La arquitectura de la deportación: Palantir, vigilancia algorítmica y el nuevo paradigma del control migratorio en Estados Unidos

Entre enero de 2025 y enero de 2026, Palantir Technologies recibió contratos de ICE por un valor agregado de 81 millones de dólares (1). Las estimaciones de facturación total de la empresa con la agencia para el ejercicio 2025 rondan los 287 millones (2). El 12 de febrero de 2026, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) firmó con Palantir un Acuerdo Marco de Adquisición (Blanket Purchase Agreement, BPA) con techo de 1.000 millones de dólares, vigente hasta febrero de 2031, que permite a ICE, a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y a otras unidades del DHS comprar software de Palantir sin licitación competitiva (3; 19).

Ese contrato sostiene tres plataformas: ICM, ImmigrationOS y ELITE. Según documentación periodística y judicial, las tres se nutren de datos de Medicaid, de corredores comerciales y de registros fiscales para generar mapas de objetivos de deportación con "puntuaciones de confianza" sobre la dirección de cada persona (7; 9).

Este artículo examina esa infraestructura desde el derecho constitucional, el derecho administrativo, la protección de datos y la gobernanza algorítmica. Su tesis central: Palantir no automatiza trámites migratorios, redefine el poder de policía sobre la inmigración. La agencia desplaza el centro de gravedad de la actuación individualizada hacia la agregación masiva de datos y el perfilamiento predictivo, con tensiones directas frente a la Cuarta Enmienda, el debido proceso y los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos (10).

Antecedentes: una relación de más de una década

La colaboración entre Palantir e ICE empezó en 2011, cuando la agencia adjudicó a la empresa un contrato de 58.122 dólares por servidores y licencias (11). El salto llegó en 2013, con la financiación del sistema FALCON (Fugitive Alien Location and Compliance Network), una versión de la plataforma Gotham adaptada a las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de ICE y con acceso a inteligencia de agencias como la CIA. El valor acumulado de ese contrato entre 2013 y 2022 se estima entre 84 y 127 millones de dólares (12).

En 2014, la administración Obama adjudicó a Palantir 41 millones de dólares para construir el Sistema de Gestión de Casos Investigativos (Investigative Case Management, ICM), pensado como repositorio central de registros de inmigrantes legales e indocumentados (7). ICM se renovó en 2019 por unos 38 millones (8) y hoy sigue siendo el núcleo del sistema de información de ICE. El dato tiene peso para la doctrina: quien construyó y financió la infraestructura sobre la que se asienta el aparato de deportación actual fue una administración de signo político distinto al presente. La capacidad de vigilancia algorítmica migratoria trasciende los ciclos electorales y se ha instalado como activo permanente del Estado (7).

| Período | Hito contractual | Cuantía estimada | Plataforma | |---|---|---|---| | 2011 | Primer contrato | 58.122 $ | Servidores y licencias (11) | | 2013 | Inicio de FALCON | 84-127 M$ (acum. 2022) | FALCON / Gotham (12) | | 2014 | Contrato ICM | 41 M$ | Investigative Case Management (7) | | 2019 | Renovación ICM | ~38 M$ | ICM (8) | | 2025 | ImmigrationOS | ~30 M$ | Immigration Lifecycle Operating System (5; 6) | | 2026 | Acuerdo Marco DHS | 1.000 M$ (techo) | Múltiples plataformas (3) | | 2026 | Órdenes de compra ICE | 86,3 M$ + 45,8 M$ | Modernización de deportaciones e investigaciones (3) |

El ecosistema tecnológico: ICM, ImmigrationOS y ELITE

Tres plataformas cubren hoy casi todo el ciclo migratorio. ICM integra registros del propio ICE, del FBI y de fuentes comerciales en un repositorio central (7; 12; 8). ICE adjudicó ImmigrationOS en abril de 2025, por unos 30 millones de dólares y mediante un procedimiento de fuente única: una plataforma de inteligencia artificial que prioriza objetivos de expulsión, sigue casi en tiempo real las autodeportaciones y coordina la logística de detención (5; 6). Hay un punto sensible en esa cadena: ImmigrationOS se alimenta de ICM, que ya incorpora datos de salud del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) (5).

ELITE (Enhanced Leads Identification & Targeting for Enforcement) es la pieza que ha concentrado la controversia. 404 Media reveló que la herramienta genera mapas digitales con objetivos potenciales de deportación (nombre, fotografía, fecha de nacimiento) y asigna a cada dirección una "puntuación de confianza" sobre la probabilidad de que la persona resida allí (7; 9). Esa puntuación combina datos del HHS (incluido Medicaid), registros fiscales, información de la Administración de la Seguridad Social y datos comerciales de localización comprados a corredores privados, según distintas fuentes periodísticas (2; 15; 1).

