Kamal v. Neidle: el primer test de la Ley Antidemanda Estratégica (SLAPP) en el Reino Unido y su relevancia para el derecho europeo

El 11 de marzo de 2026, la High Court of Justice de Inglaterra y Gales dictó una sentencia que marca un hito en la lucha contra las demandas estratégicas contra la participación pública (Strategic Lawsuits Against Public Participation – SLAPP). En el caso Kamal v. Tax Policy Associates Ltd y Neidle [2026] EWHC 551 (KB), la jueza Collins Rice aplicó por primera vez la sección 195 de la Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023, que introdujo en el ordenamiento británico un régimen específico para identificar y neutralizar litigios abusivos dirigidos a silenciar a periodistas, activistas y organizaciones que informan sobre asuntos de interés general, particularmente aquellos vinculados a la delincuencia económica.

La sentencia no solo supone la primera interpretación judicial de este novedoso instrumento legal, sino que además ilustra con crudeza los extremos a los que puede llegar un litigante –en este caso un barrister especializado en fiscalidad– en su intento de reprimir una crítica periodística sobre la promoción de esquemas de elusión fiscal. El análisis que sigue desmenuza la estructura de la decisión, las reglas aplicadas y las implicaciones que este precedente puede tener en el debate europeo sobre la futura Directiva contra las SLAPP, actualmente en tramitación.

Los hechos: una investigación periodística sobre esquemas de elusión fiscal

Dan Neidle, exsocio de Clifford Chance y reconocido periodista fiscal, dirige Tax Policy Associates Ltd, una organización sin ánimo de lucro dedicada a investigar y comentar políticas tributarias. En febrero de 2025 publicó un extenso informe en el que denunciaba un esquema de elusión fiscal promovido por una empresa llamada Arka Wealth a través de TikTok y otras redes sociales. El artículo afirmaba que Arka Wealth trabajaba con un barrister, Setu Kamal, a quien presentaban como «uno de los mejores barristers fiscales de Europa». Neidle calificaba las promesas del esquema como «absurdas» y advertía de que los usuarios no solo no ahorrarían impuestos, sino que incurrirían en importantes obligaciones fiscales anticipadas. El artículo también repasaba el historial profesional de Kamal, mencionando varios casos en los que sus argumentos habían sido rechazados por los tribunales, así como una remisión disciplinaria al Bar Standards Board (BSB) tras un procedimiento Hamid en el que el Tribunal Superior había considerado que Kamal había incumplido sus deberes para con el tribunal.

Kamal respondió con una demanda por libelo y, de forma alternativa, por malicious falsehood. En sus alegaciones iniciales, reclamaba una corrección y una disculpa pública, daños y perjuicios y una orden que obligara a los demandados a publicar una rectificación. La cuantía del daño se cifró inicialmente en ocho millones de libras, basada en un contrato supuestamente perdido con una empresa vinculada a esquemas de evasión fiscal.

La respuesta de los demandados: strike‑out, summary judgment y declaración de SLAPP

Los demandados solicitaron la terminación anticipada del proceso mediante tres vías acumuladas: (i) el strike‑out parcial de la demanda por defectos insubsanables en su formulación; (ii) el summary judgment sobre la totalidad de la reclamación al considerar que Kamal no tenía una posibilidad real de vencer la defensa de honest opinion; y (iii) la declaración de que la demanda constituía una SLAPP en el sentido de la sección 195 de la Economic Crime Act 2023, con la consiguiente aplicación de las reglas procesales específicas (especialmente el strike‑out obligatorio si el demandante no demuestra que es más probable que no que su demanda triunfará en el juicio).

