Broligarquía global: cómo los tecnoligarcas capturan Estados

Peter Thiel compró el 1% de la mayor petrolera de Vaca Muerta. Elon Musk escribió más de 110 mensajes sobre política británica en una sola semana. Argentina ofrece treinta años de estabilidad fiscal a quien invierta mil millones de dólares en inteligencia artificial. Tres hechos, un mismo actor colectivo: un puñado de multimillonarios tecnológicos que ya no se limita a vender software a los Estados. Negocia con ellos de igual a igual y, en varios episodios recientes, desde una posición de ventaja.

La periodista Carole Cadwalladr, que destapó el escándalo de Cambridge Analytica, acuñó en 2024 el término broligarchy para nombrar esa "convergencia del poder corporativo y estatal" (1). El fenómeno tiene consecuencias jurídicas concretas: en la soberanía sobre infraestructuras críticas, en la capacidad regulatoria de los Estados frente a plataformas sistémicas y en el estatuto jurídico de los propios agentes de IA. Este artículo revisa el caso argentino como laboratorio, la injerencia tecnoligárquica en la política europea y el marco normativo con el que la Unión Europea intenta contener ambos frentes.

Argentina como laboratorio regulatorio

El desembarco de Thiel en Vaca Muerta

El 23 de abril de 2026, Peter Thiel se reunió con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada (2). Cuatro meses después, una presentación trimestral ante la Securities and Exchange Commission reveló que su fondo Thiel Macro LLC había comprado, durante el segundo trimestre del año, cerca de 1,2 millones de acciones (American Depositary Shares) de Vista Energy. Vista es la mayor exportadora de petróleo de Argentina, con operaciones centrales en Vaca Muerta. El valor de la compra rondó los 76 millones de dólares, un 1% del capital de la empresa (3)(4). Fue la posición no estadounidense más relevante de la cartera del fondo, solo por detrás de Amazon (4).

El movimiento se sumó a otro gesto de arraigo personal: semanas antes, Thiel había comprado una mansión de 12 millones de dólares en Palermo Chico, un barrio exclusivo de Buenos Aires, y matriculado temporalmente a sus hijos en un colegio local (5)(6). Según fuentes citadas por The New York Times, la decisión combina varios motivos: preocupación por el rumbo fiscal de Estados Unidos, en particular por un eventual impuesto a los grandes patrimonios en California; afinidad ideológica con el proyecto libertario de Milei; y un interés declarado en mantener "países de respaldo" ante escenarios de conflicto global. Esa misma lógica lo había llevado antes a pedir la ciudadanía neozelandesa en 2011 y un pasaporte maltés en 2022 (6).

La respuesta social no se hizo esperar. El 17 de agosto de 2026, un grupo autodenominado "Ciudadan@s Gandalf" se manifestó frente a la residencia de Thiel disfrazado del personaje de El Señor de los Anillos, con pancartas y cánticos que reclamaban su salida del país (7). La elección del símbolo no fue casual: remite directamente a Palantir Technologies, la empresa de análisis de datos que Thiel cofundó y bautizó con el nombre de las piedras videntes de la Tierra Media. El blanco de la protesta era la vigilancia de datos, no la inversión petrolera.

El "Gemelo Digital Social" y la sombra de Palantir

Meses antes de esa protesta, el Ministerio de Capital Humano había anunciado el lanzamiento de un programa bautizado "Gemelo Digital Social", pensado para integrar registros del Renaper, la Anses, el PAMI y la agencia tributaria ARCA en un núcleo operativo único, capaz de predecir comportamientos y simular el impacto de medidas de ajuste (8). El nombre coincide, letra por letra, con uno de los productos comerciales de Palantir. La coincidencia temporal con la presencia de Thiel en el país alimentó la sospecha de que la compañía estuviera detrás del proyecto. El propio Gobierno argentino negó esa participación, tanto de Thiel como de cualquier otra empresa externa (5).