La arquitectura de datos: de Medicaid a los corredores comerciales

El HHS es la fuente más controvertida. El 15 de enero de 2026, Josh Richman publicó en la Electronic Frontier Foundation (EFF) un análisis que recogía una investigación previa de 404 Media, basada en testimonios judiciales de agentes en Oregón: ELITE recibiría direcciones procedentes del HHS, que administra Medicaid, y de otras fuentes (17). Palantir respondió el 27 de enero en su blog corporativo. Calificó esa lectura de engañosa y sostuvo que el intercambio de datos entre componentes del HHS e ICE se limita a supuestos autorizados por ley, sujetos a la Privacy Act (18).

Los hechos posteriores complican esa defensa. El British Medical Journal confirmó en enero de 2026 que agentes de ICE usaban una herramienta de Palantir alimentada por registros sanitarios de millones de estadounidenses (14). En julio de 2025 se supo que un acuerdo de intercambio permitiría entregar a ICE datos personales de 79 millones de beneficiarios de Medicaid: nombres, direcciones, fechas de nacimiento, origen étnico (14). En julio de 2026, documentos judiciales revelaron que funcionarios de Medicaid habían compartido con ICE, sin autorización, datos de millones de personas, que a su vez los transfirió a Palantir. La empresa afirmó haber purgado ese conjunto de datos, pero el jefe de sección de HSI, Alberto Briseno, reconoció en declaración jurada que una búsqueda más amplia encontró que media docena de usuarios conservaban todavía una copia (14; 16). Distintas investigaciones sitúan además entre las fuentes de ImmigrationOS y FALCON a la Seguridad Social, el IRS, el USCIS, registros de votantes, licencias de conducir y lectores de matrículas (15; 1; 12).

En el plano comercial, la fuente identificada con más consistencia es CLEAR, el producto de datos de Thomson Reuters. Según 404 Media, HSI lo usó dentro del marco FALCON, y documentos internos de ICE lo señalan como fuente de direcciones para ELITE (16). A esto se suman corredores de datos de localización que agregan señales de teléfonos móviles y navegación (17).

El fundamento jurídico que permite todo esto sin orden judicial es la doctrina de la "información disponible comercialmente" (commercially available information). Un análisis legal interno de ICE, obtenido por la ACLU vía FOIA, sostiene que los datos comprados a proveedores privados no exigen orden judicial porque proceden, en teoría, de fuentes de acceso público (17). La ACLU responde que con esa lectura el DHS elude la Constitución al comprar datos para los que, sin ese atajo comercial, necesitaría autorización judicial (17).

El marco contractual: concentración, fuente única y un conflicto de intereses sin resolver

El BPA de 1.000 millones, registrado bajo el GSA Multiple Award Schedule, permite a las agencias del DHS comprar licencias, mantenimiento y alojamiento Software-as-a-Service de Palantir sin licitación competitiva durante cinco años (3; 19). Bajo ese paraguas, ICE emitió en 2026 al menos dos órdenes de precio fijo: 86,3 millones para modernizar las operaciones de deportación, adjudicada el 5 de mayo, y 45,8 millones para modernizar el sistema de Investigaciones de Seguridad Nacional, adjudicada el 26 de junio (3).

El contrato de ImmigrationOS se adjudicó por fuente única. ICE justificó la excepción en el conocimiento institucional que Palantir acumuló a lo largo de más de una década de colaboración (5; 6; 13). Detention Pipeline describe el patrón como estructural: construir la infraestructura crítica sobre una plataforma propietaria y después invocar la fuente única en cada renovación deja a la agencia atada de forma permanente a un único proveedor (20).

A este cuadro se suma un problema de opacidad. Según POGO y Fast Company, en junio de 2025 se conoció que Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca y principal arquitecto de la política migratoria de Trump, tenía una participación en Palantir valorada entre 100.001 y 250.000 dólares. Era la mayor entre el más de una decena de altos cargos de la Casa Blanca con inversiones en la compañía, y estaba a nombre de uno de sus hijos menores (21; 22). Los expertos en ética gubernamental consultados por ambos medios coinciden en un punto: un funcionario con responsabilidad directa sobre una política que beneficia a una empresa en la que invierte se encuentra, cuando menos, al borde de un conflicto de intereses que exige recusación efectiva (21; 22). La Casa Blanca respondió que Miller se había comprometido a recusarse de los asuntos que pudieran afectar a esa posición (21). POGO informó después de que Miller vendió parte de sus acciones tras la publicación del informe, un dato que cambia la evolución del conflicto de intereses, no solo su origen (22).

