F.3d 8 (1st Cir. 2021), adoptó una posición intermedia: permitió los registros básicos sin sospecha, pero exigió sospecha razonable para los registros forenses avanzados¹².

La relevancia de Touset para el caso Tunick es directa: el precedente vinculante en el Distrito Norte de Georgia no exige a la CBP ningún umbral de sospecha para justificar el registro del dispositivo. La defensa de Tunick necesita, por tanto, distinguir su caso de Touset por otra vía: alega que la retención prolongada, la negativa de acceso a un abogado y la omisión de la advertencia Miranda excedieron los límites de una inspección fronteriza rutinaria y se transformó en una detención custodial de facto, sujeta a las garantías constitucionales ordinarias que rigen fuera del contexto fronterizo.

4. El tipo penal: 18 U.S.C. § 2232(a)

El precepto bajo el que se acusa a Tunick castiga a quien, antes, durante o después de cualquier registro o incautación de propiedad por una persona autorizada para practicarlo, destruya, dañe, malgaste, disponga de, transfiera o de cualquier otro modo actúe con conocimiento y con la finalidad de impedir o menoscabar la autoridad legítima del Gobierno para tomar esa propiedad bajo su custodia o control¹³. La norma exige, en consecuencia, tres elementos: un acto de destrucción o disposición de la propiedad, conocimiento de esa conducta y una finalidad específica de frustrar la incautación.

El debate jurídico central es si el borrado criptográfico de datos constituye "destrucción" de "propiedad" en el sentido del precepto. El teléfono, como objeto físico, permanece intacto tras la activación del PIN de coacción; lo que desaparece es el acceso a la información, mediante la eliminación de las claves criptográficas almacenadas en el hardware que permiten descifrar el contenido. Esa distinción entre destruir el soporte y destruir el acceso al contenido no es solo técnica: determina si el legislador de 1948, al redactar el precepto, contempló siquiera un escenario donde la "destrucción" no deja rastro físico alguno.

La jurisprudencia interpretativa del § 2232(a) es escasa pero orientadora. En United States v. Gibbons, 463 F.2d 1201 (3d Cir. 1972), el condenado rasgó documentos y se tragó los fragmentos ante los agentes que intentaban incautarlos. El tribunal rechazó la alegación de vaguedad de la norma con una fórmula que sigue citándose: el precepto no es vago, es simplemente omnicomprensivo, y cualquier destrucción realizada en cualquier momento para impedir una incautación lícita queda cubierta por su literalidad¹⁴. Gibbons confirma la amplitud temporal deliberada del tipo, "antes, durante o después", frente a alegaciones de indeterminación normativa.

En United States v. Plavcak, 411 F.3d 655 (6th Cir. 2005), el Sexto Circuito revisó una condena por § 2232(a) derivada de una investigación por fraude migratorio. El tribunal introdujo un matiz decisivo para el caso Tunick: la acusación debe probar que el Gobierno contaba con "autoridad legítima" para incautar la propiedad en el momento de su destrucción; si el registro previo careció de cobertura legal, no existía autoridad legítima que pudiera verse menoscabada¹⁵. Este es el terreno exacto donde convergen la moción de supresión y la tipicidad penal: si el tribunal de distrito estima que el registro fue inconstitucional, la ausencia de autoridad legítima del Gobierno debilitaría también la imputación penal, con independencia de la suerte de la evidencia física obtenida.

El precedente más próximo en sede fáctica proviene del propio Undécimo Circuito. En United States v. Goodfleisch, n.º 17-11365 (11th Cir. 2018), el tribunal confirmó una condena por § 2232(a) tras la eliminación remota de archivos incriminatorios desde un ordenador, mientras agentes ejecutaban una orden de registro en el domicilio del acusado¹⁶. Goodfleisch argumentó, sin éxito, que los agentes que presenciaron el borrado no estaban autorizados a incautar el equipo en ese momento preciso, por carecer aún de la orden aplicable a esa vivienda. El Undécimo Circuito rechazó el argumento y confirmó la condena. La analogía con Tunick resulta clara en cuanto a la mecánica de la destrucción, un acto remoto o mediado por software sin intervención física directa sobre el soporte, pero la defensa de Tunick puede intentar distinguir ambos supuestos: en Goodfleisch fue el propio acusado quien ejecutó el borrado; en el caso de Tunick, fue la propia mano de los agentes de la CBP la que tecleó el código en el teléfono.

5. Miranda, asistencia letrada y el alegato de pretexto

La defensa articula un segundo frente, independiente de la tipicidad del § 2232(a): la exclusión de toda la evidencia por vicios en la detención misma. Sostiene que la interrogación a la que fue sometido Tunick en la inspección secundaria equivalió a una detención custodial que exigía, conforme a Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966), la lectura previa de sus derechos, y que esa lectura nunca se produjo⁶. Añade que se le negó varias veces el acceso a un abogado durante el interrogatorio.

