Alucinaciones de inteligencia artificial en litigios federales y doctrina de jurisdicción primaria: Medal v. Amazon.com Services, LLC

La resolución dictada el 27 de febrero de 2026 por el juez John H. Chun del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington, en el asunto Medal v. Amazon.com Services, LLC, caso núm. 2:23-cv-01975-JHC, plantea dos cuestiones jurídicas de creciente relevancia práctica. La primera concierne al uso no supervisado de modelos de lenguaje de gran escala (large language models, en adelante LLM) en la preparación de escritos judiciales y a las responsabilidades deontológicas y procesales que de ello se derivan. La segunda versa sobre los límites de la doctrina de jurisdicción primaria como mecanismo para suspender litigios de protección de consumidores a la espera de una futura regulación administrativa. El tribunal denegó la solicitud de suspensión formulada por Amazon, al concluir que ni los factores del test Syntek ni las consideraciones de eficiencia justificaban la deferencia a la FDA. Paralelamente, el tribunal advirtió —sin imponer todavía sanción alguna— que abordará en resolución separada la inclusión en la demanda de una cita legal inexistente generada por un LLM.

La cita fabricada por inteligencia artificial: responsabilidad profesional y Rule 11

Los hechos

Los abogados de las demandantes citaron «21 U.S.C. § 343(r)(6)(D)» como fundamento normativo del requisito de que los avisos DSHEA figuren de forma «destacada» en el etiquetado de suplementos dietéticos. El tribunal constató que dicha subsección no existe. En escrito separado (Dkt. # 125), los letrados reconocieron que la cita inexistente era fruto del «uso insuficientemente supervisado de un modelo de lenguaje de gran escala». El tribunal calificó la inclusión de esta aparente confabulación de «inaceptable» y anunció que trataría la cuestión en resolución aparte. Este incidente se inscribe en una pauta creciente de alucinaciones generadas por LLMs que afloran en escritos presentados ante tribunales federales. El precedente más citado es Mata v. Avianca, Inc., 22-cv-1461 (S.D.N.Y. 2023), en el que dos abogados fueron sancionados con arreglo a la Regla Federal de Procedimiento Civil 11 por haber incorporado a su escrito citas jurisprudenciales íntegramente fabricadas por ChatGPT. La resolución en Medal no impone sanción todavía, pero la reserva expresa del tribunal señala que la cuestión merece atención formal más allá de una nota a pie de página.

El marco normativo aplicable: responsabilidad deontológica y Rule 11

La Regla Federal de Procedimiento Civil 11(b) establece que el abogado que suscribe un escrito certifica que, «en la medida de su conocimiento adquirido tras una investigación razonable atendidas las circunstancias», las alegaciones jurídicas contenidas en él «están amparadas por el derecho vigente». Esta obligación de verificación diligente no queda satisfecha por el mero hecho de delegar la investigación en una herramienta de inteligencia artificial sin contrastar posteriormente los resultados con fuentes primarias. La Opinión Formal 512 de la American Bar Association (2023) sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa aborda esta cuestión de manera directa. Si bien la opinión no prohíbe el empleo de LLMs, establece que la competencia profesional exigida por la Regla Modelo 1.1 obliga al abogado a comprender los riesgos materiales de cualquier tecnología que utilice, incluida la conocida tendencia de los sistemas de IA generativa a producir citas jurídicas plausibles pero factuamente incorrectas. La supervisión de los resultados generados por IA no es, por tanto, una buena práctica recomendable, sino un componente integrante del deber de competencia. En el caso Medal, la infracción se vio agravada por el hecho de que la subsección inexistente —§ 343(r)(6)(D)— fue citada de forma reiterada en la demanda operativa. El tribunal señaló, con cierta benevolencia, que el error no afectó a su análisis de fondo. Esta circunstancia atenuante es específica del caso y no debe interpretarse como una señal de que las alucinaciones de LLMs en escritos judiciales sean inocuas. Los tribunales han mostrado una disposición creciente a imponer sanciones económicas, obligaciones de revelación y, en casos graves, remisión a los colegios de abogados.

