Payne v. State: el Tribunal Supremo de Georgia sanciona a una fiscal por citar jurisprudencia inexistente generada con IA

Un tribunal supremo estatal ha suspendido a una fiscal durante seis meses por presentar docenas de citas jurisprudenciales inexistentes generadas con inteligencia artificial en un caso de asesinato. La resolución del Tribunal Supremo de Georgia en Payne v. State, de 5 de mayo de 2026, no es el primer caso de hallucination jurídica ante los tribunales, pero sí uno de los más documentados y de mayor alcance disciplinario hasta la fecha.

La acusada, Hannah Renee Payne, fue condenada a cadena perpetua más trece años por el asesinato y privación ilegal de libertad de Kenneth Herring, así como por posesión de arma de fuego durante la comisión de un delito. Su defensa presentó una moción de nuevo juicio. Ahí comenzó el problema.

Veintiocho citas que no existían

La fiscal auxiliar Deborah Leslie, asignada al caso, recurrió a un programa de inteligencia artificial para redactar los escritos de oposición a esa moción y el borrador del auto de denegación que el tribunal de instancia debía firmar. El problema no era el uso de la IA en sí: el Tribunal Supremo de Georgia no lo prohíbe. El problema era que Leslie no verificó ninguna de las citas que el sistema generó.

El resultado fue catastrófico. En los escritos ante el tribunal de instancia, en el auto que ese tribunal terminó firmando casi en su literalidad, y en el escrito ante el propio Tribunal Supremo, aparecieron decenas de sentencias que directamente no existen o que existen pero no sostienen lo que Leslie afirmaba que sostenían.

El tribunal contabilizó al menos veintiocho referencias problemáticas: nueve en el auto del tribunal de instancia que el propio Supremo detectó, doce adicionales que Leslie reconoció por iniciativa propia, y nueve más en su escrito de apelación ante el Supremo. Una de esas referencias, Bryant v. State, 268 Ga. App. 362 (2004), simplemente no existe.

Lo que describe el tribunal no es un error puntual. Es un patrón: IA generando citas, abogada transmitiéndolas a sus escritos sin comprobarlas, juez de instancia firmando un auto construido sobre esas referencias, y caso llegando al Supremo con toda esa arquitectura ficticia en la base.

La sesión oral que lo desencadenó todo

El Tribunal Supremo de Georgia descubrió el problema en la vista oral, celebrada el 18 de marzo de 2026. Cuando los magistrados preguntaron a Leslie si ella había incluido determinadas citas en el borrador de auto enviado al juez de instancia, respondió que no lo creía, que el auto había sido "revisado". El tribunal señaló que esas mismas citas aparecían en sus propios escritos previos. Dos días después, el tribunal dictó una providencia ordenando a la Fiscalía que explicara por escrito cómo nueve citas del auto del tribunal de instancia podían ser inexistentes o no apoyar la proposición para la que se usaban.

El 27 de marzo, Leslie presentó un escrito y una declaración jurada reconociendo el uso de IA, la ausencia de verificación y comprometiéndose a implementar salvaguardas. Ese mismo día, la Fiscal del Condado de Clayton envió una carta al tribunal disculpándose, anunciando disciplina interna severa contra Leslie y prometiendo ampliar la política de uso de medios digitales e IA en su oficina.

Nada de eso evitó la sanción.

Lo que el Tribunal decidió

El Tribunal Supremo de Georgia actuó en cuatro frentes.

Primero, amonestó a Leslie y a la Fiscalía del Condado de Clayton por presentar citas inexactas ante ese tribunal y ante el tribunal de instancia. La amonestación a la oficina se mantuvo pese a que dos magistrados disintieron en ese punto específico, considerando suficiente la respuesta institucional de la Fiscal del Condado.

Segundo, suspendió a Leslie durante seis meses del ejercicio ante el Supremo de Georgia. Para la rehabilitación, Leslie debe completar doce horas de formación continua en ética, redacción de escritos y uso correcto de IA en el ámbito jurídico, más allá de las horas reglamentarias ordinarias.

Tercero, vació el auto del tribunal de instancia que denegaba la moción de nuevo juicio. El auto contenía citas ficticias y no puede subsistir. El caso se devuelve al tribunal de instancia con instrucción de dictar un nuevo auto, con dos condiciones: que no incluya ninguna cita inexistente o mal atribuida, y que ese auto no lo prepare el abogado de ninguna de las partes.

Cuarto, estimó la "Moción de Aclaración" que la defensa había presentado el 27 de marzo, ordenando a la Fiscalía que entregue toda comunicación escrita con el tribunal de instancia relativa al borrador de auto, incluida cualquier carta de disculpa.