Las deficiencias en la formulación de la demanda: la regla Charleston y la imposibilidad de ordenar una disculpa

La jueza Collins Rice examinó en primer lugar las deficiencias formales de la demanda. Aunque los demandados no solicitaron el strike‑out total por estos motivos, sí impugnaron tres párrafos concretos. El más llamativo era el que pretendía fundar la difamación en una parte del URL del artículo (slug) que contenía la expresión «failed tax avoidance from Arka wealth and Setu Kamal». La jueza recordó la consolidada rule in Charleston (Charleston v News Group Newspapers [1995] 2 AC 65), según la cual no puede aislarse un titular del resto del artículo para fundar una reclamación por libelo; el lector razonable hipotético considera la publicación en su conjunto. El hecho de que el slug pudiera leerse de forma independiente era irrelevante. El párrafo fue eliminado por carecer de fundamento legal.

Igmente relevante fue el strike‑out del párrafo en el que Kamal solicitaba una disculpa pública como remedio judicial. La jueza fue tajante: «un tribunal no tiene potestad para ordenar la publicación de una disculpa en procedimientos por libelo». Una disculpa solo puede ser voluntaria o formar parte del procedimiento de offer of amends (secciones 2 a 4 de la Defamation Act 1996), pero nunca impuesta coactivamente, pues ello constituiría una forma de discurso forzado incompatible con el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

La alegación de malicia: insuficiencia y falta de especificidad

La demanda también incluía una reclamación por malicious falsehood, que requería una alegación detallada de malicia. La jueza aplicó la doctrina reiterada del Tribunal Supremo y del Tribunal de Apelación (Horrocks v Lowe [1975] AC 135; Iqbal v Geo TV Ltd [2024] EWCA Civ 1566) sobre la necesidad de que los particulares de malicia sean «indicativos de una probabilidad de falsedad deshonesta», y no meras afirmaciones de animadversión, negligencia periodística o falta de equilibrio. Examinó cada uno de los diecisiete particulares de malicia enumerados por Kamal y concluyó que la mayoría se referían a conductas posteriores a la publicación –incapaces de demostrar el estado mental del demandado en el momento de publicar–, otros eran meras alegaciones de negligencia o de falta de ecuanimidad, y ninguno superaba el umbral de la «probabilidad de malicia» exigido por la jurisprudencia. La alegación de malicia fue íntegramente suprimida, lo que determinó la suerte de la reclamación por malicious falsehood.

La defensa de honest opinion y el summary judgment

Superado el filtro de las deficiencias formales, la jueza abordó la solicitud de summary judgment sobre la totalidad de la demanda por libelo, fundada en la defensa de honest opinion del artículo 3 de la Defamation Act 2013. Para ello era necesario analizar, aunque fuera de forma preliminar, los elementos de dicha defensa: (i) que la declaración sea una opinión y no un hecho; (ii) que la publicación indique, siquiera de forma genérica, la base de la opinión; (iii) que una persona honesta pudiera sostener tal opinión sobre la base de cualquier hecho existente en el momento de la publicación; y (iv) que el demandante no pueda demostrar que el demandado no sostenía realmente esa opinión.

Opinión vs. hecho: la importancia del contexto

La jueza partió de los significados difamatorios alegados por Kamal en su demanda:

• (a) que el demandante estaba profesionalmente involucrado en esquemas de elusión fiscal ilegales o desacreditados;
• (b) que el demandante proporcionaba asesoramiento temerario, poco ético o incompetente;
• (c) que el demandante suponía un riesgo para los clientes y para el público;
• (d) que debería tomarse alguna medida disciplinaria o regulatoria contra el demandante.

Aunque los demandados no aceptaban estos significados como los únicos posibles, la jueza, tomándolos como el máximo nivel de gravedad posible (pues no podía atribuir un significado más injurioso que el alegado por el demandante), examinó si existía alguna posibilidad real de que un tribunal considerara que alguno de ellos constituía una alegación de hecho y no de opinión.

