Resumen ejecutivo

Un juez de Sevilla ha dictado la primera condena firme de la ciudad por usar inteligencia artificial para desnudar a mujeres que no lo habían consentido. La sentencia, fechada el 1 de octubre de 2026, la firmó el magistrado de la plaza número 15 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia. Condena a tres hombres a nueve meses de prisión cada uno por tres delitos contra la integridad moral, uno por víctima (1)(2)(5).

Los condenados descargaron fotografías de los perfiles abiertos de Instagram de tres excompañeras de colegio y las pasaron por una aplicación de IA disponible en Telegram. El resultado fueron imágenes que simulaban, con gran realismo, los cuerpos desnudos de las tres mujeres. Las compartieron en un grupo de WhatsApp y en otro de Discord, y las copias siguieron circulando. Las fuentes oficiales no precisan hasta dónde llegaron (1)(2).

La causa terminó con una sentencia de conformidad, pactada el mismo día entre la Fiscalía de Criminalidad Informática de Sevilla, la acusación particular y las defensas. Los tres acusados carecían de antecedentes penales y consignaron en el juzgado la responsabilidad civil íntegra, 2.000 euros por daño moral a cada víctima. Esa reparación pesó en la pena (1)(3).

La resolución toma tres decisiones jurídicas. Primera, califica los hechos como trato degradante del artículo 173.1 del Código Penal, sin recurrir al delito contra la intimidad. Segunda, aplica la agravante de género del artículo 22.4: el juez ve en las imágenes una “pretendida supremacía machista que cosifica a las mujeres” y las reduce a “mero instrumento de placer”. Tercera, rebaja la pena con dos atenuantes, la reparación del daño, apreciada como cualificada, y una confesión analógica (1)(4).

La prisión queda suspendida durante dos años. Como condiciones, el juez exige a los condenados no delinquir, no usar Telegram, WhatsApp, Instagram ni Discord y completar un programa de educación sexual. La prohibición de acceso a esas cuatro aplicaciones dura tres años y nueve meses en total (1)(3)(4).

El caso encaja en una serie que empezó en Almendralejo en 2023, siguió en Valladolid y tiene una investigación abierta en Valencia. La diferencia de Sevilla es que los condenados son mayores de edad, que la agravante de género figura de forma expresa y que la pena de prisión, aunque suspendida, va unida a una restricción tecnológica de larga duración (6)(9)(11).

El Derecho vigente no tiene un delito específico para los deepfakes sexuales de personas adultas. Por eso los jueces acuden al tipo genérico del artículo 173.1. El Gobierno aprobó en 2025 un proyecto de ley orgánica con un nuevo artículo 173 bis, que castigaría con prisión de uno a dos años la difusión de ultrafalsificaciones sexuales. Ese proyecto, igual que el de ley de IA, quedó parado con la disolución de las Cortes y las elecciones del 29 de noviembre (14)(23).

En el plano europeo, el Reglamento (UE) 2026/1744 añade al artículo 5 del Reglamento de IA la prohibición de los sistemas que generan imágenes íntimas sin consentimiento. Su aplicación empieza el 2 de diciembre de 2026, no alcanza a hechos de 2023 y apunta a proveedores y a quienes usan esos sistemas en un contexto profesional, no al particular que los emplea en su ocio. La Directiva (UE) 2024/1385 obliga además a España a tipificar estas conductas antes del 14 de junio de 2027 (19)(21).

El valor de la sentencia tiene límites. Una sentencia de conformidad de un juzgado de lo penal no crea jurisprudencia, y la defensa no discutió la agravante de género. Las víctimas recibieron 2.000 euros cada una, la prisión no se cumplirá mientras los condenados respeten las condiciones y nadie puede recuperar las copias que ya circulan. Las vías paralelas funcionan: la AEPD sancionó en 2025 con 2.000 euros, rebajados a 1.200, a un difusor de desnudos falsos vinculado al caso de Almendralejo (8)(18).

Sevilla condena a tres hombres por desnudar con IA a tres mujeres: integridad moral, agravante de género y límites del Derecho penal

Análisis jurídico-penal de la sentencia de 1 de octubre de 2026 del Tribunal de Instancia de Sevilla, a la luz de los precedentes recientes, de la doctrina de la AEPD y del marco español y europeo sobre inteligencia artificial y violencia digital de género.

1. Introducción y planteamiento del problema

Los sistemas de IA generativa permiten a cualquiera producir imágenes hiperrealistas de personas identificables sin su consentimiento. Las ultrasuplantaciones sexuales, o deepfakes íntimos, simulan el cuerpo desnudo o actitudes sexuales de una persona real a partir de fotografías ordinarias, como las que cualquiera publica en un perfil abierto de una red social (1)(2).