Aquí conviene separar lo documentado de lo especulado, porque es justo donde el rigor jurídico marca la diferencia con la nota periodística. No existe, a la fecha de cierre de este artículo, un contrato público confirmado entre el Estado argentino y Palantir Technologies para el uso del sistema Gotham en las Fuerzas Armadas. Lo que sí está documentado es la arquitectura del riesgo: un programa estatal de perfilado masivo de datos ciudadanos, sin ley de protección de datos actualizada a los estándares del Reglamento General de Protección de Datos europeo, promovido por un Gobierno que mantiene una relación personal estrecha con el principal accionista de la empresa que ofrece justo ese servicio. La ausencia de contrato no resuelve el problema de gobernanza. Lo traslada a un terreno más difícil de fiscalizar: el de la influencia informal sobre el diseño institucional.

El marco fiscal: la Ley Bases y el "Súper RIGI"

La atracción de capital tecnológico no depende solo de vínculos personales. Argentina construyó un andamiaje normativo específico. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), incorporado en 2024 mediante la Ley de Bases, ofrece treinta años de estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria a proyectos superiores a 200 millones de dólares (9). En mayo de 2026 el Poder Ejecutivo remitió al Congreso una versión ampliada, el "Súper RIGI" (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias), que eleva el umbral de entrada a 1.000 millones de dólares, reduce el impuesto a las ganancias corporativas del 35% al 15% y suma la inteligencia artificial, los centros de datos y los semiconductores a la lista de sectores elegibles (10)(11). La Cámara de Diputados aprobó el proyecto el 25 de junio de 2026 por 130 votos contra 106. Al cierre de esta edición sigue su trámite en el Senado (12).

El contraste con la región es revelador. El régimen brasileño REDATA exige reserva de capacidad local, inversión en I+D y despliegue regional como condición estatutaria. El Súper RIGI no impone ninguna obligación de conectividad, transferencia tecnológica ni contratación local (12). Se trata de una decisión de política económica legítima: Argentina compite por inversión en un mercado global donde otros países ofrecen condiciones similares. Pero desde la gobernanza de la IA deja una pregunta abierta. ¿Qué margen retiene el Estado para regular, auditar o intervenir sobre infraestructuras de cómputo blindadas durante treinta años y sujetas a arbitraje internacional obligatorio?

Milei ha sido explícito sobre el sentido de esa apuesta. En una columna publicada en el Financial Times propuso una nueva categoría jurídica, la "corporación no humana", para entidades gestionadas por sistemas de inteligencia artificial sin necesidad de una persona física responsable (13). Especialistas en derecho societario argentino han señalado que esa figura choca de frente con el artículo 59 de la Ley General de Sociedades, que exige un administrador identificable y solvente. Sustituir esa responsabilidad por una ficción algorítmica no es un ajuste técnico. Es una ruptura con un pilar del derecho mercantil comparado (14). El propio análisis técnico que motivó la propuesta reconoce el problema y sugiere mantener la exigencia de un titular humano responsable detrás de cualquier agente autónomo, para no repetir en sede corporativa la misma pregunta que ya plantea el reconocimiento facial: quién responde cuando el sistema se equivoca (14).

La injerencia tecnoligárquica en la política europea

Musk y la política británica y alemana

La proyección del fenómeno hacia Europa tiene un protagonista distinto. Según reveló el Financial Times en junio de 2026, Elon Musk escribió más de 110 mensajes, reenvíos y respuestas sobre política británica en una sola semana, coincidiendo con el juicio por el asesinato del estudiante Henry Nowak y la inminente elección parcial de Makerfield. La política británica ocupó más de un tercio de su actividad en X en ese periodo, casi el triple del espacio dedicado a SpaceX, empresa que buscaba entonces una valoración de 1,8 billones de dólares para su salida a bolsa (15). Musk respaldó abiertamente a Restore Britain, el partido de extrema derecha liderado por Rupert Lowe, y el líder liberaldemócrata Ed Davey calificó su intervención de "campaña coordinada de injerencia extranjera" (15). El primer ministro Keir Starmer acusó directamente a Musk de intentar "avivar la división" en el país.

