Resumen ejecutivo

El 25 de agosto de 2026 el Solicitors Disciplinary Tribunal (SDT), el tribunal disciplinario de la abogacía de Inglaterra y Gales, ordenó borrar a Abhishek Kumar del Register of Foreign Lawyers. Es la primera vez que el SDT juzga el uso de inteligencia artificial generativa por parte de un abogado en un procedimiento legal. La resolución deja un mensaje para cualquier profesional regulado: la herramienta que produce el texto no cambia quién responde por él.

Kumar, abogado extranjero registrado (Registered Foreign Lawyer, RFL) desde diciembre de 2018, ya tenía abierto un expediente por una condena penal. En 2024 un tribunal penal lo condenó por emplear a sabiendas a un cliente de inmigración que no podía trabajar en el Reino Unido, a quien pagaba en efectivo. Recibió una Community Order de doce meses con 150 horas de trabajo no remunerado. La Solicitors Regulation Authority (SRA) llevó esa condena al SDT.

El segundo expediente nació dentro del primero. Kumar se defendió sin abogado y el 12 de marzo de 2026 presentó una contestación llena de jurisprudencia. Citó SRA v Chan con un año y una referencia equivocados. Atribuyó a SRA v James, MacGregor & Naylor la referencia de un caso de propiedad intelectual. Invocó SRA v Day y Baxendale-Walker v Law Society para proposiciones que esas sentencias no contienen. El letrado de la SRA lo detectó el 8 de abril y envió a Kumar la sentencia Ayinde v Haringey LBC, el precedente de la High Court sobre citas inventadas por inteligencia artificial. Al día siguiente Kumar contestó con un correo que también había redactado con esa tecnología y que añadía citas y pasajes erróneos. El 13 de abril admitió el origen del correo y dijo que no podía aportar copia de las sentencias que invocaba.

El tribunal declaró probadas las dos alegaciones. Apreció infracción de los Principios 1, 2 y 5 de los SRA Principles 2019 y del párrafo 1.4 del Code of Conduct, que prohíbe inducir a error. Declaró probado el párrafo 2.4, que exige alegaciones con fundamento suficiente (properly arguable), solo respecto de Day y Baxendale-Walker. Los errores tipográficos en las citas no alcanzaron la gravedad de una mala conducta. La SRA no alegó deshonestidad y el tribunal no la examinó. La culpabilidad resultó muy alta, con un peso sustancial para la repetición del error después de que la SRA lo señalara.

La sanción fue la radiación. El tribunal precisó que habría impuesto la misma sanción si cualquiera de las dos alegaciones hubiera llegado sola. Consideró insuficientes los partes de baja médica de Kumar para excusar su incumplimiento y rechazó su tesis de que Ayinde no le alcanzaba por ser RFL y no solicitor. No impuso costas, porque la SRA aceptó que Kumar carecía de medios.

El alcance de la decisión tiene límites. Kumar era RFL y no solicitor. Su expediente incluía además una condena penal. Nadie alegó deshonestidad. El SDT no prohíbe la inteligencia artificial, y el propio tribunal observó que el mismo problema surge con un buscador o con el trabajo de un tercero. Exige que el profesional compruebe lo que firma.

La SRA ya había advertido del riesgo. El 17 de agosto de 2026 publicó un Warning Notice sobre el mal uso de la inteligencia artificial y reveló 42 informes de posible mal uso entre julio de 2025 y julio de 2026. Para el abogado que trabaja con modelos de lenguaje, el caso Kumar sugiere cuatro hábitos: abrir cada autoridad en una fuente oficial, comprobar que el pasaje existe y respalda la proposición, conservar un registro de lo verificado y corregir a mano cuando alguien señale un error.

Documento original: Descargar la resolución completa del SDT (PDF)

Cuando la inteligencia artificial inventa el Derecho: la radiación de un abogado por citas jurisprudenciales falsas ante el Solicitors Disciplinary Tribunal

Análisis del caso Solicitors Regulation Authority Ltd v Abhishek Kumar (Case No. 12884-2026) y sus implicaciones para la responsabilidad deontológica del abogado en la era de los modelos de lenguaje generativos

1. Introducción y contexto del caso

El 29 de julio de 2026 el Solicitors Disciplinary Tribunal (SDT) celebró la vista del Case No. 12884-2026 con un panel formado por Mr P Lewis (presidente), Ms H Hasan y Mr D Kearney. La Solicitors Regulation Authority Ltd (SRA) actuó como demandante, representada por Joshua Hitchens, de Outer Temple Chambers. Abhishek Kumar, Registered Foreign Lawyer (RFL) con número de registro 655594, se representó a sí mismo.(6, párr. 11) El tribunal dictó su decisión el 25 de agosto de 2026 y ordenó la radiación de Kumar del Register of Foreign Lawyers.(6, párr. 30)

El procedimiento reunió dos bloques de alegaciones. El primero, bajo la Rule 12, partió de la condena penal de 2024: Kumar empleó a sabiendas a una persona descalificada para el trabajo por su estatus migratorio, conducta tipificada en la sección 21(1) y (2) de la Immigration, Asylum and Nationality Act 2006.(1)(6, párr. 1) El segundo, bajo la Rule 14, llegó después. Mientras Kumar se defendía del primer bloque, la SRA le imputó haber presentado citas y pasajes de sentencias incorrectos, inexistentes o incapaces de respaldar las proposiciones para las que los invocaba. Esos materiales procedían de herramientas de inteligencia artificial generativa.(6, párrs. 4-6)