El tribunal dejó claro que estas sanciones son específicas para este caso y no prejuzgan los procedimientos disciplinarios que pueda iniciar el Colegio de Abogados de Georgia, la Comisión de Cualificaciones Judiciales u otros organismos.

Por qué este caso importa más allá de Georgia

La hallucination jurídica lleva años apareciendo en los tribunales. El precedente más citado es Mata v. Avianca (SDNY, 2023), donde un abogado citó seis sentencias ficticias generadas por ChatGPT y fue sancionado con cinco mil dólares. En 2024 hubo varios casos similares en distintos estados. Pero Payne v. State tiene rasgos que lo distinguen.

La escala es mayor: no hablamos de seis citas en un escrito, sino de veintiocho referencias problemáticas repartidas en múltiples documentos procesales, incluido el auto que el juez de instancia acabó firmando. La ficción no quedó en el papel de un abogado descuidado: contaminó una resolución judicial.

La posición procesal del caso también es relevante. Payne fue condenada a cadena perpetua. Su moción de nuevo juicio es el mecanismo principal para revisar esa condena. El auto que denegó esa moción se construyó sobre jurisprudencia inventada. El Tribunal Supremo no pudo revisar el fondo del asunto sin antes dedicar tiempo y recursos a desenterrar la ficción, como reconoce en su propia resolución: "hemos sido desviados de nuestra obligación de resolver el fondo del recurso de Payne y hemos tenido que dedicar tiempo y recursos significativos a descubrir esta mala conducta".

Hay un tercer elemento que el tribunal deja caer con claridad: el problema no es la IA. Es la ausencia de verificación. La regla 7 del Supremo de Georgia obliga a los letrados a comprobar la exactitud de sus citas. Cualquier herramienta que genere texto jurídico, ya sea una IA generativa, un asistente de investigación o una base de datos con errores, exige que el abogado compruebe lo que va a firmar. La IA no es la excusa. Es el vector.

El debate interno: ¿merecía la sanción la oficina del Fiscal?

La discrepancia parcial de los magistrados LaGrua y Colvin apunta a una tensión real. La mayoría amonestó a la Fiscalía del Condado de Clayton como institución, no solo a Leslie. Los disidentes consideraron que la Fiscal del Condado había respondido con suficiente diligencia: carta de disculpa, medidas disciplinarias internas, compromisos de reforma de política interna. Sancionar a la oficina entera, argumentan, ignora que la Fiscal responsable actuó con rapidez cuando supo lo ocurrido.

La mayoría responde con un argumento institucional: Leslie firmó los escritos en nombre de esa oficina. La responsabilidad del escrito es de quien lo presenta, no solo de quien lo redacta. Y añade una nota que roza lo seco: todos los fiscales de Georgia son elegidos, y ese dato no cambia nada respecto de sus obligaciones ante los tribunales.

El debate no es baladí para despachos y organismos públicos. La pregunta que deja abierta Payne es si basta con castigar al individuo que usó la herramienta mal o si la supervisión institucional tiene también un coste cuando falla. La mayoría optó por la segunda vía.

Lo que contiene el documento completo

La resolución íntegra de Payne v. State incluye el detalle de cada cita problemática identificada, la cronología exacta de los escritos, el texto de la providencia de 20 de marzo exigiendo explicaciones, el contenido de la declaración jurada de Leslie y la descripción de las citas retiradas en el escrito ante el Supremo. También recoge el voto parcialmente discrepante de los magistrados LaGrua y Colvin con los argumentos completos sobre la amonestación institucional.

Descarga el texto completo de Payne v. State (Tribunal Supremo de Georgia, S26A0459, 5 de mayo de 2026) en el enlace al pie de este artículo.

Leer la resolución directamente, y no solo el resumen, permite ver qué citas concretas el tribunal consideró inexistentes, cuáles existen pero fueron descontextualizadas, y cómo el Supremo reconstruyó el rastro de esos errores a través de los distintos documentos procesales. Ese nivel de detalle es el que convierte esta resolución en referencia obligada para cualquier letrado que use IA en su práctica.

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Cinco apuntes para la práctica

• El Tribunal Supremo de Georgia no prohíbe el uso de IA. Prohíbe citar sin verificar.
• Veintiocho referencias problemáticas en tres documentos distintos no es un error. Es la ausencia de proceso.
• Un auto judicial construido sobre citas ficticias no es válido. Payne lo deja sin efecto.
• La suspensión es de seis meses más doce horas de formación específica. El coste real es la reinserción ante el Supremo.
• La responsabilidad institucional sobrevive a las medidas internas. La oficina que presentó los escritos es corresponsable de lo que contenían.