En diciembre de 2024 ya había ocurrido algo parecido con Alemania. Musk escribió en X que "solo la AfD puede salvar a Alemania", en referencia a Alternativa para Alemania, semanas antes de las elecciones anticipadas de febrero de 2025 (16). El servicio de inteligencia interior alemán vigila al partido por sospechas de extremismo. Un estudio del instituto IZA calculó después que el respaldo de Musk le costó a Tesla al menos 6.500 vehículos menos vendidos en Alemania durante el primer semestre de 2025, unos 241 millones de euros en ingresos (17).

La dimensión que distingue estos episodios de una simple opinión política ruidosa es infraestructural. Starlink, propiedad de SpaceX, presta servicio a las fuerzas armadas ucranianas y a aliados de la OTAN para comunicaciones militares críticas (18). Cuando quien controla esa infraestructura interviene al mismo tiempo en la política interna de los países que dependen de ella, la línea entre influencia mediática y presión geopolítica se vuelve difícil de trazar.

La Ley de Servicios Digitales y la primera sanción a X

La Unión Europea dispone desde 2022 de un instrumento específico para plataformas sistémicas: el Reglamento (UE) 2022/2065, la Ley de Servicios Digitales (DSA), que faculta a la Comisión Europea a imponer multas de hasta el 6% de la facturación global anual de la empresa infractora (19). El 5 de diciembre de 2025 la Comisión ejerció por primera vez esa potestad sancionadora en materia de contenidos: impuso a X una multa de 120 millones de euros, unos 140 millones de dólares, por incumplir las obligaciones de transparencia del reglamento, en concreto por el diseño engañoso de su sistema de verificación mediante pago y por negar acceso a datos publicitarios e información para investigadores (20)(21).

La cifra queda lejos del techo legal del 6% de la facturación global del grupo empresarial de Musk, lo que da una medida de la prudencia con la que Bruselas ejerció su primera sanción de contenidos bajo la DSA. La comisaria de tecnología, Henna Virkkunen, insistió en que la decisión "no tiene nada que ver con la censura", sino con el incumplimiento de obligaciones de transparencia (20).

La respuesta de Washington: retórica y OTAN

La reacción estadounidense fue inmediata y tuvo varias voces, no una sola. El vicepresidente J.D. Vance había advertido, incluso antes de conocerse la multa, contra lo que llamó un intento de "atacar a empresas estadounidenses por no ejercer censura" (20)(21). El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó la sanción de "ataque a todas las plataformas tecnológicas estadounidenses" (21). El subsecretario de Estado, Christopher Landau, fue quien vinculó de forma explícita el episodio con los compromisos transatlánticos de defensa: tras una reunión ministerial de la OTAN, denunció una "inconsistencia flagrante" entre la cooperación en seguridad que Europa reclama de Estados Unidos y las políticas digitales que, a su juicio, perjudican los intereses estadounidenses (22).

La atribución exacta importa para un análisis jurídico serio. La advertencia sobre una eventual reconsideración de la permanencia de Estados Unidos en la OTAN si la alianza no adoptaba una orientación más favorable a la libertad de expresión procede de declaraciones de Vance en su etapa de senador, y de su discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich de febrero de 2025, no de un pronunciamiento formal como vicepresidente ligado a esta sanción concreta (23). Una cosa es la retórica de un alto funcionario del Ejecutivo. Otra, jurídicamente mucho más grave, es una amenaza formal sobre el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte. Pero el efecto disuasorio existe igual: la Unión Europea enfrenta un dilema estructural, porque ejercer con firmeza una competencia que su propio ordenamiento le reconoce implica asumir el riesgo de una escalada retórica, y potencialmente política, con su principal socio de seguridad.