La respuesta fue negativa. Los significados (c) y (d) –«supone un riesgo» y «debería tomarse alguna medida»– son expresiones de opinión por su propia redacción (el uso del verbo «debería» es paradigmático). En cuanto a (b), la afirmación de que «proporcionaba asesoramiento» podría ser un hecho, pero el núcleo difamatorio reside en los calificativos «temerario, poco ético o incompetente», que son claramente opiniones. Finalmente, el significado (a) –«involucrado en esquemas ilegales o desacreditados»– también descansa en los adjetivos «ilegales o desacreditados», que en el contexto del artículo –un análisis crítico sobre la falta de fundamento de determinados esquemas fiscales– no pueden entenderse sino como la valoración del autor sobre la naturaleza de dichos esquemas. La jueza subrayó que los tribunales deben ser cautelosos a la hora de atribuir carácter fáctico a declaraciones cuando el contexto general de la publicación –un artículo de opinión y análisis especializado– indica claramente al lector razonable que está ante juicios de valor y no ante afirmaciones de hechos desnudos.

La base de la opinión: suficientemente indicada

El artículo de Neidle contenía numerosas referencias a hechos concretos: sentencias judiciales, resoluciones del BSB, publicaciones de Arka Wealth y de HMRC, y declaraciones del propio Kamal. Aunque el demandante discrepaba sobre la corrección o suficiencia de esos hechos, la ley solo exige que la base de la opinión esté indicada, no que sea completa o veraz. La jueza consideró indiscutible que el artículo cumplía sobradamente con el requisito del artículo 3.3.

El test de la persona honesta y los hechos concurrentes

Los demandados aportaron un extenso listado de hechos públicos –sentencias, inclusiones en listados de HMRC, resoluciones del BSB– que, a juicio de la jueza, permitían a cualquier persona honesta, por muy obstinada o parcial que fuera, sostener las opiniones expresadas en el artículo. El hecho de que Kamal negara su participación en el esquema de Arka Wealth o discutiera la interpretación de las sentencias era irrelevante a estos efectos: la defensa de honest opinion no exige que la opinión sea razonable, equilibrada o incluso veraz, solo que quien la emite la sostenga honestamente sobre la base de hechos existentes.

La falta de prueba de que Neidle no sostuviera realmente la opinión

Finalmente, el demandante no ofreció ningún principio de prueba que permitiera cuestionar la declaración jurada de Neidle en la que afirmaba sostener honestamente todas y cada una de las opiniones vertidas en el artículo. El mero hecho de que Kamal las considerara erróneas o incluso maliciosas no equivalía a demostrar la falta de honestidad del periodista. La jueza concluyó que no existía una posibilidad real de que Kamal pudiera vencer la defensa de honest opinion, por lo que concedió el summary judgment a los demandados sobre la totalidad de la demanda.

El análisis SLAPP: la primera aplicación de la sección 195 de la Economic Crime Act 2023

Aunque las decisiones anteriores hacían innecesario el análisis de la naturaleza SLAPP de la demanda, la jueza consideró oportuno pronunciarse sobre ella dada la relevancia del nuevo régimen legal y la profusión de pruebas aportadas por los demandados. El artículo 195 define una SLAPP como aquella demanda en la que concurren cuatro condiciones acumulativas:

1. (a) el comportamiento del demandante tiene, o está destinado a tener, el efecto de restringir el ejercicio del derecho a la libertad de expresión del demandado;
2. (b) la información cuya divulgación se pretende restringir tiene que ver con la delincuencia económica;
3. (c) alguna parte de esa divulgación se realiza con una finalidad relacionada con el interés público en la lucha contra la delincuencia económica;
4. (d) algún comportamiento del demandante está destinado a causar al demandado acoso, alarma, angustia, gastos u otros perjuicios o molestias más allá de los ordinariamente encontrados en un litigio correctamente conducido.