El tribunal subrayó un dato: era la primera vez que se litigaba ante él el uso de inteligencia artificial o de modelos de lenguaje de gran escala (large language models) por parte de un abogado en un procedimiento legal.(6, párr. 8.3) La SRA sostuvo que la cuestión revestía una “profound public importance” y el tribunal aceptó ese juicio, porque estas herramientas afectan a la administración de justicia y al ejercicio del rule of law.(6, párr. 8.3)(17)

El tribunal apoyó su valoración en la sentencia de la Divisional Court R (Ayinde) v London Borough of Haringey (acumulada con Al-Haroun v Qatar National Bank QPSC) [2025] EWHC 1383 (Admin), dictada el 6 de junio de 2025. Allí la Court invitó a los órganos reguladores a decidir con urgencia qué medidas, además de las guías, hacían falta contra las citas inventadas por sistemas de inteligencia artificial.(7)(6, párr. 8.3)

El caso Kumar destaca por dos razones. Constituye el primer pronunciamiento disciplinario del SDT sobre esta materia. Además, el tribunal impuso la sanción máxima, la radiación, y declaró que habría adoptado la misma medida si la alegación de inteligencia artificial hubiera llegado sola.(6, párr. 28.16)

2. Los hechos: la condena penal previa y el origen del procedimiento disciplinario

Kumar se registró como RFL el 6 de diciembre de 2018. Cuando la policía lo detuvo por los hechos de la condena trabajaba para Rivington Solicitors Limited, la firma que el tribunal denomina the Firm. En la fecha de la vista seguía inscrito como RFL, pero no ejercía como tal.(6, párr. 11)

Desde julio de 2016 Kumar representaba, a través de una firma llamada Kim’s Law, a un cliente en asuntos de inmigración. El cliente retiró su solicitud de asilo en septiembre de 2019 y constaba como overstayer desde su entrada en el Reino Unido en abril de 2013. Kumar habló con el Home Office, reconoció la retirada del asilo e indicó que existía una nueva solicitud de leave to remain. El Home Office la rechazó en noviembre de 2019. Kumar sabía, por tanto, que el cliente carecía de derecho a residir y a trabajar en el Reino Unido.(6, párrs. 18.1-18.2)

El 19 de agosto de 2020 inspectores del Home Office acudieron a la firma. El cliente les confirmó que trabajaba en tareas administrativas y que cobraba en efectivo (cash in hand).(6, párr. 18.3) Kumar sostuvo que los hechos ocurrieron cuando trabajaba para Kim’s Law y no para Rivington, y que en esta última su conducta fue profesional y respetuosa con las normas.(6, párr. 18.18)

Ante el tribunal penal, Kumar se declaró no culpable en agosto de 2022. Cuando el juicio se acercaba pidió comparecer de nuevo y cambió su declaración a culpable.(6, párr. 18.21) El 29 de enero de 2024 el Crown Court de Isleworth lo condenó por el delito de la sección 21(1) y (2) de la Immigration, Asylum and Nationality Act 2006. (La formulación de la alegación menciona el Central Criminal Court, mientras que la relación de hechos habla de Isleworth.) El 26 de abril de 2024 el juez le impuso una Community Order de doce meses con 150 horas de trabajo no remunerado, que Kumar confirmó haber cumplido. El Certificate of Conviction lleva fecha de 7 de marzo de 2025.(6, párrs. 1-3 y 18.4)

En sus observaciones de sentencia, el juez HHJ Edmunds KC, que actuaba como Recorder of the Royal Borough of Kensington and Chelsea, calificó de alta la culpabilidad de Kumar por su conocimiento de las normas de inmigración y de las circunstancias personales del cliente. Añadió que Kumar vulneró de forma deliberada unas disposiciones concebidas para combatir la permanencia irregular, que emplear a una persona en esa situación y pagarle en efectivo crea una situación de explotación y que esa práctica reduce las oportunidades de empleo de quienes sí tienen derecho a trabajar.(6, párr. 18.5) Los hechos sobre los que se asentó la condena completan el cuadro. Kumar conocía a fondo las restricciones que el estatus migratorio impone y había asistido al cliente en las solicitudes de leave to remain que se denegaron en firme el 1 de noviembre de 2019. Empleó al cliente durante meses, le encargó tareas de responsabilidad (abrir el negocio y manejar dinero, hecho acreditado por registros de telefonía móvil), respondió con mentiras cuando empezó la investigación y siguió minimizando la gravedad de lo ocurrido.(6, párr. 18.9)

La SRA abrió el procedimiento disciplinario a partir de esa condena. La alegación principal (Rule 12, Allegation 1.1) sostenía que Kumar infringió los Principios 1, 2 y 5 de los SRA Principles 2019. La SRA se apoyó en el Certificate of Conviction, en los hechos que sustentaban la condena y en la pena aceptada, con arreglo a la regla 32(1) de las Solicitors (Disciplinary Proceedings) Rules 2019, que atribuye a esos hechos valor de prueba concluyente.(3)(6, párr. 18.6) La SRA no alegó deshonestidad, porque bastaba con que el delito se cometiera a sabiendas.(6, párr. 8.1)