Consecuencias prácticas para el ejercicio profesional

La resolución en Medal, en conjunción con Mata y la normativa deontológica emergente, consolida varios principios de aplicación inmediata: En primer lugar, la verificación de toda cita normativa o jurisprudencial generada con ayuda de IA en fuentes primarias autorizadas —ya sea Westlaw, Lexis o el repositorio oficial del Código de los Estados Unidos— constituye un mínimo no delegable antes de cualquier presentación ante un tribunal. El resultado del LLM es un punto de partida para la investigación, no un entregable listo para ser incorporado al escrito. En segundo lugar, los despachos que hayan adoptado flujos de trabajo de investigación asistida por IA deben implementar protocolos formales de control de calidad que requieran la validación por parte de un abogado habilitado —no de un paralegal o de un asociado sin supervisión— de la existencia y exactitud de todas las citas antes de la presentación. En tercer lugar, el anuncio del tribunal de una resolución separada sobre este asunto sugiere que podría imponer una obligación de revelación, exigir medidas de subsanación o explorar sanciones al amparo de la Rule 11, del artículo 28 U.S.C. § 1927 —que sanciona la multiplicación irrazonable y vejatoria de actuaciones procesales— o de la potestad inherente del tribunal. Los abogados de las demandantes deben estar preparados para ese procedimiento.

La doctrina de jurisdicción primaria: límites de la deferencia administrativa en litigios de etiquetado alimentario

Cuestión jurídica

La cuestión procesal central era si la doctrina de jurisdicción primaria justificaba la suspensión del litigio a la espera de la reforma reglamentaria que la FDA tiene previsto acometer sobre el artículo 21 C.F.R. § 101.93(d), esto es, el precepto que exige que los avisos DSHEA figuren «en cada panel o página» de la etiqueta de un suplemento dietético que contenga una declaración de propiedades saludables.

El marco normativo: el test Syntek y la eficiencia como factor decisivo

La jurisdicción primaria es una doctrina de carácter prudencial que permite a los tribunales federales remitir cuestiones a un organismo administrativo con autoridad reguladora especializada cuando ello sirve mejor a los objetivos de interpretación uniforme y análisis experto. Syntek Semiconductor Co. v. Microchip Tech. Inc., 307 F.3d 775 (9th Cir. 2002), identifica cuatro factores relevantes: (1) la necesidad de resolver una cuestión (2) atribuida por el Congreso a la competencia de un organismo administrativo (3) en el marco de un régimen regulador integral (4) que requiere conocimiento técnico o uniformidad en su aplicación. Astiana v. Hain Celestial Grp., Inc., 783 F.3d 753, 760 (9th Cir. 2015), añade que la eficiencia es el factor decisivo: la doctrina no debe aplicarse cuando «supondría un retraso innecesario en la resolución de las pretensiones».

Aplicación de los factores Syntek

Factores primero y segundo: ausencia de cuestión novedosa. El tribunal concluyó que los dos primeros factores Syntek desaconsejan la suspensión. La tarea central del litigio —comparar el texto del artículo § 101.93(d) con las etiquetas tal y como figuran en la plataforma de Amazon— es una función jurisdiccional ordinaria. Los tribunales del Noveno Circuito llevan a cabo esta comparación de forma habitual sin necesidad de intervención de la FDA. Kosta v. Del Monte Corp., 2013 WL 2147413 (N.D. Cal. 2023). No existe ninguna cuestión de primera impresión: el tenor del reglamento es claro y ninguna ambigüedad requiere que la agencia lo interprete en primera instancia. El tribunal distinguió el presente asunto de los casos conocidos como «evaporated cane juice» (ECJ), en los que los tribunales aplicaron la doctrina de jurisdicción primaria porque el alcance del término «natural» planteaba una incertidumbre interpretativa genuina que requería la pericia de la agencia. Kane v. Chobani, LLC, 645 F. App'x 593 (9th Cir. 2016). Análogamente, los casos sobre cannabidiol (CBD) justificaron la suspensión porque el Congreso no había establecido aún un régimen regulador para dichos productos. Colette v. CV Scis., Inc., 2020 WL 2739861 (C.D. Cal. 2020). Ninguna de estas analogías resulta aplicable al presente caso: el artículo § 101.93(d) lleva en vigor desde la aprobación de la DSHEA en 1993 y su tenor operativo —«en cada panel o página»— es inequívoco. Factor tercero: concedido. El tribunal consideró, y las demandantes no lo discutieron en su oposición, que el etiquetado de suplementos dietéticos se encuadra dentro del régimen regulador integral de la FDA en materia de etiquetado alimentario. Este factor favorece la suspensión, pero por sí solo resulta insuficiente para imponerla. Factor cuarto: la presunción contra la retroactividad excluye la suspensión. La parte analíticamente más significativa de la resolución concierne al cuarto factor Syntek, esto es, si la inminente reforma del artículo § 101.93(d) crearía un conflicto que requiriese la intervención de la administración. Amazon sostuvo que hacer cumplir el requisito «each panel» mientras la FDA prepara su eliminación generaría resultados incoherentes. El tribunal rechazó este argumento sobre la base de la consolidada presunción contra la retroactividad. Con arreglo a Landgraf v. USI Film Prods., 511 U.S. 244, 272 (1994), los actos legislativos del Congreso y las normas administrativas no se aplican retroactivamente salvo que exista una habilitación legal expresa. Ni el artículo § 101.93 ni su norma habilitante, 21 U.S.C. § 343(r)(6), contienen previsión alguna de eficacia retroactiva. La carta de la FDA de diciembre de 2025, en la que anuncia su intención de iniciar un procedimiento de elaboración normativa, tampoco indica que cualquier nueva regulación vaya a aplicarse con carácter retroactivo. El tribunal distinguió las resoluciones citadas por Amazon —Dasilva, Colette y Gitson— al señalar que dichos casos se enmarcaban en contextos reguladores genuinamente novedosos (productos de CBD y ECJ) en los que la eficacia retroactiva era, cuando menos, plausible. En el presente caso, el artículo § 101.93(d) lleva en vigor más de tres décadas y la propia DSHEA nunca ha sido objeto de una revisión sustantiva de esta naturaleza. La inferencia de que una futura modificación prospectiva del reglamento alcanzaría retroactivamente a conductas pasadas es, a juicio del tribunal, una mera especulación carente de respaldo en el expediente.