El ordenamiento español persigue estas conductas sobre todo mediante el delito contra la integridad moral del artículo 173.1 del Código Penal (CP), cuando la manipulación y la difusión de las imágenes buscan humillar, cosificar o menoscabar la dignidad de la víctima (3). El 1 de octubre de 2026, el magistrado de la plaza número 15 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Sevilla dictó la primera condena firme de la ciudad por el uso de una aplicación de IA para simular el cuerpo desnudo de tres mujeres, excompañeras de colegio de los acusados (4)(5).

La sentencia aplica la agravante de género del artículo 22.4.ª CP. El juez considera que la conducta proyecta una “pretendida supremacía machista que cosifica a las mujeres” y las reduce a “mero instrumento de placer” (4). Junto a la pena de prisión, prohíbe a los condenados acceder a Telegram, WhatsApp, Instagram y Discord y les obliga a completar un programa formativo en educación sexual (5). El caso continúa una serie de litigios españoles que arrancó en Almendralejo en 2023 y siguió en Valladolid y Valencia (6)(7)(9)(11).

La pregunta de fondo es si el Derecho penal vigente responde con eficacia a un fenómeno que se produce con facilidad técnica y se difunde sin control. Este estudio examina la tipicidad del delito, la agravante de género, las atenuantes y las penas, los precedentes, la vía de protección de datos y el marco normativo emergente. Las fuentes consultadas son la información oficial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y las crónicas que la reproducen (1)(2)(3)(4)(5). El texto íntegro de la resolución no figura entre ellas, de modo que cada afirmación sobre su fundamentación remite a lo que esas fuentes recogen.

2. Hechos probados y contexto fáctico de la sentencia

Los hechos probados describen a tres jóvenes que se concertaron con una persona menor de edad para obtener fotografías de los perfiles de Instagram de tres excompañeras de colegio. Las publicaciones estaban abiertas al público (1)(2). Las víctimas tenían 21 años en el momento de la sentencia (1).

Los acusados pasaron las fotografías por una aplicación de IA disponible en Telegram y generaron imágenes que simulaban, “con gran realismo”, los cuerpos desnudos por completo de las tres mujeres (1)(3). Compartieron los archivos en un grupo de WhatsApp y en otro de Discord. La difusión posterior fue más amplia, y la sentencia no ha podido fijar el alcance de las cadenas de reenvío (1)(2).

El 10 de septiembre de 2023, a las 00:30 horas, una persona no identificada envió las imágenes manipuladas, desde un perfil de Instagram, al perfil de una de las afectadas. Así conoció ella los hechos (1)(3).

El juez declara que los acusados actuaron “con un claro propósito de burla, siendo conscientes del riesgo que creaban para la dignidad de las jóvenes y de las altas probabilidades de menoscabarla, lo que les era indiferente” (1). Añade que la conducta proyectaba una “pretendida supremacía machista que cosifica a las mujeres, manteniendo estereotipos de conducta que relegan a la mujer al papel de mero instrumento de placer mediante la manipulación de sus imágenes para representarlas como desnudas” (1)(4).

La sentencia nace de un acuerdo de conformidad que la Fiscalía de Criminalidad Informática de Sevilla, la acusación particular y las defensas alcanzaron el mismo día. La resolución es firme (2)(5). Los tres condenados carecían de antecedentes penales. Ingresaron en la cuenta de depósitos y consignaciones del órgano judicial la totalidad de las cantidades fijadas como responsabilidad civil: 2.000 euros por daño moral a cada una de las tres víctimas (1)(3).

El esquema fáctico reúne cuatro piezas: imágenes públicas, una herramienta de IA de fácil acceso, difusión en grupos de mensajería y circulación posterior que llegó hasta una de las afectadas. Las fuentes oficiales no identifican a quien reenvió las imágenes por Instagram ni precisan cuántos reenvíos siguieron a los grupos iniciales (1)(2).

3. Calificación jurídica: el delito contra la integridad moral (art. 173.1 CP)

El juez calificó los hechos como tres delitos contra la integridad moral del artículo 173.1 CP, uno por cada víctima (1)(2). El precepto castiga a quien “infligiere a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral” con pena de prisión de seis meses a dos años.

El tipo exige un trato degradante y un menoscabo grave. La sentencia considera que la manipulación de las fotografías con IA para simular cuerpos desnudos, seguida de su difusión, constituye ese trato (1). El magistrado valora el “claro propósito de burla” y la conciencia del riesgo para la dignidad de las afectadas (1)(3). Esa combinación sostiene el elemento subjetivo aunque los condenados no persiguieran un menoscabo grave como fin: basta el propósito de burla unido a la aceptación indiferente del riesgo.

La práctica judicial española admite el encaje de las ultrasuplantaciones sexuales no consentidas en el artículo 173.1 cuando la generación y la difusión se orientan a humillar o cosificar a la persona representada (4). La sentencia sevillana sigue esa línea: la creación de representaciones hiperrealistas del cuerpo desnudo sin consentimiento y su circulación pueden suponer un ataque grave a la dignidad cuando existe ánimo de burla o de cosificación (1)(4).

Las fuentes no recogen una calificación concurrente o alternativa por el delito contra la intimidad del artículo 197 CP ni por figuras vinculadas a la pornografía (1)(2). La exclusión del artículo 197.7 CP se explica por su estructura. Ese apartado castiga la difusión, sin autorización, de imágenes o grabaciones que la víctima hubiera facilitado con su anuencia en un lugar fuera de la mirada de terceros. En un deepfake no existe imagen íntima real previa, de modo que el tipo no se ajusta. El artículo 173.1 cubre ese hueco porque protege la dignidad de la persona, no el secreto de una imagen concreta.

Las fuentes sitúan la edad de las víctimas en 21 años a la fecha de la sentencia. En septiembre de 2023, momento de los hechos, alguna pudo ser menor de edad o acabar de cumplir los 18. El dato no consta y condiciona la calificación: si hubieran sido menores, volvería la discusión que se planteó en Almendralejo sobre el delito de pornografía infantil del artículo 189 CP.

Los tres delitos se justifican por la pluralidad de sujetos pasivos. Cada joven es una víctima distinta, y la manipulación y la difusión de sus imágenes integran un hecho autónomo (1)(5). Ese planteamiento permite sumar las penas de cada infracción.

4. La agravante de género (art. 22.4 CP): fundamentación y alcance

El magistrado aplicó la agravante del artículo 22.4.ª CP, que eleva la pena cuando el delito se comete por motivos de discriminación, entre ellos el sexo y las razones de género (1)(2).

La sentencia fundamenta la agravante de forma expresa. El juez considera que los acusados, al manipular las imágenes para representar a las jóvenes como desnudas y difundirlas, proyectaron una “pretendida supremacía machista que cosifica a las mujeres, manteniendo estereotipos de conducta que relegan a la mujer al papel de mero instrumento de placer” (1)(3). La conducta refleja “un desprecio de género que va más allá del ataque contra su privacidad y dignidad” (1)(4).

La apreciación eleva la pena de cada uno de los tres delitos. El juez no aplica la agravante por el solo hecho de que las víctimas fueran mujeres. Se apoya en la motivación y en el sentido de la conducta: la cosificación sexual y la proyección de una relación de superioridad basada en el género (1)(3). Como el artículo 173.1 no contiene ningún elemento de género, la agravante no choca con la prohibición de doble valoración del artículo 67 CP.

La aplicación a un deepfake sexual tiene peso. La sentencia vincula el ánimo de burla y la indiferencia ante el menoscabo con la reproducción de estereotipos de subordinación de la mujer (1). El órgano judicial sitúa la conducta en la violencia de género en su dimensión digital, pero no la califica como tal en el sentido de la Ley Orgánica 1/2004. Recurre a la agravante genérica del artículo 22.4 CP (2)(4).

Las fuentes no recogen debate sobre otras agravantes ni impugnación de la de género por la defensa. Como la sentencia es de conformidad, todas las partes aceptaron la agravante (5). El Tribunal Supremo no ha tenido ocasión de pronunciarse sobre ella en este tipo de hechos, y ese dato limita el alcance de la decisión, como se verá en la valoración final.

5. Circunstancias atenuantes aplicadas: reparación del daño y confesión

La sentencia aplicó dos atenuantes: la de reparación del daño, con carácter cualificado, y la analógica de confesión (1)(2).

El magistrado apreció la reparación como cualificada porque los tres acusados, “con el propósito de reparar íntegramente los perjuicios causados a las perjudicadas”, ingresaron en la cuenta de depósitos y consignaciones del juzgado la totalidad de las cantidades fijadas como responsabilidad civil (1). Abonaron 2.000 euros a cada víctima por daño moral y satisficieron por completo los importes reclamados (1)(3). El artículo 21.5 CP exige reparar el daño antes del juicio oral. La reparación integral y previa a la sentencia permitió la cualificación y reforzó el efecto sobre la pena.

Para la confesión, el juez aplicó la atenuante analógica del artículo 21.7 CP, en relación con la del artículo 21.4. Los acusados, “desde sus primeras declaraciones en sede policial, [...] efectuaron un reconocimiento libre, expreso y veraz de los hechos que se les imputaban, manteniendo dicha admisión durante la tramitación del procedimiento y prestando una colaboración activa con la Administración de Justicia que ha contribuido al esclarecimiento de los hechos, evitando la práctica de diligencias innecesarias y favoreciendo una más ágil resolución de la causa” (1)(4). El artículo 21.4 exige confesar antes de conocer que el procedimiento se dirige contra uno mismo. Los acusados declararon ante la Policía cuando la investigación ya estaba en marcha, y eso explica que el juez aplicara la atenuante por analogía.

La concurrencia de ambas atenuantes, una de ellas cualificada, y de la agravante de género permitió fijar la pena de los tres delitos en nueve meses de prisión para cada condenado (2)(5). Como la sentencia es de conformidad, las partes aceptaron la calificación de los hechos y las circunstancias modificativas de la responsabilidad (3). Las fuentes no recogen ninguna otra atenuante, como las dilaciones indebidas.

6. Penas impuestas, suspensión y medidas accesorias

El magistrado impuso a cada condenado una pena total de nueve meses de prisión, suma de las que corresponden a los tres delitos una vez aplicadas la agravante de género y las atenuantes (1)(2). Cada delito del artículo 173.1 conlleva de seis meses a dos años de prisión, de modo que los nueve meses totales reflejan una rebaja considerable por las atenuantes. La suspensión confirma que esa cifra es el total. El artículo 80.2.1.ª CP exige que la pena, o la suma de las impuestas, no pase de dos años.

Acordó además la prohibición de acceder a Telegram, WhatsApp, Instagram y Discord durante tres años y nueve meses (1)(3). Las fuentes no indican el precepto que la ampara. Su duración supera el plazo de suspensión, de dos años, y por eso funciona como pena o medida autónoma y, mientras dure la suspensión, como condición de esta. Su objetivo es cortar el acceso a las herramientas con las que los condenados manipularon y difundieron las imágenes.

El juez concedió a los tres condenados la suspensión de la prisión con arreglo a los artículos 80 y siguientes CP. La condicionó a no cometer ningún delito en dos años, plazo mínimo del artículo 81 CP, a mantener la prohibición de acceso a las cuatro aplicaciones y a completar un programa formativo en educación sexual (1)(4).

Los acusados carecían de antecedentes penales, la pena no superaba los dos años y habían abonado toda la responsabilidad civil. Esos son los requisitos del artículo 80.2 CP, y la sentencia los da por cumplidos (1)(2). El magistrado añade, como justificación de las condiciones, “la naturaleza de los hechos realizados en contra de las que fueran sus compañeras, buscando el anonimato que dan las redes sociales” (1)(5).

La suspensión no es incondicional. Si los condenados acceden a las aplicaciones prohibidas, cometen un nuevo delito o dejan de cumplir el programa formativo, el juez puede revocarla y ordenar el ingreso en prisión. El programa de educación sexual aporta un contenido reeducativo ligado a la cosificación que el juez aprecia en los hechos (1)(4).

7. Precedentes españoles relevantes: Almendralejo, Valladolid y otras resoluciones

La sentencia de Sevilla forma parte de una serie de resoluciones españolas que desde 2023 enfrentan la generación y difusión de imágenes sexuales no consentidas creadas con IA. El fenómeno apareció primero entre menores y alcanza ya a víctimas adultas.

El caso de mayor repercusión es el de Almendralejo (Badajoz). En septiembre de 2023, un grupo de menores usó aplicaciones de IA para colocar los rostros de al menos una veintena de niñas y adolescentes, tomados de redes sociales, sobre cuerpos femeninos desnudos. Difundieron las imágenes en grupos de WhatsApp (6)(7). El Juzgado de Menores de Badajoz, en sentencia de 20 de junio de 2024 dictada en conformidad, declaró a quince menores responsables de veinte delitos de pornografía infantil y otros veinte contra la integridad moral. Impuso a cada uno un año de libertad vigilada, con contenido formativo en educación afectivo-sexual, uso responsable de las tecnologías e igualdad de género (6). La vía administrativa se examina en la sección siguiente.

Valladolid aporta un segundo precedente. La Sección de Menores del Tribunal de Instancia condenó en junio de 2026 a cinco menores (según algunas fuentes, seis) por delitos contra la integridad moral del artículo 173.1 CP. Los hechos, de noviembre de 2024, consistieron en generar y difundir fotografías de compañeras de instituto manipuladas con IA para simular desnudos (9)(10). Todo partió de un bot de Telegram que permitía crear esas composiciones. La resolución absolvió a todos los encausados del delito de elaboración y difusión de pornografía infantil, condenó a parte de ellos por el delito contra la integridad moral e impuso tareas socioeducativas de entre seis y doce meses (9).

Hay investigaciones menos conocidas, como la que se abrió en 2025 en Valencia contra un menor de 17 años por crear y difundir vídeos de desnudos generados con IA de compañeras de su centro educativo (11). Los casos comparten una pauta: los tribunales prefieren calificar por el delito contra la integridad moral cuando las víctimas son adultas o cuando, siendo menores, no aprecian pornografía infantil en sentido estricto, e imponen medidas formativas y restrictivas del uso de tecnologías.

Sevilla se distingue por tres rasgos. Los condenados son mayores de edad, la agravante de género figura de forma expresa y la pena de prisión, aunque suspendida, va unida a una prohibición larga de acceso a determinadas aplicaciones. Comparte con los precedentes el núcleo fáctico, que son imágenes públicas, una herramienta de IA accesible y difusión en entornos de mensajería, y la calificación central por el artículo 173.1 CP.

8. Dimensión de protección de datos: la doctrina de la AEPD sobre deepnudes

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha construido una doctrina sobre las imágenes de desnudos que la IA genera a partir de fotografías reales. La imagen de una persona identificable es un dato personal conforme al artículo 4.1 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Quien la manipula y la difunde decide los fines y los medios del tratamiento y responde como responsable, según el artículo 4.7 RGPD (12).

Para la AEPD, crear un deepnude, es decir, superponer o generar un cuerpo desnudo sobre una fotografía real, y difundirlo es un tratamiento de datos sin base de licitud cuando falta el consentimiento (artículo 6.1 RGPD). La ilicitud se consuma con la manipulación, con independencia de la difusión posterior (12).

La Agencia aplicó esta doctrina por primera vez en la resolución PS-00132-2025, vinculada a los hechos de Almendralejo. Impuso 2.000 euros al creador y difusor de imágenes artificiales de cuerpos desnudos, reducidos a 1.200 por reconocimiento de responsabilidad y pago voluntario (8)(18). La resolución concluye que el infractor difundió imágenes en las que se asociaban los rostros reales de las víctimas a cuerpos desnudos que no les pertenecían, sin ninguna de las causas de legitimación del artículo 6.1 RGPD. Es la primera multa de una autoridad europea de protección de datos por difundir un deepfake sexual (8)(18). Según el análisis de Alonso Sala, en otro expediente similar entre menores la AEPD archivó sin sanción porque la jurisdicción de menores ya había resuelto el asunto mediante una conciliación (12).

La doctrina abre dos vías de respuesta. La administrativa se centra en el tratamiento ilícito de datos. La penal se centra en el menoscabo de la integridad moral o, si las víctimas son menores, en la pornografía infantil. Con víctimas adultas, la vía penal pasa por el artículo 173.1 CP y, cuando se parte de imágenes íntimas reales, por el artículo 197.7 CP (12).

Las fuentes no indican que la sentencia de Sevilla se pronuncie sobre la protección de datos. Los hechos, que son obtención de imágenes de perfiles públicos, manipulación con IA y difusión, caben en el supuesto que la AEPD sancionó. Ese encaje deja abierto un procedimiento administrativo paralelo, independiente de la condena penal (12)(18). Las víctimas disponen además del canal prioritario de la AEPD para pedir la retirada urgente de contenidos sexuales difundidos sin consentimiento.

9. Marco normativo emergente: Ley de IA española y reforma del Reglamento europeo

La sentencia llega en un momento de cambio normativo, en España y en la Unión Europea, para dar respuesta específica a los deepfakes sexuales no consentidos.

El Consejo de Ministros aprobó el 26 de mayo de 2026 el proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, que adapta el Reglamento europeo de IA al ordenamiento interno. Una de sus novedades, ausente al principio de la normativa europea, es la prohibición expresa de los sistemas de IA capaces de generar deepfakes sexuales y de generar o alterar pornografía infantil. El proyecto prevé sanciones de hasta 35 millones de euros o el 7 % del volumen de negocio mundial anual en los casos más graves (13). El Gobierno lo remitió al Congreso en junio. La convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre de 2026 y la disolución de las Cortes interrumpieron su tramitación, igual que la del proyecto de ley orgánica de protección de los menores en entornos digitales (14).

Este segundo proyecto importa al Derecho penal. Incluye un artículo 173 bis CP que castigaría con prisión de uno a dos años a quien, sin autorización de la persona afectada y con ánimo de menoscabar su integridad moral, difunda, exhiba o ceda su imagen corporal o su voz generadas o modificadas con IA de modo que parezcan reales y simulen situaciones de contenido sexual o “gravemente vejatorias”. La pena subiría a su mitad superior si la difusión alcanza a un elevado número de personas, y a entre un año y seis meses y dos años si la víctima es menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección (22)(23). Mientras el proyecto no se retome, el Código Penal carece de un tipo específico para estos hechos.

La Unión Europea ya ha cerrado su reforma. El Reglamento (UE) 2026/1744 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de julio de 2026, conocido como Ómnibus digital sobre IA, se publicó en el Diario Oficial el 24 de julio y entró en vigor el 27 de julio de 2026. El Consejo lo había adoptado el 29 de junio. La reforma, que parte de una propuesta de España apoyada por Francia, añade al artículo 5 del Reglamento (UE) 2024/1689 (RIA) la prohibición de comercializar, poner en servicio o usar sistemas de IA que generen o manipulen imágenes, vídeos o audio realistas de partes íntimas de una persona identificable, o de una persona en actividades de contenido sexual explícito, sin su consentimiento libre, específico, informado e inequívoco. La prohibición cubre también el material de abuso sexual infantil (15)(16)(19)(20).

Tres precisiones evitan lecturas erróneas. Primera, la prohibición se aplica desde el 2 de diciembre de 2026, de modo que no existía cuando ocurrieron los hechos ni cuando se dictó la sentencia (19)(22). Segunda, un reglamento europeo rige en España sin transposición, de modo que la ley interna sirve para designar autoridades y sanciones, pero no condiciona la vigencia de la prohibición. Tercera, la prohibición alcanza a los proveedores que comercializan estos sistemas y a los responsables del despliegue, concepto que el artículo 3.4 RIA limita a quien usa el sistema bajo su autoridad y excluye el uso personal de carácter no profesional. Los jóvenes de Sevilla serían hoy usuarios privados fuera de esa prohibición. Esta recae sobre quien suministra la aplicación, y con el RIA el incumplimiento de las prohibiciones del artículo 5 se castiga con multas de hasta 35 millones de euros o el 7 % del volumen de negocio mundial (artículo 99.3 RIA) (20).

Las obligaciones de transparencia del artículo 50 RIA se aplican desde el 2 de agosto de 2026. El Ómnibus concede hasta el 2 de diciembre de 2026 para que los sistemas ya comercializados antes del 2 de agosto marquen sus resultados de modo que se detecte que son sintéticos (17)(19)(22).

La Directiva (UE) 2024/1385 refuerza la presión sobre el legislador español. Su artículo 5 obliga a los Estados a tipificar como delito la difusión no consentida de material íntimo y la producción, manipulación o alteración y posterior difusión de material que haga parecer que una persona participa en actividades de contenido sexual explícito. El plazo de transposición vence el 14 de junio de 2027 (21).

10. Valoración técnico-jurídica y consecuencias prácticas

La sentencia de 1 de octubre de 2026 avanza en la respuesta penal a las ultrasuplantaciones sexuales cuando las víctimas son jóvenes adultas. Al calificar los hechos como delitos contra la integridad moral del artículo 173.1 CP y aplicar la agravante de género del artículo 22.4, el juez reconoce que cosificar el cuerpo femenino con imágenes hiperrealistas no consentidas lesiona la dignidad de un modo que supera la privacidad y el honor (1)(4).

Desde el punto de vista técnico, la resolución confirma que el artículo 173.1 sirve para estos hechos cuando concurre ánimo de burla o de cosificación, sin esperar a un tipo específico que el Código Penal todavía no tiene. La agravante de género vincula la motivación con estereotipos de subordinación de la mujer y eleva el desvalor de la acción y la pena (1)(3).

Las consecuencias prácticas son concretas. La sentencia facilita acusar por estos hechos aunque las imágenes originales sean públicas y la manipulación use herramientas al alcance de cualquiera. La prohibición larga de acceso a las aplicaciones de generación y difusión introduce una prevención especial de carácter tecnológico, cuya eficacia depende de que alguien controle su cumplimiento. El programa de educación sexual, impuesto como condición de la suspensión, añade una dimensión reeducativa ligada a la perspectiva de género (1)(5).

Conviene medir su alcance con rigor. Una sentencia de conformidad de un juzgado de lo penal no crea jurisprudencia en el sentido del artículo 1.6 del Código Civil, que exige doctrina reiterada del Tribunal Supremo. Tampoco depura el fondo: las defensas aceptaron la calificación y la agravante, y ningún tribunal superior las ha contrastado. La sentencia es un indicio de práctica de instancia, no una doctrina asentada.

La resolución muestra también los límites del marco actual. La prisión se suspende, lo que puede dar sensación de respuesta moderada frente a un daño moral importante, con 2.000 euros de indemnización por víctima. La imposibilidad de fijar cuánto se difundieron las imágenes revela las dificultades probatorias y de control de las cadenas de reenvío en entornos digitales (1)(2). La falta de un tipo específico para los deepfakes sexuales de adultos obliga a usar tipos genéricos y crea cierta inseguridad jurídica hasta que se apruebe el artículo 173 bis o una norma equivalente.

La respuesta sevillana es coherente y tiene perspectiva de género, pero deja abiertas tres cuestiones: la proporcionalidad de las penas, la eficacia de las prohibiciones tecnológicas y la necesidad de un tipo penal que castigue de forma directa crear representaciones sexuales no consentidas con IA.

11. Conclusiones

La sentencia de 1 de octubre de 2026 del Tribunal de Instancia de Sevilla es la primera condena firme de esa ciudad por generar y difundir ultrasuplantaciones sexuales con IA. El órgano judicial calificó los hechos como tres delitos contra la integridad moral del artículo 173.1 CP, aplicó la agravante de género del artículo 22.4 al apreciar una cosificación machista de las víctimas y moduló la pena con las atenuantes de reparación del daño (cualificada) y de confesión. Impuso nueve meses de prisión a cada condenado, suspendidos con condiciones, una prohibición larga de acceso a cuatro aplicaciones y un programa de educación sexual (1)(2)(5).

De ese análisis salen cuatro conclusiones.

1. El Derecho penal vigente ofrece una respuesta operativa a través del artículo 173.1 CP, sobre todo si se combina con la agravante de género. Esa vía evita lagunas de punibilidad, aunque depende de cómo cada juez interprete el “trato degradante” y el “menoscabo grave de la integridad moral”.
2. La sentencia se suma a los precedentes de Almendralejo y Valladolid. Los tres casos confirman que los tribunales usan el delito contra la integridad moral como instrumento principal y que, si hay menores, añaden la pornografía infantil y la vía administrativa de la AEPD (6)(8)(9)(18).
3. El marco normativo se aclarará en los próximos meses. La prohibición del artículo 5 RIA se aplica desde el 2 de diciembre de 2026 a proveedores y a usuarios profesionales, y la Directiva (UE) 2024/1385 exige tipificar estas conductas antes del 14 de junio de 2027. El artículo 173 bis CP y la ley española de IA siguen paralizados con las Cortes disueltas (14)(19)(21)(23).
4. El valor de la sentencia como precedente es limitado: es de conformidad, la dictó un juzgado de lo penal y la defensa no discutió la agravante.

Tres recomendaciones prácticas siguen de este análisis. Las acusaciones deben pedir la agravante de género con la motivación concreta de cosificación y solicitar a la vez la retirada de contenidos. Las víctimas pueden activar en paralelo la vía de la AEPD, que no depende de la condena penal. Y el legislador debe retomar el artículo 173 bis CP y coordinarlo con la Directiva (UE) 2024/1385 antes de que venza el plazo de transposición, sin esperar a que el Tribunal Supremo fije doctrina sobre un tipo genérico.

La sentencia de Sevilla no cierra el debate. Confirma que la persecución penal es viable y deja ver lo que falta: un tipo específico, mejores instrumentos de prevención y detección, y reparaciones proporcionadas a un daño que la tecnología multiplica.

Bibliografía

(1) Diario de Sevilla, información oficial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre la sentencia de 1 de octubre de 2026.
https://www.diariodesevilla.es/juzgado_de_guardia/actualidad/primera-condena-sevilla-ia-simular-desnudos-companeras-colegio_0_2008185332.html

(2) ABC Sevilla, 8 de octubre de 2026.
https://www.abc.es/sevilla/ciudad/primera-condena-sevilla-manipular-fotos-jovenes-ia-20261008162942-nts.html

(3) Moncloa.com, 8 de octubre de 2026.
https://www.moncloa.com/2026/10/08/sentencia-deepfake-sevilla-condena-ia-3444792/

(4) El Confidencial, 8 de octubre de 2026.
https://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2026-10-08/condena-ia-imagenes-desnudas-1tna-1tps_4441176/

(5) Infobae / EFE, 8 de octubre de 2026.
https://www.infobae.com/espana/agencias/2026/10/08/condenan-a-3-hombres-a-nueve-meses-de-carcel-y-tres-anos-sin-usar-redes-por-desnudar-mujeres-con-ia/

(6) EL PAÍS, 9 de julio de 2024 (caso Almendralejo).
https://elpais.com/sociedad/2024-07-09/un-ano-de-libertad-vigilada-para-15-menores-de-almendralejo-por-manipular-imagenes-de-ninas.html

(7) elDiario.es, 29 de agosto de 2026 (balance Almendralejo).
https://www.eldiario.es/extremadura/sociedad/paso-almendralejo-primer-gran-caso-deepfake-desnudo-menores-inteligencia-artificial_1_13421910.html

(8) EL PAÍS, 6 de noviembre de 2025 (multa de la AEPD vinculada a Almendralejo).
https://elpais.com/tecnologia/2025-11-06/sancion-pionera-en-europa-proteccion-de-datos-multa-con-2000-euros-un-desnudo-falso-generado-con-ia.html

(9) Europa Press / Cadena SER, 1 de junio de 2026 (caso Valladolid).
https://cadenaser.com/castillayleon/2026/06/01/condenados-cinco-menores-que-usaron-la-ia-para-difundir-fotos-desnudas-de-sus-companeras-de-instituto-radio-valladolid/

(10) El Español, 2 de junio de 2026 (caso Valladolid).
https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/region/valladolid/20260602/condenados-menores-crear-difundir-imagenes-companeras-desnudas-mediante-ia-valladolid/1003744270089_0.html

(11) The Guardian, 27 de julio de 2025 (investigación en Valencia).
https://www.theguardian.com/world/2025/jul/27/spanish-teenager-investigated-ai-generated-nude-videos

(12) Alonso Sala, análisis de la doctrina de la AEPD sobre deepnudes.
https://alonsosala.com/en/blog/aepd-ai-deepnude-data-protection-spain

(13) EL PAÍS, 26 de mayo de 2026 (proyecto de Ley de IA española).
https://elpais.com/tecnologia/2026-05-26/prohibicion-de-los-deepfakes-sexuales-y-multas-millonarias-el-gobierno-aprueba-su-ley-de-ia.html

(14) El Periódico, 7 de octubre de 2026 (interrupción de la tramitación por el adelanto electoral).
https://www.elperiodico.com/es/politica/20261007/ia-ciberseguridad-adelanto-elecciones-espana-leyes-digitales-135070245

(15) La Moncloa, 7 de mayo de 2026 (acuerdo de la UE sobre la prohibición de deepfakes sexuales).
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/paginas/2026/20260507-eu-ban-sexual-deepfakes.aspx

(16) Telecinco / Europa Press, 29 de junio de 2026 (adopción de la reforma del AI Act).
https://www.telecinco.es/noticias/ciencia-y-tecnologia/20260629/ue-adopta-reforma-imagenes-ley-ia-prohibe-deepfakes-sexuales-consentidas-retrasa-obligaciones_18_019579580.html

(17) Cinco Días, 19 de junio de 2026 (obligaciones de transparencia).
https://cincodias.elpais.com/legal/2026-06-19/la-ue-avanza-en-la-prohibicion-de-los-deepfakes-sexuales-pero-retrasa-la-obligacion-de-advertir-que-algo-es-ia-a-diciembre-de-2026.html

(18) Agencia Española de Protección de Datos, resolución del procedimiento sancionador PS-00132-2025 (noviembre de 2025).
https://www.aepd.es/documento/ps-00132-2025.pdf

(19) Reglamento (UE) 2026/1744 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de julio de 2026, por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2024/1689, (UE) 2018/1139 y (UE) 2023/1230 (Ómnibus digital sobre IA), DO L, 24 de julio de 2026.
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2026/1744/oj

(20) Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Reglamento de Inteligencia Artificial), DO L, 12 de julio de 2024, arts. 3.4, 5, 50 y 99.
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj

(21) Directiva (UE) 2024/1385 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2024, sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, DO L, 24 de mayo de 2024, art. 5.
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1385/oj

(22) Garrigues, “Publicado el Reglamento de Ómnibus Digital de IA, que redefine plazos y simplifica requisitos”, 24 de julio de 2026.
https://www.garrigues.com/es_ES/garrigues-digital/publicado-reglamento-omnibus-digital-ia-redefine-plazos-simplifica-requisitos

(23) Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, Boletín Oficial de las Cortes Generales, XV Legislatura (nuevo art. 173 bis CP); EL PAÍS, 25 de marzo de 2025, “Claves de la ley de protección a los menores en el entorno digital”.
https://www.congreso.es/public_oficiales/L15/CONG/BOCG/A/BOCG-15-A-52-1.PDF
https://elpais.com/sociedad/2025-03-25/claves-de-la-ley-de-proteccion-a-los-menores-en-el-entorno-digital.html