La infraestructura como cesión de soberanía: el caso del NHS

El ejemplo mejor documentado de dependencia tecnológica estatal frente a estas compañías no está en Argentina, sino en el Reino Unido. En 2023 el Servicio Nacional de Salud británico adjudicó a Palantir Technologies el contrato de la Federated Data Platform (FDP), 330 millones de libras a siete años, después de un contrato simbólico de una libra firmado en plena pandemia de covid-19 para construir el NHS COVID-19 Data Store (24). Una coalición de organizaciones (Medact, Good Law Project, Privacy International, Amnistía Internacional, entre otras) publicó en 2026 un informe conjunto sobre los riesgos de privacidad, confianza pública y gobernanza institucional derivados de esa adjudicación (25). Una investigación periodística posterior reveló que Palantir mantenía acceso de nivel "administrador" a datos de pacientes identificables en el llamado National Data Integration Tenant, y que partes sustanciales del contrato, incluida la sección de protección de datos personales, seguían en negociación después de haberse firmado el acuerdo (26).

El caso ilustra con precisión la tesis central de este artículo. La dependencia no nace de una decisión ideológica explícita, sino de la acumulación de decisiones de procura pública en apariencia técnicas: urgencia sanitaria, eficiencia operativa, ausencia de alternativas de mercado equivalentes. Decisiones que terminan trasladando el control efectivo sobre infraestructura de datos crítica a un proveedor privado extranjero. Es el mismo mecanismo que preocupa en el caso argentino, aquí con mayor solidez probatoria.

La ideología detrás de la expansión: de Thiel a Andreessen

Ninguno de estos movimientos responde solo a un cálculo financiero. Thiel construyó durante casi dos décadas un corpus ideológico coherente, influido por René Girard y Carl Schmitt, que combina un antiestatismo radical con un lenguaje escatológico sobre el Anticristo y el colapso de la civilización occidental (27). Su formulación más citada apareció en el ensayo "The Education of a Libertarian", publicado el 13 de abril de 2009 en la revista Cato Unbound del Cato Institute: "Ya no creo que la libertad y la democracia sean compatibles" (28). El propio ensayo atribuye esa incompatibilidad a "el enorme incremento de los beneficiarios del Estado de bienestar y la extensión del sufragio a las mujeres" desde 1920, dos fenómenos que Thiel describe como "notoriamente difíciles" para el proyecto libertario. El texto propone tres rutas de escape tecnológicas de la política democrática (el ciberespacio, el seasteading y la colonización espacial), y Thiel dedicó buena parte de su patrimonio, en las dos décadas siguientes, a financiar proyectos que ponen en práctica esa tesis: desde PayPal como moneda fuera del control estatal hasta el Instituto Seasteading y los enclaves de gobernanza privada de Próspera, en Honduras (29).

Marc Andreessen ofrece la versión más sistemática de esa cosmovisión aplicada a la inteligencia artificial. Su "Manifiesto Tecno-Optimista", publicado el 16 de octubre de 2023, lo dice sin matices: "Creemos que cualquier desaceleración de la IA costará vidas. Las muertes que fueron prevenibles por la IA a la que se impidió existir son una forma de asesinato" (30). Es una inversión deliberada del argumento precautorio habitual en la gobernanza de riesgos tecnológicos. Si la norma de cautela regulatoria se presenta como la fuente del daño, cualquier intento de supervisión pública queda deslegitimado de antemano dentro del propio marco conceptual del manifiesto.

Riesgos para la soberanía y respuesta institucional

De lo anterior se extraen tres riesgos jurídicos concretos, no solo políticos.

El primero es la dependencia de infraestructura crítica. Cuando la comunicación militar de una alianza de defensa, los registros sanitarios de un sistema público o los datos fiscales de un Estado dependen operativamente de una única empresa privada extranjera, la autonomía decisoria del Estado queda condicionada a la continuidad de esa relación comercial, con independencia de cuál sea la voluntad política mayoritaria de sus ciudadanos.