Kumar aceptó el hecho de la condena y confirmó en la Case Management Hearing del 16 de abril de 2026 que no pretendía cuestionarla.(6, párr. 18.7) En su Answer del 12 de marzo de 2026 explicó que había cambiado su declaración porque problemas graves de salud física y mental le impedían afrontar un juicio completo, y que ese cambio no equivalía a admitir una intención deshonesta.(6, párr. 18.17) Sostuvo también que el cumplimiento de la Community Order saldaba su deuda con la sociedad y que la exclusión permanente del registro supondría una doble sanción injusta.(6, párrs. 18.19 y 18.24)

El tribunal recordó que la deshonestidad no integra el tipo penal, que se consuma cuando el autor actúa a sabiendas, y que nadie la alegaba. Observó que Kumar, pese a aceptar los hechos de la condena en su primera respuesta, siguió discutiendo en la vista el fundamento de esa condena, y que no contestó a las infracciones de los Principios que se le imputaban.(6, párrs. 18.23-18.24) Dio por acreditados la condena y los hechos subyacentes y apreció infracción de los Principios 1, 2 y 5: Kumar no defendió el rule of law ni la administración de justicia, puso en riesgo la confianza pública en la profesión e incumplió el estándar de integridad que fija Wingate v SRA [2018] EWCA Civ 366.(8)(6, párr. 18.25)

3. Las alegaciones por uso de inteligencia artificial generativa

Kumar presentó su Answer a la Rule 12 Statement el 12 de marzo de 2026, conforme a las directrices del tribunal.(6, párr. 19.2) El 8 de abril de 2026 el letrado de la SRA revisó el escrito e identificó citas incorrectas y citas que no reflejaban las proposiciones jurídicas expuestas. La SRA se lo comunicó a Kumar ese mismo día y le remitió la sentencia Ayinde v Haringey LBC. Le pidió además copia de las autoridades citadas, confirmación de si había usado inteligencia artificial y, para las que no existieran, una explicación de cómo llegaron al escrito.(6, párrs. 19.2-19.3 y 19.8)

El 9 de abril de 2026 Kumar respondió por correo. Admitió que había usado inteligencia artificial para redactar el Answer y para localizar jurisprudencia, negó cualquier intención de inducir a error, alegó dificultades de salud mental y estrés, se disculpó y ofreció lo que presentaba como las citas correctas.(6, párr. 19.8) La SRA concluyó que el correo también procedía de inteligencia artificial generativa y contenía más material falso. El 13 de abril Kumar reconoció que el correo se había elaborado con esa tecnología y que contenía inexactitudes. Explicó que no tenía la pericia para verificar lo que la herramienta producía y declaró que no podía aportar copia de las autoridades. Limitó entonces su apoyo jurisprudencial a SRA v James (atenuación por problemas de salud mental) y a Baxendale-Walker (equidad procesal).(6, párrs. 19.5 y 19.9-19.11)

Según la SRA, las autoridades citadas en el Answer del 12 de marzo de 2026 y en el correo del 9 de abril de 2026 presentaban uno o varios de estos defectos: no existían; tenían citas incorrectas; deformaban los principios de la resolución; no contenían los pasajes que se les atribuían; o no respaldaban las proposiciones para las que se invocaban.(6, párr. 5)

La SRA identificó estos ejemplos concretos:

• Kumar citó SRA v Chan [2020] EWHC 1502 (Admin). Existía un procedimiento entre la SRA y un señor Chan, pero databa de 2015 y no llevaba la referencia citada.(6, párr. 19.7)
• Citó SRA v James, MacGregor & Naylor [2018] EWCA Civ 1420. Existía un asunto con esas partes, pero la referencia correspondía a un caso de propiedad intelectual. En el correo del 9 de abril Kumar ofreció como referencia correcta [2018] EWCA Civ 2057, que tampoco lo era: la referencia de James es [2018] EWHC 3058 (Admin). La SRA no localizó los pasajes que Kumar transcribía de esa sentencia.(6, párrs. 19.7-19.8)(11)
• Invocó SRA v Day [2018] EWHC 2726 (Admin) para sostener que el tribunal debía valorar la proporcionalidad de la sanción a la luz de las circunstancias personales del profesional y del riesgo para el público. Day fue un recurso de la SRA, desestimado, contra el archivo de determinadas acusaciones por parte del SDT. La sanción no era objeto de debate: en el párrafo 60 las partes convinieron en que solo se pronunciarían sobre ella si prosperaba el recurso.(6, párr. 19.7)(10)
• Atribuyó a Baxendale-Walker v Law Society [2007] EWCA Civ 233 la afirmación de que “the SRA must act fairly”. La sentencia menciona la equidad en dos pasajes aislados, ambos sobre costas (párrafos 2 y 32). Tampoco contiene la palabra “prosecutor”, que Kumar entrecomilló en su correo como cita literal. El párrafo 40 sí sitúa los procedimientos disciplinarios en el interés público, pero lo hace para sostener que el Law Society no debe exponerse a condenas en costas cuando un caso bien planteado fracasa.(6, párrs. 19.7-19.8)(13)
• En el correo del 9 de abril invocó además SRA v Chan [2015] EWHC 2659 (Admin) para sostener que la salud del profesional debe entrar en la valoración de su conducta. La SRA sostuvo que esa sentencia no respalda tal proposición.(6, párr. 19.8)(12)

En su Answer a la Rule 14 Statement, del 25 de junio de 2026, Kumar admitió que su contestación del 12 de marzo contenía citas, pasajes y proposiciones sin verificar, generados con inteligencia artificial. Negó que fueran deliberados, deshonestos o reveladores de falta de integridad. La SRA no alegó deshonestidad.(6, párrs. 19.6 y 19.28)

El tribunal estimó probada la Allegation 2.1 y la Allegation 2.2 respecto de la cita de casos inexistentes y de proposiciones jurídicas incorrectas. Consideró que los errores tipográficos en las citas no alcanzaban la gravedad necesaria para constituir mala conducta (misconduct).(6, párr. 8.2) El letrado de la SRA aceptó, a preguntas del tribunal, que un simple error de cita no basta para calificar una alegación de insostenible. La insostenibilidad residía en las referencias a Day y a Baxendale-Walker, invocadas para proposiciones que esas resoluciones no respaldaban.(6, párr. 19.12)

4. El marco normativo y deontológico aplicable

La jurisdicción del SDT sobre Kumar, en su condición de RFL, procede de la sección 47 de la Solicitors Act 1974, aplicada con las modificaciones del párrafo 15 del Schedule 14 de la Courts and Legal Services Act 1990.(2)(6, párr. 12) Las normas de conducta son los SRA Principles 2019 y el SRA Code of Conduct for Solicitors, Registered European Lawyers, Registered Foreign Lawyers and Registered Swiss Lawyers.(4)

En la Allegation 1.1 (la condena penal) la SRA imputó la infracción de tres Principios:

• Principle 1: actuar de modo que se defienda el principio constitucional del rule of law y la correcta administración de justicia.
• Principle 2: actuar de modo que se preserve la confianza pública en la profesión de solicitor y en los servicios jurídicos que prestan las personas autorizadas.
• Principle 5: actuar con integridad.(4)

En las Allegations 2.1 y 2.2 (uso de inteligencia artificial generativa) la SRA imputó las mismas infracciones y añadió dos párrafos del Code:

• Paragraph 1.4: no inducir a error ni intentar inducir a error al tribunal.
• Paragraph 2.4: formular solo afirmaciones, declaraciones, representaciones o alegaciones que sean properly arguable, es decir, defendibles con fundamento.(4)

El tribunal aplicó el estándar de integridad de Wingate v SRA [2018] EWCA Civ 366 (párrafos 97 a 107). Según esa sentencia, la integridad expresa las exigencias superiores que la sociedad y la propia profesión imponen a sus miembros. Esas exigencias derivan del papel privilegiado y de confianza que ocupan los profesionales, quienes deben, a cambio, vivir a la altura de sus propios estándares.(8)(6, párrs. 16 y 18.14)

En materia de gravedad el tribunal acudió a Dentons UK and Middle East LLP v SRA Ltd [2026] EWCA Civ 508, que exige una gravedad inherente para apreciar una infracción de los Principios o de las disposiciones obligatorias del Code. La pregunta es si solicitors competentes y respetables considerarían la conducta lo bastante grave para calificarla de mala conducta profesional.(9)(6, párrs. 17 y 19.36) El tribunal juzgó evidente esa gravedad: la Allegation 1 nacía de una condena penal y la Allegation 2 afectaba al deber de no engañar a un tribunal.(6, párr. 19.37)

El tribunal valoró las alegaciones con el estándar de la preponderancia de la prueba (balance of probabilities) y cumplió su deber legal, derivado de la sección 6 de la Human Rights Act 1998, de actuar de manera compatible con el derecho de Kumar a un juicio justo y al respeto de su vida privada y familiar (artículos 6 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos).(5)(6, párr. 15) Sobre la condena penal, la regla 32(1) de las Solicitors (Disciplinary Proceedings) Rules 2019 convierte el Certificate of Conviction en prueba concluyente de la comisión del delito y de los hechos que lo sustentan.(3)

El tribunal subrayó en varios pasajes que la SRA no alegó deshonestidad. En la condena penal el delito se consuma con la actuación a sabiendas. En las alegaciones sobre inteligencia artificial, la SRA no imputó dolo ni propósito de engañar.(6, párrs. 18.23, 19.6 y 19.44)

El tribunal precisó también su naturaleza. No es un órgano judicial, sino un tribunal estatutario creado por la Solicitors Act 1974, con reglas que proceden de un instrumento reglamentario. Aceptó, sin embargo, la tesis de la SRA: no existe distinción de principio según el material engañoso llegue a un regulador, a un tribunal disciplinario o a un órgano judicial, porque el tribunal cumple una función pública importante.(6, párr. 19.47)

5. El precedente Ayinde v Haringey LBC y su influencia en la decisión

La sentencia de la Divisional Court en R (Ayinde) v London Borough of Haringey (acumulada con Al-Haroun v Qatar National Bank QPSC) [2025] EWHC 1383 (Admin) constituye el precedente inmediato. La dictaron el 6 de junio de 2025 la President of the King’s Bench Division, Dame Victoria Sharp, y Mr Justice Johnson. Tanto la SRA como el SDT se apoyaron en ella.(7)(6, párrs. 19.3 y 19.46)