Implicaciones constitucionales: Cuarta Enmienda y debido proceso

La Cuarta Enmienda protege frente a registros e incautaciones irrazonables sin causa probable. El debate central: ¿la agregación de datos de localización y salud sin orden judicial constituye, a efectos constitucionales, un "registro"? El propio análisis legal interno de ICE citado por la ACLU responde que no, porque los datos comerciales proceden de fuentes de acceso público o adquiridas de forma legal por el sector privado (17). La ACLU replica que esa lectura vacía de contenido la garantía constitucional (17).

Alex Karp, CEO de Palantir, ha defendido la postura contraria en público. El 2 de febrero de 2026, en una entrevista en CNBC tras presentar los resultados del cuarto trimestre, dijo que quienes critican a ICE deberían pedir más Palantir, porque su producto exige, en esencia, ajustarse a la protección de datos de la Cuarta Enmienda (4). En la carta a los accionistas de esa misma fecha desarrolló la idea: la mejor defensa frente a la intrusión estatal es una plataforma técnica con controles granulares de permisos y registros de auditoría (4). La evidencia judicial contesta esa tesis. El litigio ante el juez Vince Chhabria, del Distrito Norte de California, ha revelado que datos de ciudadanos estadounidenses y de personas con estatus legal llegaron a Palantir pese a los límites fijados por el propio tribunal (14; 23).

Ese litigio nace del fallo de Chhabria del 29 de diciembre de 2025, en el caso promovido por más de veinte fiscales generales demócratas contra el acuerdo de intercambio entre los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) e ICE. El juez autorizó, a partir del 6 de enero de 2026, el intercambio de un conjunto acotado de información básica sobre personas sin estatus legal en los veintidós estados demandantes: ciudadanía, estatus migratorio, dirección, teléfono, fecha de nacimiento e identificador de Medicaid. Mantuvo bloqueada, en cambio, la cesión de cualquier dato de salud más detallado y de información sobre ciudadanos o residentes legales (14; 23). En julio de 2026, documentos judiciales revelaron el incumplimiento de ese límite: CMS compartió en enero un conjunto de datos más amplio del autorizado, que llegó después a ICE y de ahí a Palantir. Palantir afirmó haberlo purgado; la declaración jurada de Briseno reconoció dificultades técnicas para localizar todas las copias existentes (14; 23). Chhabria fijó una audiencia para agosto de 2026 para aclarar el alcance de su orden, mientras el Departamento de Justicia pedía ampliarla a una categoría más amplia de no ciudadanos (14; 23).

En materia de debido proceso, las organizaciones de derechos humanos señalan sobre todo un riesgo: la detención arbitraria derivada de decisiones que en realidad son outputs algorítmicos sin transparencia sobre los criterios ni mecanismos de impugnación individualizada. El Business and Human Rights Centre sostiene que el trabajo de Palantir con ICE ha recibido críticas sostenidas de la sociedad civil por facilitar un seguimiento a gran escala que puede derivar en detenciones y deportaciones arbitrarias (10). El Relator Especial de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados incluyó a Palantir en 2025 entre las empresas que facilitan usos ilegales de la fuerza. Ese informe se centra en un contexto distinto, pero el principio de responsabilidad empresarial por el uso que los clientes hacen de la tecnología se traslada de forma directa al caso de ICE (10). Amnistía Internacional ya había cuestionado en 2020 la ausencia de garantías de Palantir frente al perfilado racial de migrantes, y en 2026 reiteró su llamamiento a que la empresa cese su colaboración con el programa de deportaciones (10; 6).

Responsabilidad corporativa: entre los Principios Rectores de la ONU y la neutralidad declarada

Palantir sostiene en público su adhesión a los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales (10). Una coalición liderada por la Congregación de las Hermanas de San José de la Paz, con el respaldo de Investor Advocates for Social Justice, presentó en la junta anual de accionistas del 3 de junio de 2026 la Propuesta 5: pedía una Evaluación de Impacto en Derechos Humanos (HRIA) sobre el uso de los productos de Palantir (26; 28). La junta rechazó la propuesta, pero el resultado admite una lectura más matizada. Los fundadores (Karp, Stephen Cohen y Peter Thiel) controlan a través de acciones de clase F el 49,99% del poder de voto, lo que les permite decidir el resultado con independencia del resto del accionariado. Un cálculo posterior del voto no vinculado a los fundadores mostró que en torno al 56% de los accionistas ajenos a la dirección respaldó la propuesta (28; 47; 51). Palantir argumentó en su declaración de oposición que una HRIA no aportaría información de utilidad real, y remitió a obligaciones de confidencialidad (26).