El segundo es la erosión de la capacidad regulatoria por presión geopolítica. La propia Unión Europea, pese a contar con un marco normativo robusto (DSA, RGPD y pronto el Reglamento de IA), enfrenta un coste político creciente por ejercer esas competencias. Ese coste genera un incentivo estructural hacia la infrarregulación estratégica.

El tercero es la captura del diseño institucional mediante ficciones jurídicas favorables al capital tecnológico. La propuesta argentina de "corporación no humana" es el ejemplo más claro: bajo el ropaje de la innovación regulatoria, diluye principios de responsabilidad jurídica que el derecho societario comparado tardó más de un siglo en consolidar.

La respuesta no puede quedarse en lo declarativo. La experiencia europea con la DSA demuestra que un marco sancionador con dientes reales, el 6% de la facturación global es una cifra disuasoria, no simbólica, resulta viable incluso frente a la mayor economía del mundo, aunque exija asumir fricción diplomática. La experiencia argentina muestra el riesgo del camino inverso: ofrecer estabilidad jurídica de treinta años sin exigir a cambio ninguna contrapartida de transparencia, auditoría o responsabilidad sobre el uso de datos ciudadanos.

Conclusiones

1. La expansión de los tecnoligarcas hacia Argentina y Europa responde a decisiones de política pública verificables: un régimen fiscal argentino que ofrece treinta años de estabilidad sin condicionalidad regulatoria, y un contrato británico que trasladó a un proveedor privado el control operativo sobre datos sanitarios sensibles.
2. Conviene distinguir lo documentado de lo especulativo. No hay evidencia pública de un contrato entre Palantir y las Fuerzas Armadas argentinas. Sí existe evidencia sólida y multipartita sobre el contrato entre Palantir y el NHS.
3. La Ley de Servicios Digitales demuestra que la soberanía regulatoria frente a plataformas sistémicas es jurídicamente ejercitable, incluso al coste de tensión con Washington. El reto no es normativo. Es de voluntad política sostenida en el tiempo.
4. La propuesta argentina de "corporación no humana" merece escrutinio prioritario por parte de la doctrina societaria comparada, porque desplaza el problema de la responsabilidad algorítmica antes de que exista consenso sobre cómo resolverlo.
5. Cualquier evaluación jurídica de estos fenómenos exige actualización constante. El Súper RIGI seguía en trámite parlamentario en el Senado argentino al cierre de este artículo, y la disputa transatlántica en torno a la DSA está lejos de haberse resuelto.

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Referencias

(1) "Exposing the broligarchy with Carole Cadwalladr". International Journalism Festival, 17 de abril de 2026.

(2) Reuters. "Billionaire Peter Thiel buys 1% stake in Argentine Vaca Muerta oil firm, filing shows". 15 de agosto de 2026 (fotografía de archivo del encuentro Thiel-Milei en la Casa Rosada, 23 de abril de 2026).

(3) "Peter Thiel pone un pie en Vaca Muerta con una apuesta por una petrolera argentina". La Nación (Argentina), 15 de agosto de 2026.

(4) "El magnate Peter Thiel hace la primera inversión en Vaca Muerta y compró el 1% de las acciones de Vista". Infobae, 15 de agosto de 2026.

(5) "Peter Thiel enters oil market with US$76 million stake in Vaca Muerta's top exporter". Buenos Aires Herald, 18 de agosto de 2026.

(6) Reportaje del New York Times, citado en American Heritage Co., "Peter Thiel buys $12M Buenos Aires mansion, temporarily relocates family to Argentina".

(7) "Peter Thiel Targeted by Gandalf Protest Group in Argentina". Reality Tea / Yahoo News, 18 de agosto de 2026.

(8) teleSUR English. "Palantir Expands Its Influence Across Latin America". 28 de mayo de 2026.

(9) Pampa Investment. "Argentina's RIGI Regime: Complete Guide for Foreign Investors (2025-2026)". Ley 27.742 (Ley de Bases), julio de 2024.

(10) Berettagodoy. "Argentina's Super RIGI: New Investment Incentive Regime for Emerging Industries". Mensaje 181/2026, mayo de 2026.