El tercer argumento, el del pretexto, resulta el más delicado desde una perspectiva probatoria. Según la moción de supresión, los agentes invocaron una sospecha de material de explotación infantil para justificar el registro del dispositivo, cuando el verdadero objetivo habría sido recabar información sobre la vinculación de Tunick con la oposición al centro de adiestramiento policial Cop City¹⁷. Este extremo cobra un relieve adicional porque el propio Departamento de Justicia ha presentado, en otras causas paralelas contra activistas vinculados a ese movimiento, la persecución de esas conductas como parte de una prioridad de aplicación de la ley bajo directrices ejecutivas de seguridad nacional dirigidas contra movimientos de protesta¹⁷. Si el tribunal considera acreditado el pretexto, la doctrina constitucional exige valorar el motivo subjetivo del registro con independencia de que existiera, en abstracto, una base objetiva que lo hubiera cubierto bajo Touset.

6. Implicaciones para la privacidad por diseño

Más allá del desenlace individual del proceso, el caso Tunick sitúa a la industria del software de privacidad ante una pregunta que hasta ahora era teórica: ¿puede la mera existencia de una función de protección de datos generar responsabilidad penal para quien la activa, incluso cuando es la propia autoridad, y no el usuario, la mano que introduce el código de coacción?

La GrapheneOS Foundation, organización sin ánimo de lucro con sede en Canadá, respondió en público que el sistema es del todo legal, que no tiene obligación de debilitar ninguna de sus protecciones de seguridad y que su diseño y uso están amparados por la Constitución estadounidense¹⁸. La fundación precisó además que, una vez borrado el material de derivación de claves, la recuperación de los datos resulta imposible en la práctica, con independencia de cualquier requerimiento judicial posterior¹⁹.

El caso también reabre el debate sobre las puertas traseras en sistemas de cifrado. Si una fiscalía puede criminalizar el uso de una función de seguridad que el fabricante publica sin ocultarla, el efecto disuasorio se proyecta sobre cualquier usuario de tecnología de privacidad por diseño, no solo sobre quienes cruzan una frontera. Otros sistemas operativos y aplicaciones de mensajería incorporan funciones de borrado automático o de doble perfil con propósitos equivalentes; una condena firme en el caso Tunick sentaría un precedente persuasivo, aunque no vinculante fuera del Undécimo Circuito, sobre el tratamiento penal de esas herramientas.

7. Escenarios posibles

El desenlace depende, en primer término, de la decisión del tribunal de distrito sobre la moción de supresión. Tres escenarios resultan plausibles. Si el tribunal estima la moción por inconstitucionalidad del registro, la exclusión de la evidencia obtenida, incluido el hecho mismo del borrado, podría derivar en el sobreseimiento de la causa. Si el tribunal la desestima, aplicando la doctrina Touset como precedente vinculante en el Undécimo Circuito, el caso avanzará a juicio, donde la fiscalía deberá probar además el elemento subjetivo de conocimiento e intención que exige el § 2232(a). Un tercer escenario, de naturaleza procesal, es un acuerdo de conformidad entre las partes, aunque nada en el expediente público sugiere que esa vía esté en negociación.

8. Conclusiones

United States v. Tunick enfrenta dos doctrinas constitucionales que hasta ahora convivían sin rozarse: la excepción fronteriza, que en el Undécimo Circuito prescinde de cualquier umbral de sospecha, y la protección reforzada que Riley reconoció al contenido digital de un teléfono. El caso plantea además una cuestión hermenéutica inédita sobre el § 2232(a): si el borrado criptográfico, que no destruye el soporte físico sino el acceso a la información, encaja en un tipo penal redactado en 1948 para la destrucción material de bienes.

La resolución de la moción de supresión será determinante, pero no agotará el debate. Con independencia del resultado judicial, el proceso ha situado la privacidad por diseño ante un riesgo que sus arquitectos no habían anticipado con esta claridad: que la función pensada para proteger al usuario frente a un asaltante se convierta, ante un tribunal, en la prueba de un delito. La respuesta que dé el sistema judicial estadounidense a esa pregunta trascenderá el caso de un único activista de Atlanta.

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Bibliografía

Normativa

1. 18 U.S.C. § 2232(a), Destruction or removal of property to prevent seizure, United States Code, Title 18, Chapter 109.