La libertad de expresión en juego y la irrelevancia de su licitud

La sección 195.2 ordena que, a los efectos de los apartados (a) y (c), se ignoren las limitaciones legales a la libertad de expresión (como las derivadas de la ley de difamación). Es decir, aunque el artículo de Neidle pudiera resultar difamatorio (cuestión que no se había determinado), la demanda de Kamal tenía indudablemente por objeto restringir su publicación, por lo que el primer requisito se cumplía.

La información sobre delincuencia económica

El artículo de Neidle denunciaba un esquema que, a su juicio, exponía a los usuarios a graves riesgos fiscales y, en determinadas circunstancias, podía constituir el delito de cheating the public revenue (incluido en el Anexo 11 de la Economic Crime Act). Neidle declaró bajo juramento que sospechaba que podía haberse cometido un delito económico y que creía que la publicación del artículo facilitaría una investigación. La jueza aceptó esta declaración como prueba suficiente del elemento subjetivo exigido por el artículo 195.3, sin necesidad de que existiera una certeza objetiva sobre la comisión del delito.

La finalidad de interés público

El propio artículo contenía llamadas explícitas a que HMRC investigara el esquema y a que se adoptaran medidas legislativas y regulatorias para combatir este tipo de prácticas. Neidle confirmó en su declaración que esa era precisamente la finalidad de la publicación. El requisito se cumplía.

La intencionalidad lesiva del demandante

El elemento más complejo de acreditar era el último: la intencionalidad del demandante de causar al demandado perjuicios más allá de los propios de un litigio normal. Los demandados invocaron una larga lista de conductas de Kamal: (i) intentos de obtener acceso a la base de suscriptores del medio; (ii) solicitud de medidas cautelares urgentes sin notificar a la parte contraria y sin cumplir con el deber de candor; (iii) reclamación de una indemnización de ocho millones de libras basada en un contrato que, a la luz de la información pública, resultaba manifiestamente sobrevalorado; (iv) exigencia de disculpas y declaraciones públicas forzadas que ningún tribunal puede ordenar; (v) uso de procedimientos de data protection para presionar a los demandados; (vi) resistencia injustificada a admitir los claros términos de las resoluciones judiciales que le afectaban; (vii) uso de inteligencia artificial generativa que produjo referencias jurisprudenciales inventadas («alucinaciones») en la correspondencia entre partes.

La jueza reconoció que algunas de estas conductas podían atribuirse al desconocimiento del demandante en materia de libelo, pero otras no. En particular, la solicitud de medidas cautelares on notice sin notificar a la parte contraria –apenas unos meses después de que el propio Kamal hubiera sido objeto de un procedimiento Hamid por incumplir sus deberes de candor ante el tribunal– no podía explicarse por un mero error. La inflación deliberada de la cuantía del daño, reclamando ocho millones de libras sobre la base de un contrato que no resistía el más mínimo análisis, era otra muestra de comportamiento destinado a causar alarma y gastos desproporcionados a los demandados. La jueza concluyó que, al menos en estos dos aspectos, concurría la intencionalidad requerida por la ley. En consecuencia, declaró que la demanda constituía una SLAPP.

El efecto disuasorio sobre la libertad de prensa

Neidle declaró que, como consecuencia de las amenazas y presiones de Kamal, su organización había tenido que suspender una investigación de gran calado sobre esquemas de elusión fiscal que podrían estar costando a la Hacienda pública entre 3.000 y 5.000 millones de libras anuales. La mera existencia de la demanda, unida a la desproporción de las pretensiones, había producido un claro efecto amedrentador. Este testimonio no fue contradicho por Kamal.

La aplicación del strike‑out por SLAPP

El nuevo Civil Procedure Rule 3.4(2)(d) permite al tribunal dictar el strike‑out de una demanda declarada SLAPP si el demandante no demuestra que es más probable que no que la demanda triunfaría en el juicio. Dado que la jueza ya había concedido el summary judgment por otras razones, no era necesario aplicar este precepto. No obstante, señaló que, de haber sido necesario, la demanda de Kamal no habría superado el umbral exigido, habida cuenta de las deficiencias probatorias y de las propias conclusiones alcanzadas en la sentencia.

Conclusiones y relevancia para el derecho español y europeo

La sentencia Kamal v. Neidle constituye el primer test judicial de la nueva legislación británica contra las SLAPP, y ofrece lecciones de gran valor para el debate en curso en la Unión Europea sobre la propuesta de Directiva contra las demandas estratégicas. Entre las enseñanzas más destacables se encuentran:

• La importancia de un test objetivo pero matizado. La ley británica combina elementos objetivos (la naturaleza de la información, la finalidad de la publicación) con elementos subjetivos (la creencia del demandado, la intención del demandante). Esta estructura permite filtrar adecuadamente las demandas abusivas sin necesidad de que el demandado demuestre la verdad material de todas sus afirmaciones.

• La necesidad de proteger el periodismo de investigación sobre delincuencia económica. El caso evidencia cómo una demanda aparentemente basada en la protección de la reputación puede ocultar un intento de silenciar investigaciones que afectan a intereses económicos de gran calado.

• El papel de las costas y las medidas cautelares. La imposibilidad de que un tribunal ordene una disculpa, la exigencia de cumplir escrupulosamente los deberes procesales (especialmente en materia de medidas cautelares) y la posibilidad de que los demandados puedan recuperar sus costas incluso cuando la demanda no prospera son elementos disuasorios esenciales.

• La necesidad de una formación especializada en los tribunales. La complejidad técnica de estos litigios –que combinan derecho de la comunicación, derecho penal económico y procedimiento civil– requiere jueces familiarizados con todas estas dimensiones.

En el contexto español, donde actualmente se tramita en el Congreso una proposición de ley contra las SLAPP, el precedente británico subraya la conveniencia de articular mecanismos procesales ágiles que permitan identificar y neutralizar estas prácticas en fases tempranas del litigio, sin necesidad de esperar a la sentencia definitiva. La experiencia del Reino Unido demuestra que una definición precisa de los elementos que configuran una SLAPP, combinada con la posibilidad de obtener un strike‑out temprano cuando el demandante no acredita un mínimo de viabilidad, puede resultar eficaz para proteger la libertad de expresión sin menoscabar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

• La Directiva europea contra las SLAPP, actualmente en fase de negociación, debería tomar nota de esta sentencia y garantizar que los Estados miembros introduzcan en sus ordenamientos instrumentos procesales con un alcance y una eficacia similares. La aproximación británica, aunque surgida en el contexto específico de la lucha contra la delincuencia económica, ofrece un modelo de equilibrio que podría inspirar la futura regulación europea.

• La necesidad de un cambio cultural en la abogacía. El hecho de que el demandante fuera un barrister con veinte años de ejercicio, y que hubiera sido recientemente amonestado por el BSB por incumplir sus deberes para con el tribunal, subraya la importancia de que los colegios profesionales supervisen de cerca las conductas de sus miembros que puedan constituir un uso abusivo del proceso judicial con fines de censura.

• El papel de la sociedad civil. Organizaciones como Tax Policy Associates demuestran que el periodismo independiente y especializado puede desempeñar una función esencial en el control del poder económico y en la defensa del interés público. La protección legal frente a las SLAPP es una condición necesaria para que este tipo de iniciativas puedan desarrollarse sin temor a represalias judiciales desproporcionadas.

Referencias normativas y jurisprudenciales

• Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023, section 195.
• Defamation Act 2013, section 3.
• Civil Procedure Rules, r. 3.4(2)(d) y r. 24.2.
• Charleston v News Group Newspapers Ltd [1995] 2 AC 65.
• Horrocks v Lowe [1975] AC 135.
• Iqbal v Geo TV Ltd [2024] EWCA Civ 1566.
• R (OAO Apricot Umbrella Ltd) v HMRC (Divisional Court, [2024] EWHC 665 (Admin)).

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