El American Immigration Council cuestiona la posición de fondo de Palantir, la de que la empresa "solo construye las herramientas, no las reglas": sostiene que la arquitectura misma de un sistema de inteligencia artificial (qué datos integra, a quién señala, qué acciones desencadena) ya constituye una forma de formulación de políticas (5). Mijente calificó de insuficiente la defensa de Palantir sobre su papel en las redadas en lugares de trabajo, porque su software resulta integral para las operaciones de ICE que terminan en detención (24).

En la inversión institucional, la presión se ha traducido en movimientos concretos. La gestora Cardano Risk Management retiró 5.888.014 acciones de Palantir de su cartera en el primer trimestre de 2026, una reducción del 89,4% equivalente a más de 840 millones de dólares desinvertidos (1; 10). El fondo de pensiones neerlandés ABP también desinvirtió (26; 49), y activistas de distintas jurisdicciones (del Banco Nacional Suizo al fondo de pensiones de Nueva Jersey) han presionado a fondos soberanos y de pensiones para que revisen su exposición a la compañía (1; 6; 29). Las cifras sobre estos últimos movimientos proceden en buena parte de organizaciones activistas y no han podido contrastarse aquí con fuentes primarias; se presentan con esa reserva.

Litigios, protestas y respuesta corporativa

El litigio Medicaid ante el juez Chhabria es, por ahora, el frente judicial mejor documentado. A él se suma una demanda que Just Futures Law presentó en 2026 contra ICE y el DHS para obtener, vía Freedom of Information Act, documentación sobre el uso de las herramientas de Palantir, después de que una solicitud FOIA previa quedara sin respuesta (27; 20).

Las protestas han acompañado el proceso. La policía arrestó a manifestantes en la sede neoyorquina de Palantir el 6 de abril de 2026 (53). Ese mismo mes circuló en el Reino Unido una petición ciudadana contra los contratos del país con la empresa, cuya cifra exacta de firmantes no ha podido verificarse aquí de forma independiente. El 3 de junio de 2026, coincidiendo con la junta de accionistas, religiosas católicas, inversores y activistas migratorios se concentraron frente a la sede de Palantir en Manhattan (28; 53; 55).

Palantir mantiene que su función se limita a integrar datos a los que ICE ya tiene acceso legal, sin almacenarlos ni usarlos para fines propios (18). Esa defensa convive con las revelaciones judiciales sobre copias de datos que Palantir decía haber purgado y que seguían circulando, y con el reconocimiento, en documentos internos de la propia agencia, de que CLEAR y otras fuentes comerciales alimentan de forma directa a ELITE (16; 14).

Conclusión: un laboratorio del nuevo paradigma de gobernanza algorítmica

Tres conclusiones se desprenden de este análisis. Primero: ICM, ImmigrationOS y ELITE funcionan como capas interdependientes de una misma arquitectura, construida en parte por administraciones de signo político distinto. Eso confirma que la capacidad de vigilancia algorítmica migratoria se ha instalado como activo permanente del Estado, con independencia del ciclo electoral (7; 5; 9).

Segundo: la doctrina de la información disponible comercialmente es hoy el punto nodal de la tensión entre eficacia operativa y garantías constitucionales. El propio litigio Medicaid muestra que las salvaguardas técnicas y procesales existentes, incluida la purga de datos comprometidos, han resultado insuficientes en la práctica. Todavía no se puede anticipar cómo resolverán los tribunales la cuestión de fondo (14; 17; 23).

Tercero: el patrón contractual de fuente única, sumado a la opacidad sobre el interés financiero de un asesor con responsabilidad directa sobre la política migratoria, plantea un riesgo de captura regulatoria que la normativa de contratación pública no está diseñada para neutralizar por sí sola (13; 20; 21; 22). Ninguna de estas tres conclusiones permite anticipar el desenlace de los litigios en curso. Sí permiten afirmar que la arquitectura tecnológica descrita constituye un objeto de estudio de primer orden para el derecho administrativo, el derecho constitucional comparado y la gobernanza de la inteligencia artificial.