Jurisprudencia

2. Riley v. California, 573 U.S. 373 (2014).
3. United States v. Cotterman, 709 F.3d 952 (9th Cir. 2013) (en banc).
4. United States v. Touset, 890 F.3d 1227 (11th Cir. 2018).
5. Alasaad v. Mayorkas, 988 F.3d 8 (1st Cir. 2021).
6. United States v. Gibbons, 463 F.2d 1201 (3d Cir. 1972).
7. United States v. Plavcak, 411 F.3d 655 (6th Cir. 2005).
8. United States v. Goodfleisch, No. 17-11365 (11th Cir. 2018).
9. Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966).
10. United States v. Tunick, No. 1:25-cr-00499-ELR (N.D. Ga.), acusación formal presentada el 13 de noviembre de 2025 (CourtListener/PACER).

Prensa y documentación técnica

11. THE GUARDIAN, "Cop City protester charged after using phone 'duress code' at US border", 23 de julio de 2026.
12. TECHCRUNCH, "US accuses American of allegedly wiping his phone using a 'duress' password during border search", 24 de julio de 2026.
13. ANDROID AUTHORITY, "GrapheneOS duress PIN could land a man in prison", 24 de julio de 2026.
14. BOING BOING, "Man prosecuted after GrapheneOS duress password wipes phone", 25 de julio de 2026.
15. DECRYPT, "A Man Gave Border Agents His Phone Passcode. It Wiped Everything. Now He's Facing Federal Charges", 27 de julio de 2026.
16. IT'S FOSS NEWS, "A GrapheneOS Privacy Feature Just Became the Basis for a Federal Indictment", 28 de julio de 2026.
17. TRUTHOUT, "DOJ Charges Alleged Cop City Activist Over 'Duress' Password That Wipes Phone", 28 de julio de 2026.
18. WEBPRONEWS, "GrapheneOS Duress Code Puts Privacy Tools on Trial at the U.S. Border", 28 de julio de 2026.
19. INFOBAE / ÚLTIMA HORA (EFE), "Un activista logra que un agente de aduanas borre los datos de su Pixel al facilitarle el PIN de coacción de GrapheneOS", 28 de julio de 2026.
20. GRAPHENEOS, "Duress PIN/Password", documentación oficial, disponible en: grapheneos.org/features [consulta: 29/07/2026].
21. GRAPHENEOS (@GrapheneOS), publicación en X sobre la legalidad del sistema y la irrecuperabilidad de los datos tras el borrado, 27 de julio de 2026.

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Nota metodológica: cada referencia normativa, jurisprudencial y periodística de este artículo ha sido contrastada de forma independiente contra fuentes primarias (CourtListener, FindLaw, Justia y la documentación oficial de GrapheneOS) con el fin de excluir errores de cita, atribuciones erróneas o precedentes inexistentes. El expediente United States v. Tunick permanece abierto; los datos aquí recogidos reflejan su estado a 29 de julio de 2026 y pueden verse alterados por resoluciones judiciales posteriores.

Footnotes

1. THE GUARDIAN, "Cop City protester charged after using phone 'duress code' at US border", 23 jul. 2026. ↩ ↩² ↩³

2. TECHCRUNCH, "US accuses American of allegedly wiping his phone using a 'duress' password during border search", 24 jul. 2026. ↩ ↩²

3. ANDROID AUTHORITY, "GrapheneOS duress PIN could land a man in prison", 24 jul. 2026. ↩ ↩²

4. BOING BOING, "Man prosecuted after GrapheneOS duress password wipes phone", 25 jul. 2026. ↩ ↩²

5. United States v. Tunick, No. 1:25-cr-00499-ELR (N.D. Ga.), CourtListener, presentado el 13 nov. 2025. ↩ ↩²

6. TRUTHOUT, "DOJ Charges Alleged Cop City Activist Over 'Duress' Password That Wipes Phone", 28 jul. 2026. ↩ ↩² ↩³

7. INFOBAE / ÚLTIMA HORA (EFE), 28 jul. 2026. ↩ ↩²

8. GRAPHENEOS, "Duress PIN/Password", grapheneos.org/features. ↩ ↩²

9. Riley v. California, 573 U.S. 373 (2014). ↩

10. United States v. Cotterman, 709 F.3d 952 (9th Cir. 2013) (en banc). ↩

11. United States v. Touset, 890 F.3d 1227 (11th Cir. 2018). ↩

12. Alasaad v. Mayorkas, 988 F.3d 8 (1st Cir. 2021). ↩

13. 18 U.S.C. § 2232(a). ↩

14. United States v. Gibbons, 463 F.2d 1201 (3d Cir. 1972). ↩

15. United States v. Plavcak, 411 F.3d 655 (6th Cir. 2005). ↩

16. United States v. Goodfleisch, No. 17-11365 (11th Cir. 2018). ↩

17. TRUTHOUT, "DOJ Charges Alleged Cop City Activist Over 'Duress' Password That Wipes Phone", 28 jul. 2026. ↩

18. WEBPRONEWS, "GrapheneOS Duress Code Puts Privacy Tools on Trial at the U.S. Border", 28 jul. 2026. ↩

19. Ídem. ↩