En Ayinde los letrados presentaron ante la High Court alegaciones y documentos con citas de resoluciones inexistentes o con pasajes inventados. Esas citas procedían de herramientas de inteligencia artificial generativa y nadie las comprobó antes de presentarlas. La Court actuó en ejercicio de su jurisdicción Hamid, que protege la integridad de los procedimientos y el cumplimiento de los deberes de los profesionales ante el tribunal.(7)

En los párrafos 6 y 7 la Court afirmó que las herramientas de inteligencia artificial generativa de acceso libre “are not capable of conducting reliable legal research”. Quienes las usen para investigar en Derecho tienen el deber profesional de comprobar la exactitud del resultado con fuentes autorizadas antes de emplearlo en su trabajo.(7, párrs. 6-7) El SDT reprodujo el párrafo 7 y enumeró esas fuentes: la base de datos oficial de legislación del Gobierno, la base de jurisprudencia de los National Archives, las Law Reports oficiales del Incorporated Council of Law Reporting for England and Wales y las bases de datos de los editores jurídicos de reputación.(6, párr. 19.46)

En el párrafo 9 la Court advirtió que el mal uso de la inteligencia artificial tiene implicaciones graves para la administración de justicia y para la confianza pública en el sistema judicial. Reclamó medidas prácticas y eficaces para que cada persona que presta servicios jurídicos conozca y cumpla sus obligaciones profesionales y sus deberes ante el tribunal cuando use esta tecnología.(7, párr. 9)(6, párr. 19.46) La Court consideró insuficiente la mera emisión de guías e invitó a los reguladores a decidir con urgencia qué pasos adicionales adoptar.(6, párr. 8.3)

En el procedimiento Kumar la SRA comunicó Ayinde al demandado el 8 de abril de 2026. El tribunal, por su parte, consultó las guías públicas de la SRA sobre inteligencia artificial: el Risk Outlook de noviembre de 2023, el documento sobre tecnología e innovación de junio de 2025 y los consejos de cumplimiento de febrero de 2026.(19)(6, párr. 19.39)

El tribunal aclaró que el asunto concierne al deber del abogado en el litigio y ante el tribunal. En este caso la inteligencia artificial fue el medio por el que se produjo el material, pero el material erróneo no tenía por qué proceder de ella. El mismo problema surge con buscadores corrientes o con el trabajo de un tercero del que el abogado responde en última instancia.(6, párr. 19.48)

Kumar sostuvo que Ayinde no le alcanzaba porque era RFL y no solicitor, que no ejercía cuando ocurrieron los hechos y que se consideraba un miembro del público. Se describió como un abogado sin cualificación plena, acostumbrado a trabajar bajo supervisión y ajeno a las novedades del mundo jurídico. El tribunal rechazó esos argumentos: Kumar era una persona regulada y debía cumplir los estándares de su profesión.(6, párrs. 19.30 y 19.49)

6. El razonamiento del Tribunal: culpabilidad, integridad y sanción

El tribunal halló probadas ambas alegaciones y las sancionó por separado. Su sanción habría sido la misma si cualquiera de ellas hubiera llegado sola.(6, párr. 28.16)

La condena penal (Allegation 1.1)

El tribunal fijó la culpabilidad de Kumar como muy alta. Su motivo era el beneficio económico. Ofreció al cliente un empleo informal de forma planificada y con abuso de su posición de confianza. Era un especialista en inmigración que sabía que actuaba fuera de la ley y controlaba en todo momento las circunstancias de la infracción. Aun así, el tribunal observó un patrón de culpas desplazadas hacia otros: alegó ignorancia y que llevaba tres o cuatro años sin ejercer, y cambió de explicación antes de sostener ninguna durante mucho tiempo, lo que reveló falta de comprensión de su propia conducta. El tribunal añadió que Kumar había inducido a error al regulador en comunicaciones formales.(6, párr. 28.8)

El daño también resultó muy alto. Como oficial del Derecho, Kumar sabía que ofrecer un empleo ilegal estaba mal, y esa conducta golpea el centro de la confianza pública en la profesión. Se aprovechó de una persona vulnerable a la que pagaba salarios bajos en efectivo. Pesaron como agravantes el abuso de una posición de autoridad, la comisión de un delito y el traslado de la culpa a causas externas.(6, párr. 28.9)

El uso de inteligencia artificial (Allegations 2.1 y 2.2)

El tribunal tuvo por probado que el Answer del 12 de marzo de 2026 y el correo del 9 de abril de 2026 contenían citas y proposiciones jurídicas incorrectas, inexistentes o incapaces de sostener los argumentos para los que se invocaban. Apreció infracción de los Principios 1, 2 y 5 y del párrafo 1.4 del Code. Estimó infringido el párrafo 2.4 solo respecto de Day y Baxendale-Walker.(6, párr. 19.50) Kumar había reconocido ante el tribunal que su conducta infringía el Principio 1. Sobre los Principios 2 y 5 y sobre los párrafos 1.4 y 2.4 del Code, admitió los errores, pero negó la falta de integridad y cualquier intento de engañar.(6, párr. 19.45)