(11) Legal500. "Súper RIGI: Argentina's new investment incentive framework for future industries".

(12) People of Internet Research Team. "Argentina's Super RIGI Passes: 30-Year Tax Lock for AI, No Connectivity Obligations in Return". 1 de julio de 2026.

(13) People of Internet Research Team. "Milei's AI Plan Gets the Tax Incentives Right and the 'Non-Human Corporation' Dangerously Wrong". 7 de junio de 2026.

(14) Ibid., declaraciones del especialista en derecho tecnológico Alan Daitch.

(15) Financial Times. "Elon Musk shifts social media focus from SpaceX to UK far-right politics", 3 de junio de 2026; "Starmer accuses Elon Musk of trying to 'whip up division' in UK over murder of Henry Nowak", The Guardian, 4 de junio de 2026.

(16) The Guardian. "Outrage as Elon Musk claims 'only AfD can save Germany'". 20 de diciembre de 2024.

(17) IZA Institute of Labor Economics. Buggle, J., Butschek, S., Tenschert, E. "The cost of taking sides: Political identity and the auto market". Mayo de 2026.

(18) "Silicon Valley financia con millones de dólares el auge global de las derechas". teleSUR, recogido por Cubasí, 21 de enero de 2026.

(19) Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de octubre de 2022, relativo a un mercado único de servicios digitales (Ley de Servicios Digitales), art. 74.

(20) AFP, recogido en Bangkok Post / Ultrasurfing. "EU fines X $140m, risking US pushback". 5 de diciembre de 2025.

(21) Capwolf. "US Slams EU Fine on X as Attack on Free Speech". 9 de diciembre de 2025.

(22) The Epoch Times. "Senior US Diplomats Criticize EU Policies That Hit X With $140 Million Fine". Declaraciones de Christopher Landau, subsecretario de Estado, diciembre de 2025.

(23) CSIS. "Does the EU's Digital Services Act Violate Freedom of Speech?" Declaraciones de J.D. Vance como senador y en la Conferencia de Seguridad de Múnich, febrero de 2025.

(24) Cunicula. "Palantir: The Surveillance Company Hiding in Plain Sight". 17 de marzo de 2026.

(25) Corporate Watch / Medact. "Palantir Technologies & NHS Data Systems: new report by a coalition of groups". 1 de abril de 2026.

(26) Tech Revolt. "NHS Medical Records Are Now an Open Book for a US Spy-Tech Firm, Here's How It Happened". 15 de mayo de 2026, con base en reportaje del Financial Times.

(27) Falken Theater / archivo Jacobin (Rowan y Sturm, noviembre de 2025), sobre la influencia de Girard y Schmitt en el pensamiento de Thiel.

(28) Thiel, Peter. "The Education of a Libertarian". Cato Unbound, 13 de abril de 2009.

(29) Daily Kos. "Peter Thiel Part 9: The Private-City Projects Peter Thiel Has Spent Twenty Years Building". 15 de junio de 2026.

(30) Andreessen, Marc. "The Techno-Optimist Manifesto". 16 de octubre de 2023, citado en Wired, "What Techno-Billionaire Marc Andreessen Missed In His Techno-Optimism Manifesto".

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Nota metodológica: cada dato, cifra y cita textual de este artículo se contrastó mediante búsqueda activa contra fuentes primarias y de agencia (Reuters, Financial Times, The Guardian, AFP, presentaciones ante la SEC, el texto original de "The Education of a Libertarian" en Cato Unbound y el "Manifiesto Tecno-Optimista" de Andreessen) al momento de escribir esta edición. Donde la evidencia pública era insuficiente, como el supuesto contrato entre Palantir y las Fuerzas Armadas argentinas, el artículo lo señala expresamente como no confirmado. Los datos sobre procesos legislativos en trámite (Súper RIGI) y disputas regulatorias en curso (Unión Europea-Estados Unidos por la DSA) pueden haber variado desde el cierre de esta edición.