Bibliografía

Documentos institucionales y judiciales

(3) U.S. Department of Homeland Security. (2026). Blanket Purchase Agreement 47QTCA24D004L-70RTAC26A00000001. GovTribe.

(23) Reuters. (2026). US judge temporarily blocks ICE from accessing Medicaid data.

Doctrina, ONG y prensa

(1) Financial Times. (2026). Companies reap $22bn from Trump's immigration crackdown.

(2) Heise Online. (2026). USA: The architecture of deportation and Palantir's role in the new ICE system.

(4) CNBC / The Register. (2026). Declaraciones de Alex Karp, 2 de febrero de 2026.

(5) American Immigration Council. (2025). ICE to Use ImmigrationOS by Palantir, a New AI System, to Track Immigrants' Movements.

(6) Wired. (2025). ICE Is Paying Palantir $30 Million to Build 'ImmigrationOS' Surveillance Platform.

(7) Electronic Frontier Foundation. (2026, 15 de enero). Report: ICE Using Palantir Tool That Feeds On Medicaid Data. Josh Richman.

(8) Freedom of the Press Foundation. (2026). Repression as a service.

(9) 404 Media. (2026). ELITE: The Palantir App ICE Uses to Find Neighborhoods to Raid.

(10) Business and Human Rights Centre. (2026). Investor pressure on Palantir builds in response to human rights and governance concerns (incluye confirmación de la cifra de desinversión de Cardano Risk Management).

(11) Tech4Humanity Lab, Virginia Tech. (2026). An Overview of the U.S. Immigration Surveillance Infrastructure.

(12) Sharma, C. y Adler, S. (de próxima publicación, 2027). Immigration Enforcement Intermediaries. BYU Law Review.

(13) Detention Pipeline. (2026). The Architecture of Deportation: Palantir's Expanding Role in ICE's Mass Deportation Agenda.

(14) NPR. (2026, 17 de julio). ICE shared Medicaid data it wasn't supposed to have with Palantir.

(15) Spens, B., Saini, I., Yared, A. y Islam, H. (2026). An Overview of the U.S. Immigration Surveillance Infrastructure. Tech4Humanity Lab, Virginia Tech.

(16) 404 Media. (2026). Thomson Reuters CLEAR Data Broker ICE Palantir.

(17) American Civil Liberties Union. (2026). All the Ways Palantir is Assisting Trump's Abusive Removal Campaign.

(18) Palantir Technologies. (2026, 27 de enero). Correcting the Record: Response to the EFF January 15, 2026 Report on Palantir. Palantir Blog.

(19) Wired / SiliconANGLE / Nasdaq. (2026). Cobertura del BPA DHS-Palantir de 1.000 M$, febrero de 2026.

(20) Detention Pipeline. (2026). ICE Palantir Sole Source Contracts.

(21) Fast Company. (2025, 24 de junio). Stephen Miller has a hefty financial stake in a key ICE contractor.

(22) Project on Government Oversight. (2025-2026). Stephen Miller's Financial Stake in ICE Contractor Palantir.

(24) Mijente. (2026). Respuesta de Palantir al informe de la EFF.

(26) Investor Advocates for Social Justice. (2026). Palantir Human Rights Impact Assessment Proposal.

(27) Just Futures Law. (2026). FOIA Lawsuit ICE Palantir.

(28) Reuters / Religion News Service. (2026, 3 de junio). Palantir shareholders reject human rights audit proposals.

(29) Little Sis. (2026). New Jersey Pension Fund Palantir.

(47) / (51) Investor Advocates for Social Justice. (2026, junio). Palantir Non-Insider Vote Results.

(53) / (55) Religion News Service / Global Sisters Report. (2026, 3-4 de junio). Catholic sisters push Palantir on human rights as faith leaders rally in New York.

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Nota metodológica: las cifras contractuales, el fallo del juez Chhabria, la cita de Alex Karp en CNBC, la participación financiera de Stephen Miller, la desinversión de Cardano y el resultado de la junta de accionistas de Palantir de junio de 2026 se han contrastado de forma independiente contra fuentes primarias o periodísticas de referencia (Reuters, NPR, Wired, EFF, POGO, CNBC, Business and Human Rights Centre, Investor Advocates for Social Justice). Las cifras de desinversión de fondos distintos de ABP y Cardano, así como el número de firmantes de la petición británica, proceden de fuentes secundarias de parte y se presentan con esa reserva.