El tribunal calificó la culpabilidad de muy alta. La razón de fondo es que “a lawyer is always responsible for the accuracy of his or her output”.(6, párr. 28.11) Todos cometen errores y no todo error exige la intervención del regulador. Kumar había descrito su conducta como “technological negligence” y afirmó en su Rebuttal Statement y en la vista que creyó, por error, que la inteligencia artificial era una ayuda de redacción lícita. El tribunal vio en esas explicaciones una falta persistente de comprensión de su conducta. Concluyó que Kumar empezó a usar la inteligencia artificial sin pensar en las consecuencias y que no tomó medidas para asegurar la exactitud de su trabajo ni para comprobar que las herramientas eran fiables.(6, párr. 28.12) Concedió “very substantial weight” a la repetición: Kumar cometió los mismos errores después de que se los señalaran y explicaran, y en lugar de corregirlos los repitió.(6, párr. 28.12)

El daño se calificó de alto. No engañar a un tribunal es un deber cardinal del abogado y, por extensión, un deber ante este tribunal.(6, párr. 28.13) Kumar actuaba en su propio nombre y no por un cliente, y eso redujo el daño real. El tribunal rechazó, sin embargo, la propuesta del letrado de la SRA de tratarlo como atenuante, porque Kumar buscaba beneficiarse él mismo de su conducta. El daño residía en el abandono de sus responsabilidades como abogado regulado, con un impacto que puede no tener límite. El tribunal añadió una distinción que los tribunales futuros tendrán que desarrollar: en cada caso puede variar el daño y la culpabilidad según el abogado cite casos o proposiciones inexistentes o se limite a dar referencias incorrectas.(6, párr. 28.13)

Los partes de baja de Kumar y sus referencias a que estaba “extremely unwell” no bastaron para sostener que sus capacidades mentales estaban mermadas hasta el punto de eximirlo de cumplir sus deberes.(6, párr. 28.14) El tribunal tampoco apreció en su arrepentimiento una comprensión genuina de lo ocurrido y no consideró suficiente la prueba médica para fundar una atenuante.(6, párr. 28.10)

Kumar sostuvo que su conducta no había causado un daño duradero, porque el tribunal le permitió presentar un Answer corregido y verificado. El letrado de la SRA recordó que el escrito nunca se enmendó, salvo por las admisiones del correo del 9 de abril, que contenía a su vez nuevos errores.(6, párrs. 19.31 y 19.35)

La mitigación y la sanción

El tribunal constató que Kumar carecía de antecedentes disciplinarios.(6, párr. 28.7) Kumar alegó que, en el período relevante, cumplía una Community Order, recibía tratamiento intensivo de salud mental, atravesaba problemas de salud graves y vivía el duelo por su suegra. Añadió que actuaba sin abogado por falta de recursos, que era el sostén económico de su familia, que se había matriculado en la Legal Practice Course para cualificarse como solicitor de Inglaterra y Gales, que su sanción penal ya estaba cumplida y que tenía un “derecho al olvido”. Propuso como alternativa una suspensión.(6, párrs. 21-26 y 28.5)

El tribunal aplicó su Guidance Note on Sanctions (11.ª edición, febrero de 2025) y el enfoque de Fuglers and Others v SRA [2014] EWHC 179 (Admin). Su objetivo primordial al sancionar es mantener la confianza pública en la integridad de la profesión, mediante una sanción justa y proporcionada a la gravedad de la conducta.(15)(6, párr. 27) La SRA sostuvo que la Allegation 1 implicaba culpabilidad y daño altos y que el punto de partida era la radiación. Sobre la Allegation 2 admitió ciertos rasgos atenuantes, como que Kumar se representaba a sí mismo, pero subrayó que repitió la conducta tras la advertencia y que la radiación también entraba en el rango adecuado.(6, párrs. 28.2-28.3)

El tribunal recordó, con Bolton v The Law Society [1994] 1 WLR 512, que un propósito esencial de la sanción es proteger la reputación de la profesión. En Bolton (párr. 15) el Master of the Rolls señaló que la resolución del tribunal no tiene un fin ante todo punitivo, sobre todo cuando ya se impuso y se cumplió una pena penal, como en este caso. Esa pena no alcanzaba, sin embargo, a la Allegation 2. El mismo pasaje recuerda la función disuasoria: una sanción puede castigar al abogado que cayó por debajo de los estándares de su profesión y disuadir a cualquier otro tentado de actuar de igual modo.(14)(6, párr. 28.15)

El tribunal juzgó el daño reputacional “extremely significant” y concluyó que la repetida omisión de verificar los escritos presentados al regulador y al tribunal dañaba la administración de justicia y a la confianza pública en el sistema jurídico.(6, párrs. 28.15-28.16) Examinó las sanciones disponibles de menor a mayor y concluyó que la conducta era tan grave que exigía la radiación, salvo circunstancias excepcionales. Con apoyo en SRA v Sharma [2010] EWHC 2022 (Admin) y en SRA v James [2018] EWHC 3058 (Admin), no halló ninguna que justificara una sanción inferior.(16)(11)(6, párrs. 28.17-28.18) La SRA aceptó que Kumar carecía de medios y no pidió costas.(6, párr. 29)

7. Consecuencias prácticas para la profesión jurídica

La decisión del SDT en el caso Kumar fija el primer precedente disciplinario de ese tribunal sobre el uso de inteligencia artificial generativa que produce citas o proposiciones jurídicas incorrectas o inexistentes.(6, párr. 8.3)