Consideraciones de eficiencia

El procedimiento está pendiente desde 2023. A falta de un calendario preciso para el procedimiento de elaboración normativa de la FDA —y teniendo en cuenta que la elaboración de normas con audiencia y comentarios públicos en el marco de la Ley de Procedimiento Administrativo suele prolongarse durante años—, una suspensión impondría un retraso sustancial sobre las pretensiones ya devengadas de las demandantes. Samson v. United Healthcare Servs., Inc., 2019 WL 2173454, at *5 (W.D. Wash. 2019). El criterio de eficiencia desaconseja, por tanto, de forma autónoma, la aplicación de la doctrina de jurisdicción primaria.

El argumento de preemption

El argumento subsidiario de Amazon —según el cual una eventual reforma del artículo § 101.93(d) podría «informar» una defensa de preemption al amparo de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos— fue igualmente desestimado. Con arreglo a Davidson v. Sprout Foods, Inc., 106 F.4th 842 (9th Cir. 2024), las pretensiones fundadas en la Sherman Law que se limitan a reproducir los requisitos federales de etiquetado alimentario no están implícitamente desplazadas por el derecho federal, precisamente porque no obligan al tribunal a resolver cuestiones «reservadas a la FDA». Dado que cualquier futura modificación del artículo § 101.93(d) tendría eficacia prospectiva, las pretensiones de las demandantes —relativas al régimen de etiquetado vigente durante el período de la clase— seguirían rigiéndose por el reglamento entonces en vigor. El problema de preemption, por tanto, no llega a plantearse. La línea jurisprudencial de la FMCSA (Connell v. Heartland Express; Ayala v. U.S. Xpress) —en la que los tribunales apreciaron que determinadas órdenes de la agencia tenían eficacia retroactiva para desplazar pretensiones de derecho estatal— resulta distinguible: esas resoluciones versaban sobre una orden federal que desplazaba de forma explícita una disposición identificada del derecho laboral de California, no sobre una modificación prospectiva de un reglamento federal que pudiera hipotéticamente afectar a conductas pasadas.

Argumentos de las partes

La posición de las demandantes

Las demandantes sostienen que el caso debe proseguir por varias razones fundamentadas. Primero, argumentan que la carta de la FDA —emitida el 18 de febrero de 2026— no constituye una acción formal que desplace el derecho estatal, sino meramente una expresión de intención regulatoria futura. Segundo, señalan que incluso si se considerara una acción formal, la doctrina de jurisdicción primaria no sería aplicable porque el caso no presenta una cuestión genuinamente novedosa que justifique la deferencia. Tercero, destacan que la presunción contra la retroactividad impide que una futura modificación regulatoria pueda afectar pretensiones ya devengadas bajo el régimen vigente durante el período de la clase.