En el plano deontológico, el tribunal confirma que el deber de exactitud y de no inducir a error pesa con la misma intensidad cuando el profesional presenta material al regulador, al propio tribunal disciplinario o a un órgano judicial.(6, párr. 19.47) Tampoco existe una zona de menor exigencia cuando el profesional se defiende a sí mismo dentro del procedimiento disciplinario.(6, párr. 28.13)

La reiteración agravó la culpabilidad. Una vez que la SRA señaló los errores y remitió a Ayinde, la insistencia en usar material sin verificar elevó de forma notable el riesgo disciplinario del profesional.(6, párr. 28.12)

La radiación, impuesta sin que nadie alegara deshonestidad, muestra que la gravedad no depende solo de la intención de engañar. También cuenta el efecto objetivo sobre la administración de justicia y sobre la confianza pública en la profesión.(6, párrs. 28.13 y 28.16)

El deber de comprobar recae en quien firma el escrito: “a lawyer is always responsible for the accuracy of his or her output”.(6, párr. 28.11) La SRA lo ha repetido en su Warning Notice “Misuse of AI” del 17 de agosto de 2026, que se publicó entre la vista y la decisión del SDT. Según la SRA, las personas siguen siendo responsables del trabajo que producen y del asesoramiento que prestan, con independencia de que usen o no inteligencia artificial, y apoyarse en el resultado de una herramienta no constituye una defensa válida. La SRA anunció además que recibió 42 informes sobre posible mal uso de la inteligencia artificial entre julio de 2025 y julio de 2026.(18)

Pautas de verificación

La sentencia y los documentos que cita permiten extraer las pautas siguientes. Constituyen lex ferenda y buena práctica, no reglas que el tribunal haya formulado así.

• Abrir cada autoridad en una fuente oficial. Ayinde enumera la base de datos de legislación del Gobierno, la base de jurisprudencia de los National Archives, las Law Reports oficiales y las bases de editores jurídicos de reputación.(7, párr. 7)(6, párr. 19.46)
• Comprobar tres cosas por cada cita. Que la resolución existe, que la referencia es la correcta y que el pasaje atribuido figura en ella y respalda la proposición. Los cinco defectos que describe el tribunal corresponden a esas tres comprobaciones.(6, párr. 5)
• No pedir a la misma herramienta que confirme sus citas. Un modelo de lenguaje puede confirmar con seguridad una autoridad que no existe.
• Conservar un registro de lo verificado: quién abrió cada fuente y cuándo. Kumar no pudo aportar copia de las autoridades, y el tribunal advirtió que ese hecho sugería que quizá no las había leído antes de invocarlas.(6, párr. 19.13)
• Corregir a mano cuando alguien señale un error. Abrir las fuentes y revisar el escrito entero antes de contestar. El correo con el que Kumar quiso rectificar reprodujo el problema.
• Responder por el trabajo ajeno. Quien supervisa a colaboradores responde de lo que estos firman con inteligencia artificial, igual que responde de lo que producen con un buscador.(6, párr. 19.48)

8. Riesgos sistémicos y límites de la decisión

El caso Kumar muestra varios riesgos sistémicos del uso de inteligencia artificial generativa en la práctica jurídica. El más visible es la generación de citas y pasajes con apariencia de verosimilitud (nombres de partes, años, referencias formales, proposiciones coherentes) que no corresponden a resoluciones existentes o que no respaldan el argumento para el que se invocan. Este fenómeno, conocido como alucinación, resulta peligroso sobre todo cuando el profesional carece de la pericia o del tiempo para una verificación exhaustiva.(6, párr. 5) Kumar lo declaró así: no tenía la pericia para verificar la producción de la herramienta.(6, párr. 19.11)

Un segundo riesgo es la repetición del error tras detectarlo. El correo del 9 de abril de 2026, que pretendía corregir las deficiencias del Answer, introdujo nuevas inexactitudes generadas por la misma tecnología. El tribunal otorgó a esa repetición un peso sustancial en la valoración de la culpabilidad.(6, párr. 28.12)

La decisión tiene límites que conviene explicitar:

1. El registro afectado. Kumar era RFL y no solicitor inscrito en el Roll. La sanción fue la radiación del Register of Foreign Lawyers. El tribunal no estableció distinción de principio sobre los deberes deontológicos aplicables, pero la naturaleza del registro forma parte de los datos objetivos del caso.(6, párrs. 11 y 19.49)
2. La concurrencia de dos alegaciones. Una se basaba en una condena penal por un delito de inmigración y otra en el uso de inteligencia artificial. El tribunal declaró que habría impuesto la misma sanción si cualquiera de ellas se hubiera juzgado sola, pero ambas circunstancias concurrieron en el contexto fáctico de la resolución.(6, párr. 28.16)
3. La ausencia de alegación de deshonestidad. Nadie alegó deshonestidad, y el tribunal no se pronunció sobre ella. La responsabilidad se fundó en el incumplimiento de los deberes de exactitud, integridad y no inducción a error, sin necesidad de probar dolo. El precedente muestra que puede imponerse la sanción máxima sin deshonestidad cuando la conducta afecta de forma significativa a la administración de justicia.(6, párrs. 19.6 y 19.44)
4. El objeto del pronunciamiento. El tribunal no se pronunció sobre la inteligencia artificial en abstracto, sino sobre su uso sin verificación, que llevó a presentar material incorrecto o inexistente. La decisión no prohíbe estas herramientas. Exige que el profesional asuma la responsabilidad plena de la exactitud de lo que presenta.(6, párrs. 19.48 y 28.11)
5. Los criterios de graduación pendientes. El tribunal distinguió entre citar casos o proposiciones inexistentes y dar referencias incorrectas, y dejó a cada caso futuro la tarea de graduar el daño y la culpabilidad. Declaró además que no pretendía limitar la discreción de otras divisiones del SDT ante hechos distintos.(6, párrs. 19.38 y 28.13)

9. Conclusiones

El caso Solicitors Regulation Authority Ltd v Abhishek Kumar (Case No. 12884-2026) constituye el primer pronunciamiento del SDT sobre el uso de inteligencia artificial generativa que produce citas y proposiciones jurídicas incorrectas o inexistentes dentro de un procedimiento legal.(6, párr. 8.3)

La decisión establece que presentar material generado con estas herramientas sin verificarlo puede infringir los Principios 1, 2 y 5 de los SRA Principles 2019 y los párrafos 1.4 y 2.4 del Code, incluso sin alegación ni prueba de deshonestidad.(6, párr. 19.50)

El tribunal valoró la culpabilidad como muy alta y concedió un peso sustancial a la repetición de la conducta después de que la SRA señalara los errores y remitiera a Kumar la sentencia Ayinde.(6, párr. 28.12)(7) La radiación del Register of Foreign Lawyers se impuso con la declaración expresa de que se habría adoptado la misma medida si cualquiera de las dos alegaciones se hubiera juzgado sola.(6, párr. 28.16)

La resolución se inserta en el marco que abrió Ayinde. La Divisional Court advirtió allí que las herramientas de acceso libre no pueden realizar investigación jurídica fiable y que la mera emisión de guías no basta para frenar su mal uso.(7, párrs. 6 y 9)

Los límites del caso (la condición de RFL del demandado, la condena penal concurrente y la ausencia de alegación de deshonestidad) deben pesar al valorar su alcance. El razonamiento del tribunal sobre el deber de exactitud y sobre la gravedad de presentar material inventado o no verificado sirve, sin embargo, a cualquier profesión regulada cuyos miembros respondan ante un tribunal. Para la práctica, la conclusión es operativa: ningún texto con apariencia de jurisprudencia debe salir del despacho sin que alguien lo haya abierto en la fuente oficial, y quien recibe una advertencia del tribunal, del regulador o de la parte contraria debe rehacer la verificación entera antes de responder.

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Bibliografía

Normativa

(1) Immigration, Asylum and Nationality Act 2006, s. 21(1) y (2).

(2) Solicitors Act 1974, s. 47; Courts and Legal Services Act 1990, Schedule 14, paragraph 15.

(3) Solicitors (Disciplinary Proceedings) Rules 2019, r. 32(1).

(4) SRA Principles 2019 (Principios 1, 2 y 5); SRA Code of Conduct for Solicitors, Registered European Lawyers, Registered Foreign Lawyers and Registered Swiss Lawyers (párrafos 1.4 y 2.4).

(5) Human Rights Act 1998, s. 6; Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, arts. 6 y 8.

Jurisprudencia

(6) Solicitors Disciplinary Tribunal, Solicitors Regulation Authority Ltd v Abhishek Kumar, Case No. 12884-2026, Judgment of 25 August 2026. Descargar el PDF.

(7) R (Ayinde) v London Borough of Haringey (acumulada con Al-Haroun v Qatar National Bank QPSC) [2025] EWHC 1383 (Admin). Disponible en: https://caselaw.nationalarchives.gov.uk/ewhc/admin/2025/1383

(8) Wingate v Solicitors Regulation Authority [2018] EWCA Civ 366.

(9) Dentons UK and Middle East LLP v Solicitors Regulation Authority Ltd [2026] EWCA Civ 508.

(10) Solicitors Regulation Authority v Day [2018] EWHC 2726 (Admin).

(11) Solicitors Regulation Authority v James, MacGregor & Naylor [2018] EWHC 3058 (Admin).

(12) Solicitors Regulation Authority v Chan [2015] EWHC 2659 (Admin).

(13) Baxendale-Walker v Law Society [2007] EWCA Civ 233.

(14) Bolton v The Law Society [1994] 1 WLR 512.

(15) Fuglers and Others v Solicitors Regulation Authority [2014] EWHC 179 (Admin).

(16) Solicitors Regulation Authority v Sharma [2010] EWHC 2022 (Admin).

Documentos institucionales

(17) Solicitors Disciplinary Tribunal, ficha del caso 12884, SRA v Abhishek Kumar. Disponible en: https://solicitorstribunal.org.uk/case/12884/ [consulta: 05/10/2026].

(18) Solicitors Regulation Authority, Warning Notice: Misuse of AI, 17 de agosto de 2026. Disponible en: https://www.sra.org.uk/solicitors/guidance/misuse-ai/

(19) Solicitors Regulation Authority, Risk Outlook report: The use of artificial intelligence in the legal market (noviembre de 2023); Innovation: Navigating technology and AI, challenges and opportunities (junio de 2025); Compliance tips for solicitors regarding the use of AI and technology (febrero de 2026), citados en (6), párr. 19.39.