La posición de Amazon

Amazon basa su solicitud de suspensión en dos pilares argumentativos. El primero sostiene que la carta de la FDA constituye una acción formal que informa de una futura reforma regulatoria que podría desplazar las pretensiones estatales fundadas en la Sherman Law. El segundo argumento es que, incluso sin considerar la carta como una acción formal, el caso presenta una cuestión federal preeminente —la regulación de suplementos dietéticos— que justifica la aplicación de la doctrina de jurisdicción primaria bajo el test Syntek. Amazon invoca precedentes como Davidson v. Sprout Foods para sostener que las pretensiones de las demandantes, al reproducir estándares federales de etiquetado, estarían implícitamente desplazadas por el derecho federal.

Alcance sistémico: gobernanza de la IA en los tribunales y deferencia administrativa en un contexto desregulador

La judicialización de la gobernanza de la IA en el proceso

Los tribunales de todo el país están abordando la cuestión de cómo regular el uso de la IA por parte de los abogados. Varios distritos han dictado órdenes permanentes que exigen revelar cuándo se han utilizado herramientas de IA en la preparación de escritos (entre otros, N.D. Tex. y D. Colo.). El Distrito Oeste de Washington no ha emitido todavía una orden permanente de este tipo, pero el anuncio del juez Chun de una resolución separada en Medal puede dar lugar a ello. La tendencia emergente apunta a: (a) obligación de revelar el uso de herramientas de IA asistida en la investigación jurídica; (b) certificación por parte del letrado firmante de la verificación independiente de todas las citas; y (c) posibles sanciones económicas ante fallos de supervisión.

Jurisdicción primaria y el actual contexto desregulador

La carta de la FDA anunciando su intención de reformar el artículo § 101.93(d) es, en apariencia, fruto del proceso desregulador impulsado por la Solicitud de Información del Departamento de Salud y Servicios Humanos de mayo de 2025. La resolución en Medal resiste, de forma implícita, la utilización de la doctrina de jurisdicción primaria como mecanismo para blindar a los demandados frente a la responsabilidad sobre la base de cambios regulatorios anticipados pero aún no materializados. Esta señal doctrinal es significativa: los tribunales no suspenderán procedimientos por el mero hecho de que una agencia haya manifestado su intención de desregular, especialmente cuando no existe un calendario preciso y no hay indicación alguna de que las futuras normas vayan a aplicarse retroactivamente.

Conclusiones y recomendaciones prácticas

• Sobre el uso de LLMs en el ejercicio de la abogacía: cualquier cita normativa o jurisprudencial generada con ayuda de IA debe verificarse de forma independiente en fuentes primarias autorizadas antes de su presentación. No hacerlo expone al letrado a sanciones conforme a la Rule 11, a remisión disciplinaria y a daño reputacional. Los despachos deben adoptar protocolos formales de investigación asistida por IA con validación obligatoria por parte de un abogado habilitado.
• Sobre la doctrina de jurisdicción primaria: la doctrina no opera como blindaje preventivo frente al litigio por el mero hecho de que una agencia anuncie su intención de revisar un reglamento. Los factores Syntek exigen una cuestión genuinamente novedosa o una ambigüedad técnica, no la mera posibilidad de un cambio regulatorio futuro. Los tribunales insistirán en la eficiencia y no tolerarán retrasos de duración indeterminada.
• Sobre la presunción contra la retroactividad: la presunción contra la aplicación retroactiva de las normas administrativas es sólida. Los demandados que soliciten la suspensión con el argumento de que futuras reformas afectarán a pretensiones ya devengadas soportan una carga probatoria exigente que no queda satisfecha por la mera señalización de la agencia.
• Sobre el requisito del aviso DSHEA: hasta que el artículo § 101.93(d) sea formalmente modificado mediante el procedimiento de elaboración normativa con audiencia y comentarios públicos, el requisito «en cada panel o página» sigue siendo exigible. Las plataformas y los fabricantes de suplementos no deben interpretar la carta de la FDA como una exención de cumplimiento.
• Sobre las pretensiones fundadas en la Sherman Law: tal y como confirma Davidson v. Sprout Foods, las pretensiones amparadas en la Sherman Law que reproducen los estándares federales de etiquetado alimentario no están desplazadas por el derecho federal. Los demandados no pueden eludir la responsabilidad apelando a eventuales cambios regulatorios federales de carácter prospectivo.

Nota: El presente análisis se basa en la resolución judicial disponible públicamente, de fecha 27 de febrero de 2026 (Dkt. # 128, caso núm. 2:23-cv-01975-JHC). No constituye asesoramiento jurídico. Para orientación específica sobre cada asunto, consúltese con abogado habilitado en la jurisdicción correspondiente. SENTENCIA

Descargar la resolución completa: Medal v. Amazon USA 27 February 2026

Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington