Resumen ejecutivo

Más de 130.000 cámaras con reconocimiento automático de matrículas, instaladas por la empresa Flock Safety en calles de todo Estados Unidos, se han convertido en uno de los temas centrales de las elecciones de medio mandato de 2026. El 23 de agosto, el candidato demócrata al Senado por Míchigan, Abdul El-Sayed, publicó un vídeo de campaña que vinculaba a su rival republicano, Mike Rogers, con el apoyo a estas cámaras. No fue un episodio aislado: en Florida, dos aspirantes republicanos a la gobernación, Byron Donalds y James Fishback, también han hecho de la oposición a Flock Safety un argumento electoral. La prensa política ya identifica el fenómeno como una tendencia, y en el Congreso, tres representantes republicanos han presentado el proyecto de ley H.R. 9800 para prohibir que el gobierno federal adquiera esta tecnología.

Este artículo reconstruye, a partir de fuentes periodísticas, informes de derechos civiles, documentación corporativa, propuestas legislativas y literatura académica revisada por pares, cómo un sistema de vigilancia vehicular pasó de herramienta policial a asunto de campaña. La cronología arranca con las cifras de la propia empresa: más de un millón de investigaciones policiales respaldadas en 2025 y 10.000 personas desaparecidas localizadas, según sus propios datos, sin verificación externa disponible. Un informe del departamento de policía de Roseville (California), recogido por CNET en agosto de 2026, encontró que las cámaras interpretaron mal el 71 % de las matrículas escaneadas, aunque no se conoce la metodología ni el tamaño de la muestra.

Junto a la controversia técnica, el trabajo documenta usos indebidos con nombre y apellidos: 46 casos de agentes policiales que utilizaron el sistema para acosar a exparejas, según The Washington Post; cuatro expolicías arrestados en Savannah (Georgia) por accesos no autorizados a la base de datos; y hallazgos de la Electronic Frontier Foundation sobre el uso de las cámaras para rastrear manifestaciones y activismo político. La respuesta ciudadana ha sido tangible: al menos 56 municipios han cancelado o rechazado contratos con Flock Safety en lo que va de año, según The Guardian, y el movimiento DeFlock organiza la oposición local, incluidos actos de vandalismo contra los dispositivos.

Frente a esta presión, Flock Safety anunció el 13 de agosto un paquete de salvaguardas: reducción del periodo de retención de datos de 30 a 7 días, exigencia de un número de caso válido para cada búsqueda y nuevas herramientas de auditoría interna. La ACLU calificó el gesto de intento de relaciones públicas, porque no toca el núcleo del problema, la captura masiva y continuada de datos de localización de personas no investigadas.

En el plano legislativo, el artículo examina la H.R. 9800, presentada por el republicano Tim Burchett para prohibir la compra federal de sistemas de vigilancia biométrica y de matrículas, y la propuesta paralela de Thomas Massie, que apunta a retirar fondos federales a los departamentos policiales que usen estos sistemas. Ambas iniciativas, procedentes de un partido tradicionalmente asociado a políticas de mano dura, revelan un consenso transversal que también incluye al senador Bernie Sanders y a organizaciones de derechos civiles, aunque por motivaciones distintas: la Cuarta Enmienda y la limitación del poder federal, en el caso republicano; la privacidad y la no discriminación, en el progresista.

El texto incorpora además tres aportaciones académicas recientes. Torin Monahan (2026) analiza Flock Safety como un mecanismo de control sobre la movilidad que afecta de forma desproporcionada a mujeres que buscan atención reproductiva, inmigrantes y personas de color. Nhan y Helfers (2025/2026) contrastan las perspectivas de policías, responsables políticos y la propia empresa. Kitamura y Pereira (2026) sitúan el fenómeno dentro de la «vigilancia como servicio», un modelo en el que empresas privadas asumen funciones de control social sin las obligaciones de transparencia de una agencia pública.

El artículo cierra con una reflexión sobre las implicaciones de este caso para la gobernanza de la inteligencia artificial: los límites de la autorregulación empresarial, la ausencia de un marco normativo específico para los sistemas de reconocimiento de matrículas en Estados Unidos y el papel del ciclo electoral como posible catalizador de una regulación que, de momento, sigue pendiente en el Congreso.

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De la herramienta policial al campo de batalla electoral: el sistema Flock Safety y la convergencia de un consenso antisupervisión en las elecciones de medio mandato de 2026

Análisis técnico-jurídico y político del despliegue de lectores automáticos de matrículas (ALPR) con inteligencia artificial, a partir de informes de derechos civiles, producción académica revisada por pares, propuestas legislativas y la cobertura periodística especializada

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Índice

1. Introducción: la vigilancia vehicular como catalizador de una fractura transversal en la política estadounidense
2. El ecosistema tecnológico de Flock Safety 2.1. Arquitectura de la red y alcance territorial 2.2. Cifras oficiales de la empresa y verificaciones externas
3. Fiabilidad técnica: la controversia sobre la tasa de error de lectura de matrículas
4. Usos indebidos documentados y violaciones de derechos civiles 4.1. Casos de acoso y extralimitación policial 4.2. Vigilancia de manifestaciones y activismo político
5. Respuesta ciudadana e institucional local: cancelaciones, vandalismo y el movimiento DeFlock 5.1. Cancelaciones y rechazo de contratos municipales 5.2. Vandalismo como forma de resistencia ciudadana 5.3. El movimiento DeFlock
6. Medidas adoptadas por Flock Safety: las nuevas salvaguardas de agosto de 2026 6.1. Reducción del periodo de retención de datos 6.2. Auditoría obligatoria de usos y número de caso 6.3. Otras medidas de transparencia 6.4. Valoración crítica: la reacción de la ACLU 6.5. Valoración desde la perspectiva del sector policial 6.6. Alcance limitado de las medidas
7. La dimensión legislativa federal: el proyecto de ley H.R. 9800 y el frente republicano en el Congreso 7.1. La Protection Against Mass Surveillance Act (H.R. 9800) 7.2. Consecuencias de la infracción y ámbito de aplicación 7.3. La motivación política y constitucional 7.4. La propuesta más ambiciosa de Thomas Massie 7.5. Recepción y estado procesal 7.6. Implicaciones políticas del frente republicano 7.7. Limitaciones de la información disponible
8. La irrupción en la campaña electoral de 2026 8.1. El caso de Abdul El‑Sayed en Míchigan 8.2. El eco en la carrera por la gobernación de Florida 8.3. El reconocimiento de la prensa especializada 8.4. Análisis de las motivaciones políticas 8.5. Limitaciones de la información disponible
9. Aportaciones desde la literatura académica revisada por pares 9.1. Vigilancia de la movilidad y vulnerabilidad social: Monahan (2026) 9.2. Equilibrio entre seguridad y privacidad: Nhan y Helfers (2025/2026) 9.3. La plataformización de la vigilancia comunitaria: Kitamura y Pereira (2026) 9.4. Análisis de casos de uso policial: Universidad de Illinois (2025) 9.5. Limitaciones de la literatura académica disponible
10. Reflexiones finales: implicaciones para la gobernanza de la inteligencia artificial y la protección de datos en la esfera pública 10.1. La paradoja de la vigilancia privada en el espacio público 10.2. El consenso antisupervisión como síntoma de una preocupación más amplia 10.3. La insuficiencia de las autorregulaciones empresariales 10.4. La dimensión electoral como catalizador de la regulación 10.5. Lecciones para la gobernanza de la inteligencia artificial 10.6. Limitaciones del estudio y preguntas abiertas 10.7. Epílogo: la vigilancia como espejo de la sociedad

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1. Introducción: la vigilancia vehicular como catalizador de una fractura transversal en la política estadounidense

Los sistemas automatizados de lectura de matrículas (ALPR) con inteligencia artificial, comercializados por Flock Safety, ya no son solo una herramienta de seguridad pública. Durante el verano de 2026 se convirtieron en un asunto central en la agenda de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos (1). La empresa ha desplegado más de 130.000 cámaras en el espacio público. La reacción ciudadana e institucional trasciende las divisiones partidistas y articula un consenso crítico inusual que abarca desde organizaciones de derechos civiles hasta legisladores republicanos y demócratas (2)(3)(4).

Flock Safety ofrece un caso paradigmático para estudiar la intersección entre tecnología de vigilancia, gobernanza algorítmica, derechos fundamentales y dinámica electoral. Fundada en 2017, la compañía ha construido una red que, según sus propias declaraciones, captura «billones» de matrículas al mes (5). La empresa presenta esta infraestructura como un disuasivo del crimen y presume de que en 2025 respaldó más de un millón de investigaciones policiales (7). Críticos de todo signo cuestionan su fiabilidad técnica y sus implicaciones para la privacidad y la equidad social.

El 23 de agosto de 2026, el candidato demócrata al Senado por Míchigan, Abdul El‑Sayed, publicó un video de campaña. Vinculaba a su oponente republicano, Mike Rogers, con el apoyo a las cámaras Flock (1). No es un caso aislado. Varios candidatos demócratas a la Cámara de Representantes utilizan la oposición a estos sistemas como argumento de campaña (1). En el Congreso, tres congresistas republicanos han presentado el proyecto de ley H.R. 9800 para prohibir que el gobierno federal adquiera esta tecnología (20). El senador independiente Bernie Sanders también se ha pronunciado en contra (2).

Este consenso antisupervisión no responde a una única ideología. Se alimenta de múltiples frentes: denuncias documentadas de usos indebidos (acoso a exparejas, vigilancia de manifestantes (2)(16)), informes sobre tasas de error significativas (hasta el 71 % en algunos análisis (9)) y una percepción creciente: la recopilación masiva de datos de ubicación de ciudadanos no investigados vulnera garantías constitucionales y principios de proporcionalidad y minimización de datos.

La literatura académica ya presta atención al fenómeno. Monahan (2026) analiza Flock como un mecanismo de control sobre la movilidad que exacerba vulnerabilidades y discrimina a mujeres que buscan atención reproductiva, inmigrantes y personas de color (10). Nhan y Helfers (2025/2026) exploran el equilibrio entre seguridad y privacidad mediante entrevistas a responsables policiales y representantes de la empresa (11). Kitamura y Pereira (2026) enmarcan Flock en un fenómeno más amplio: la «vigilancia algorítmica comunitaria» y la «vigilancia como servicio» (13).

Este artículo integra fuentes periodísticas, documentación oficial, informes de derechos civiles, propuestas legislativas y producción académica revisada por pares. Examina las dimensiones tecnológica, jurídica, política y social del despliegue de Flock Safety. El objetivo es ofrecer una comprensión sistemática de cómo un sistema de vigilancia automática ha logrado aglutinar a actores de todo el espectro político y convertirse en un campo de batalla electoral inesperado, un termómetro de las preocupaciones ciudadanas sobre los límites de la inteligencia artificial en el espacio público.

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2. El ecosistema tecnológico de Flock Safety

2.1. Arquitectura de la red y alcance territorial

Flock Safety ha desplegado una red de lectores automáticos de matrículas (ALPR) equipados con inteligencia artificial. Las cámaras, instaladas en postes de iluminación, semáforos y estructuras similares, capturan imágenes de las matrículas de todos los vehículos que pasan. Cada captura lleva una marca temporal y geolocalización. Los datos se almacenan en una base centralizada a la que acceden las fuerzas policiales suscritas.

Las cifras varían según la fuente. Axios habla de 120.000 cámaras (1). KBIA, de la Universidad de Misuri, eleva la cifra a más de 130.000 (5). The Guardian coincide en los 130.000 (3). La discrepancia puede deberse al ritmo de expansión durante el segundo trimestre de 2026 o a la inclusión de diferentes tipos de dispositivos (lectores fijos frente a móviles). Ninguna fuente permite precisar la cifra agregada exacta.

El modelo de negocio se inscribe en lo que la literatura académica denomina «vigilancia como servicio» (surveillance‑as‑a‑service) (13). Los departamentos de policía contratan las cámaras, el software y el acceso a la base de datos compartida. Las búsquedas de un municipio se benefician de las capturas de otros, creando un efecto de colaboración interjurisdiccional que amplifica la capacidad de rastreo.

La empresa afirma que su sistema captura «billones» de matrículas al mes (5). Los reportajes de KBIA y The Guardian recogen la afirmación, pero no ofrecen una cifra desagregada. No queda claro si «billones» se refiere a la escala corta estadounidense (10⁹) o a la larga (10¹²); en la prensa estadounidense suele aludir a miles de millones (billions).

2.2. Cifras oficiales de la empresa y verificaciones externas

Flock Safety ha difundido dos métricas centrales. Primero, la compañía sostiene que su tecnología apoyó más de un millón de investigaciones policiales en 2025 (7). CBS News y Axios recogen la cifra (1). Segundo, la empresa afirma que el sistema ha localizado a 10.000 personas desaparecidas (1), sin especificar el periodo.

Ninguna fuente ofrece una verificación externa e independiente de estas cifras. Son datos autoinformados. Los artículos periodísticos no citan auditorías externas. Tampoco precisan los criterios de imputación causal: no sabemos si la localización de desaparecidos se produjo exclusivamente gracias a las cámaras Flock o si estas solo contribuyeron de forma accesoria. La noticia no permite concluir que estas cifras hayan sido contrastadas por organismos públicos o académicos.

En agosto de 2026, la compañía anunció cambios en sus políticas. El más destacado: reducir el periodo de retención de datos de 30 a 7 días (19). Flock comunicó el cambio en su blog corporativo, alegando respuesta a las presiones de activistas y legisladores. Críticos como la ACLU calificaron las medidas como insuficientes y de carácter reputacional (14). Abordaremos este punto en las secciones 6 y 7.

La arquitectura (instalación descentralizada, almacenamiento centralizado) plantea interrogantes sobre la gobernanza de los datos. Las fuentes no especifican la ubicación física de los servidores de Flock Safety, ni si aplican cifrado homomórfico o anonimización en las búsquedas. Tampoco hay información sobre los algoritmos de inteligencia artificial para el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) en condiciones de baja luminosidad o meteorología adversa, más allá del informe de Roseville sobre la tasa de error, que examinamos en la siguiente sección.

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3. Fiabilidad técnica: la controversia sobre la tasa de error de lectura de matrículas

La fiabilidad técnica de Flock Safety ha suscitado críticas más allá de las preocupaciones sobre privacidad. La percepción de que la tecnología funciona con precisión casi absoluta se ha visto contradicha por análisis empíricos que revelan tasas de error elevadas.

Un informe del departamento de policía de Roseville (California), publicado en agosto de 2026 y recogido por CNET (9), documenta que las cámaras Flock Safety malinterpretaron el 71 % de las matrículas que escanearon. El reportaje de CNET indica que la tasa de error fue documentada internamente por las autoridades de Roseville; no se trata de una estimación externa.

La noticia no precisa la metodología empleada por el departamento de Roseville, ni el tamaño de la muestra. Tampoco especifica si el error se refiere a la lectura incorrecta de uno o varios caracteres alfanuméricos, o si incluye falsos positivos (matrículas identificadas erróneamente como coincidentes con una lista de vigilancia) o falsos negativos (matrículas no detectadas). El artículo no aclara estos extremos. No es posible determinar el alcance exacto de la afirmación ni extrapolar la tasa del 71 % al conjunto del sistema Flock, porque podría tratarse de un caso local condicionado por factores ambientales o por una configuración particular de las cámaras.

Los críticos utilizan este dato para cuestionar la eficacia operativa del sistema y para argumentar que el volumen masivo de capturas genera una alta probabilidad de aciertos erróneos, que pueden derivar en detenciones o investigaciones injustificadas.

La ACLU, en su declaración del 13 de agosto de 2026, no cita directamente la tasa de error de Roseville. Subraya que la recopilación de «miles de millones de matrículas al mes de personas que no han hecho nada malo» constituye el núcleo de su objeción (14). La organización sostiene que, con independencia de la precisión técnica, la mera acumulación de datos de localización de ciudadanos no sospechosos vulnera los principios de proporcionalidad y necesidad que deben regir cualquier medida de vigilancia en un Estado democrático.

Ninguna de las fuentes analizadas ofrece información sobre las auditorías internas de Flock Safety en materia de precisión algorítmica, ni sobre los estándares de calidad que la empresa aplica a sus sistemas OCR en condiciones de baja luminosidad, meteorología adversa o ángulos de captura desfavorables. La empresa no ha hecho pública una tasa de error global agregada que permita contrastar el dato de Roseville con el rendimiento medio de su red.

En el ámbito académico, Monahan (2026) advierte que la opacidad de los algoritmos de Flock permite prácticas de perfilamiento policial que afectan desproporcionadamente a minorías (10). Una tasa de error no uniforme (por ejemplo, más elevada en zonas con peor iluminación o mayor densidad de tráfico, que suelen coincidir con barrios de menor renta) podría agravar las desigualdades existentes. Las fuentes no aportan datos empíricos que confirmen esta hipótesis en el caso concreto de Flock.

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4. Usos indebidos documentados y violaciones de derechos civiles

Las críticas a Flock Safety no se limitan a debates teóricos sobre privacidad o a controversias sobre precisión técnica. Las fuentes documentan un número creciente de casos concretos en los que agentes de policía han utilizado la red para fines no autorizados. Estos episodios han generado investigaciones internas, suspensiones, despidos y procesos penales. Son el fundamento empírico de las críticas de las organizaciones de derechos civiles y han alimentado el movimiento ciudadano contra estas cámaras.

4.1. Casos de acoso y extralimitación policial

TechCrunch (2) recoge la cifra de 46 casos documentados por The Washington Post en los que agentes de policía utilizaron la tecnología de Flock Safety para acosar a exparejas sentimentales. Esta fuente secundaria no reproduce el listado completo de los casos ni identifica los departamentos implicados. The Washington Post, según TechCrunch, documentó estos abusos a lo largo de varios meses. La noticia no especifica el periodo cubierto ni la metodología empleada para identificar los casos.

En Massachusetts, The Boston Globe (4) informa de que al menos cuatro agentes están bajo investigación por el mal uso de las cámaras Flock. El reportaje, del 21 de agosto de 2026, detalla que estos casos han llevado a Flock Safety a introducir cambios en sus políticas: exigir un número de caso válido para realizar búsquedas y herramientas de auditoría interna. La noticia cita a la ACLU de Massachusetts, que reclama protecciones legales vinculantes más allá de las promesas unilaterales de la empresa.

El caso más grave documentado es el de Savannah (Georgia). Cuatro expolicías fueron arrestados por acceder al sistema Flock para fines no policiales, según CBS News (7). El artículo, del 23 de agosto de 2026, señala que utilizaron la base de datos para seguir a ciudadanos sin justificación investigativa. Menciona también casos previos en Albany (Georgia), lo que sugiere un patrón de abusos en el estado. La fuente no especifica si los arrestos han derivado en condenas ni la situación procesal actual.

4.2. Vigilancia de manifestaciones y activismo político

Más allá de los usos personales indebidos, la tecnología de Flock Safety ha servido para vigilar la protesta social. La Electronic Frontier Foundation (EFF) analizó diez meses de búsquedas en los servidores de Flock y encontró evidencia de que las cámaras se utilizaron para rastrear actividades de protesta (16). El informe, publicado por The Record el 15 de julio de 2026, no detalla el número de casos ni los departamentos implicados, pero sitúa el hallazgo como parte de un patrón más amplio de vigilancia política.

La EFF también informó sobre una funcionalidad denominada «Detección de Angustia» (Distress Detection), que Flock Safety habría desarrollado y descontinuado tras la presión de la organización. La fuente no especifica en qué consistía exactamente esta funcionalidad ni los motivos concretos de su retirada, más allá de señalar que la presión de la EFF fue determinante.

Estos hallazgos cobran especial relevancia en el contexto electoral de 2026. La capacidad de rastrear vehículos de manifestantes o activistas mediante una red privada de vigilancia plantea interrogantes sobre la protección del derecho de reunión y de la libertad de expresión en el espacio público. La noticia original de Axios (1) no profundiza en este aspecto, pero los informes de la EFF ofrecen una base empírica para las preocupaciones manifestadas por los candidatos que han hecho de la oposición a Flock un eje de campaña.

Flock Safety ha respondido a estos usos indebidos con la implementación de salvaguardas internas (sección 6) y con la defensa pública de su utilidad general, invocando las cifras de investigaciones apoyadas y personas localizadas. Las fuentes no recogen que la empresa haya reconocido públicamente los casos documentados de acoso o vigilancia de protestas, ni que haya ofrecido compensaciones a las víctimas.

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5. Respuesta ciudadana e institucional local: cancelaciones, vandalismo y el movimiento DeFlock

La reacción al despliegue de las cámaras Flock Safety no se ha limitado a los medios de comunicación ni a los debates legislativos o académicos. La ciudadanía y los gobiernos locales han protagonizado una respuesta activa y, en algunos casos, disruptiva. Toma tres formas principales: la cancelación o no renovación de contratos municipales, los actos de vandalismo contra los dispositivos y la organización de movimientos de oposición con base comunitaria.

5.1. Cancelaciones y rechazo de contratos municipales

The Guardian (3) documenta que al menos 56 municipios han desactivado, cancelado o rechazado contratos con Flock Safety en lo que va de 2026. El reportaje del 20 de agosto de 2026 indica que el grupo activista DeFlock mantiene un registro actualizado de las localidades que abandonan el sistema.

El mismo reportaje subraya un fenómeno adicional: incluso las ciudades que cancelan los contratos pueden seguir bajo vigilancia, bien porque mantienen contratos con otros proveedores de ALPR no pertenecientes a Flock, bien porque las cámaras de Flock instaladas en municipios colindantes continúan capturando matrículas de vehículos que transitan por sus calles. Esta interconexión jurisdiccional, inherente al modelo de red compartida, limita los efectos de la decisión unilateral de un municipio. The Guardian no identifica qué proporción de los 56 municipios ha optado por cancelar contratos activos frente a aquellos que simplemente han rechazado nuevas ofertas.

The Independent (6) señala que más de 50 ciudades han cancelado, suspendido o rechazado contratos desde principios de 2026. Esta cifra es ligeramente inferior a la de The Guardian, pero ambas coinciden en situar el número en torno al medio centenar. La divergencia puede deberse a la fecha de corte o a la inclusión de diferentes categorías de decisión (cancelación definitiva frente a suspensión temporal). La fuente no permite determinar si la cifra de The Independent incluye los mismos casos que la de The Guardian o si responde a un recuento independiente.

Entre los casos más significativos, KBIA (5) menciona Palo Alto (California) y San Diego, donde las reuniones del concejo municipal se han visto marcadas por una fuerte oposición ciudadana. En San Diego apareció un imitador de Darth Vader en una sesión (6), un episodio que la prensa ha utilizado como símbolo de la teatralidad y la intensidad del debate público. The Independent no profundiza en el significado político de esta protesta, más allá de señalar que refleja el clima de creciente hostilidad hacia la empresa en su propio estado de origen, California.

5.2. Vandalismo como forma de resistencia ciudadana

KBIA (5), en su reportaje del 21 de agosto de 2026, aborda específicamente el vandalismo contra las cámaras Flock. La fuente documenta que, en el contexto de un fuerte rechazo público, algunas personas están saboteando físicamente los dispositivos. El artículo no cuantifica el número de incidentes ni identifica las localidades donde se han producido, pero sitúa este comportamiento como un síntoma más de la polarización en torno a la tecnología.

La fuente recoge declaraciones de Clare Garvie, investigadora del Policing Project de la Universidad de Nueva York, y de Jay Stanley, de la ACLU, quienes advierten sobre los riesgos de abuso del sistema. Ninguna de las dos citas aborda directamente el vandalismo como fenómeno; ambas se centran en la necesidad de una regulación que limite el alcance de la vigilancia. Al vincular la protesta civil con el vandalismo, el artículo de KBIA sugiere que la falta de cauces institucionales para frenar el despliegue está derivando en formas de acción directa. Las fuentes no proporcionan evidencia que permita afirmar que este sea un fenómeno extendido o coordinado.

5.3. El movimiento DeFlock

El grupo activista DeFlock emerge en las fuentes como el principal coordinador de la oposición ciudadana (3)(17). The Guardian cita explícitamente a DeFlock como la organización que rastrea la ubicación de las cámaras y documenta las victorias de los municipios que cancelan contratos. La página web de DeFlock (17) proporciona información sobre la localización de los dispositivos y ofrece recursos a los ciudadanos que deseen oponerse a su instalación.

Las fuentes no especifican el número de miembros o activistas vinculados a DeFlock ni el alcance geográfico de su influencia. Tampoco se indica si la organización recibe financiación de alguna entidad o si sus actividades se limitan a la información y la sensibilización pública o incluyen también acciones legales o de presión política directa. The Guardian señala que DeFlock mantiene un registro actualizado, lo que sugiere cierta capacidad de seguimiento sistemático, pero no profundiza en la metodología empleada.

La existencia de DeFlock y su reconocimiento en la prensa generalista indican que la oposición a Flock Safety ha trascendido el ámbito de las organizaciones tradicionales de derechos civiles para articularse en forma de movimiento ciudadano autoorganizado. Este fenómeno guarda paralelismos con otros movimientos de resistencia a la vigilancia masiva en Estados Unidos y Europa, aunque las fuentes no establecen comparaciones explícitas.

En conjunto, la respuesta ciudadana e institucional local (cancelaciones, sabotaje y organización comunitaria) ejerce una presión significativa sobre Flock Safety y sobre los legisladores. Ha contribuido a situar el debate en la agenda electoral de 2026. Ninguna de las fuentes ofrece, sin embargo, una evaluación del impacto cuantitativo de estas cancelaciones en los ingresos de la empresa o en su cuota de mercado. No es posible determinar si la oposición local ha afectado materialmente al modelo de negocio de Flock o si la empresa compensa las pérdidas con nuevos contratos en otras jurisdicciones.

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6. Medidas adoptadas por Flock Safety: las nuevas salvaguardas de agosto de 2026

El 13 de agosto de 2026, Flock Safety anunció un conjunto de modificaciones en sus políticas operativas (19). La empresa presentó estas medidas como un refuerzo de la privacidad, la responsabilidad, la seguridad y la transparencia. Las comunicó a través de su blog corporativo y los medios las recogieron (2)(4)(8)(14). Su análisis resulta esencial para evaluar si la empresa ha respondido sustancialmente a las críticas o si las modificaciones tienen un alcance meramente reputacional.

6.1. Reducción del periodo de retención de datos

La medida más destacada consiste en la reducción del periodo de retención de datos de 30 a 7 días (19). Las imágenes de matrículas capturadas se eliminarán automáticamente transcurrida una semana desde su captura, a menos que estén vinculadas a una investigación activa debidamente justificada.

La fuente corporativa (19) no especifica si la reducción se aplica retroactivamente a los datos ya almacenados antes del anuncio ni si la empresa ha implementado mecanismos técnicos que garanticen la eliminación efectiva e irreversible de los datos tras el séptimo día, más allá de su mera declaración de intenciones. Tampoco indica qué ocurre con los datos que, aunque no estén vinculados a una investigación activa, hayan sido objeto de alguna búsqueda previa. No aclara si estas búsquedas generan una copia o un registro persistente que quede fuera del periodo general de retención.

6.2. Auditoría obligatoria de usos y número de caso

The Boston Globe (4) detalla que Flock ha introducido herramientas de auditoría interna y ha establecido la obligación de que los agentes introduzcan un número de caso válido para realizar búsquedas. Esta medida pretende disuadir los accesos no autorizados y facilitar la trazabilidad de las consultas.

El blog de la empresa (19) confirma la implementación de salvaguardas adicionales en materia de responsabilidad (accountability) y seguridad, aunque no desglosa técnicamente en qué consisten estas herramientas de auditoría ni si los registros de acceso son revisados periódicamente por personal independiente de los departamentos de policía. La fuente no indica si la auditoría es realizada internamente por Flock Safety o si se prevé la participación de terceros, como supervisores judiciales o comisiones de control ciudadano.

6.3. Otras medidas de transparencia

Flock Safety también anunció mejoras en su política de transparencia, aunque la fuente corporativa (19) no detalla el contenido concreto de estas mejoras. Fox News (8) recoge las declaraciones del CEO Garrett Langley, quien defendió la necesidad de un «compromiso nacional» entre privacidad y seguridad y calificó de «absurdo» prohibir la tecnología, sin entrar en los detalles técnicos de las salvaguardas.

6.4. Valoración crítica: la reacción de la ACLU

La respuesta de las organizaciones de derechos civiles a las medidas anunciadas ha sido, en líneas generales, escéptica. La ACLU, en su declaración del 13 de agosto de 2026 (14), calificó los cambios como «un intento de relaciones públicas con promesas de seguridad mayoritariamente vacías». Chad Marlow, consejero de la ACLU, señaló que la preocupación central no es el tiempo de retención de los datos, sino el hecho mismo de que la empresa «recopila miles de millones de matrículas al mes de personas que no han hecho nada malo» (14).

La ACLU argumenta que, aunque el periodo de retención se reduzca a siete días, el volumen masivo de capturas y la capacidad de realizar búsquedas retrospectivas durante ese periodo siguen constituyendo una vigilancia generalizada que no respeta los principios de proporcionalidad y minimización de datos. La organización también critica que las medidas adoptadas por Flock son unilaterales y revocables, sin base legislativa que las convierta en obligaciones vinculantes. La fuente no indica si la ACLU ha solicitado a Flock la publicación de informes periódicos de auditoría o si ha iniciado acciones legales para exigir una regulación más estricta.

6.5. Valoración desde la perspectiva del sector policial

Fox News (8) ofrece la perspectiva del sector policial a través de las declaraciones del CEO de Flock, quien enfatizó que la tecnología ha sido un apoyo fundamental para las fuerzas de seguridad y que la prohibición total sería contraproducente. Sin embargo, la fuente no recoge la opinión de asociaciones policiales independientes sobre las nuevas salvaguardas, ni indica si algún departamento ha solicitado cambios adicionales.

6.6. Alcance limitado de las medidas

Ninguna de las fuentes analizadas indica que Flock Safety haya modificado los aspectos centrales que han generado controversia: la ubicuidad de las cámaras en el espacio público, el modelo de red compartida que permite la interconexión de datos entre jurisdicciones o la ausencia de control judicial previo sobre las búsquedas. El cambio en el periodo de retención afecta al tiempo de almacenamiento, pero no al volumen de datos capturados ni a los fines para los que pueden utilizarse. Tampoco se ha anunciado la publicación de los algoritmos de reconocimiento para auditoría independiente.

Las fuentes no permiten determinar si las nuevas salvaguardas han tenido un impacto en las cancelaciones de contratos municipales o si han mitigado las críticas de los grupos activistas. El hecho de que el tema haya seguido ganando protagonismo electoral en los días posteriores al anuncio (1) sugiere que la respuesta de Flock no ha logrado desactivar la controversia.

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7. La dimensión legislativa federal: el proyecto de ley H.R. 9800 y el frente republicano en el Congreso

La creciente controversia en torno a las cámaras Flock Safety ha trascendido el ámbito local y electoral para alcanzar el Congreso de los Estados Unidos. En el verano de 2026, dos iniciativas legislativas de signo claramente restrictivo, promovidas por congresistas republicanos, han situado la regulación de los sistemas automatizados de vigilancia en el centro del debate federal. Este movimiento resulta especialmente significativo por proceder de miembros del partido tradicionalmente asociado con políticas de «ley y orden» y con una mayor tolerancia hacia las herramientas de seguridad pública.

7.1. La Protection Against Mass Surveillance Act (H.R. 9800)

El 21 de julio de 2026, el representante Tim Burchett, republicano por Tennessee, presentó la H.R. 9800, denominada «Protection Against Mass Surveillance Act» (Ley de Protección contra la Vigilancia Masiva) (5)(6)(7). El proyecto de ley fue remitido a la Comisión de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes (5)(6).

La propuesta legislativa tiene como objetivo prohibir que las agencias federales compren, desplieguen, operen, accedan o contraten cualquier sistema automatizado de vigilancia que identifique, rastree o registre a individuos a través de cuatro categorías tecnológicas (5)(6)(7):

1. Sistemas automatizados de reconocimiento de matrículas, incluyendo expresamente las cámaras Flock Safety (5)(6)(7).
2. Tecnología de reconocimiento facial (5)(6)(7).
3. Tecnología que utiliza identificación biométrica, incluyendo huellas dactilares, iris, retina, voz, forma de andar u otras características biológicas personalmente identificables (5)(6)(7).
4. Cualquier tecnología que capture, analice o retenga la imagen, semejanza u otra información personalmente identificable de una persona con el propósito de realizar vigilancia persistente o masiva (5)(6)(7).

El texto legal especifica que la prohibición se extiende también a los gobiernos estatales, locales y tribales, en la medida en que utilicen fondos federales para adquirir, desplegar, operar, acceder o contratar cualquiera de estos sistemas (5)(6)(7). Esta disposición cierra una posible vía de elusión mediante la financiación mixta.

7.2. Consecuencias de la infracción y ámbito de aplicación

La H.R. 9800 establece dos consecuencias específicas para el caso de que una agencia federal obtenga datos en violación de la prohibición:

• Eliminación obligatoria: los datos obtenidos deberán ser eliminados en un plazo no superior a 30 días desde su obtención (5)(6)(7).
• Inadmisibilidad probatoria: los datos obtenidos en violación de la ley no podrán ser admitidos como prueba en ningún procedimiento judicial o administrativo (5)(6)(7).

El proyecto de ley no establece sanciones penales ni económicas para los funcionarios que infrinjan la norma, sino que se limita a efectos de exclusión probatoria y eliminación de datos. La fuente no aclara si la ley prevé mecanismos de supervisión o auditoría para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones.

7.3. La motivación política y constitucional

Burchett justificó su iniciativa en términos de defensa de la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege contra registros e incautaciones irrazonables (8). En un video publicado en la plataforma X (antes Twitter) para anunciar el proyecto de ley, el congresista se refirió explícitamente a los sistemas ALPR de Flock Safety, afirmando: «Estos agentes de inteligencia de las fuerzas del orden necesitan herramientas para hacer frente a estas amenazas, pero arrebatar nuestros derechos constitucionales no está sobre la mesa» (8). Su resumen del problema, citado por la prensa, se redujo a siete palabras: «Tenemos que prohibir estas malditas cosas» (8).

La referencia a la Cuarta Enmienda sitúa el debate en el terreno constitucional, aunque el proyecto de ley no requiere una orden judicial previa para las búsquedas (como sí exige la jurisprudencia en otros ámbitos) sino que directamente prohíbe la adquisición y el acceso federal a estos sistemas con independencia de que exista o no una orden.

7.4. La propuesta más ambiciosa de Thomas Massie

Dos días después de la presentación de la H.R. 9800, el 25 de julio de 2026, el representante Thomas Massie, republicano por Kentucky, anunció su intención de presentar una legislación paralela con un enfoque diferente (2)(22). Mientras que Burchett propone prohibir el acceso federal a los sistemas de vigilancia, Massie plantea retirar los fondos federales a los municipios y departamentos de policía que utilicen lectores automáticos de matrículas y otros sistemas de vigilancia masiva (2)(22).

La estrategia de Massie, descrita por la prensa como «la vía más dura» (22), ataca el problema desde la perspectiva de la financiación. Dado que el modelo de negocio de Flock Safety se basa en contratos con gobiernos locales en aproximadamente 6.000 comunidades (2), la retirada de fondos federales podría desincentivar la adopción de la tecnología al aumentar el coste efectivo para los municipios. La fuente no especifica si el proyecto de ley de Massie ha sido formalmente presentado ni su número de registro, aunque los artículos periodísticos indican que el anuncio se realizó el 25 de julio de 2026 (2)(22).

7.5. Recepción y estado procesal

Hasta la fecha de cierre de esta investigación (25 de agosto de 2026), la H.R. 9800 no ha avanzado significativamente en el Congreso (1). El proyecto de ley se encuentra en fase de revisión por la Comisión de Supervisión y Reforma Gubernamental, sin que se haya programado una votación en el pleno de la Cámara (5)(6). La fuente no indica si el proyecto cuenta con el respaldo de la dirección republicana o si existe oposición interna dentro del propio partido.

Police1 (8) recoge la reacción del jefe de policía de Mt. Juliet (Tennessee), Tyler Chandler, quien manifestó su apoyo a los sistemas ALPR y señaló que el departamento había realizado «cientos de arrestos» en lo que va de 2026 gracias a la tecnología. Chandler declaró que acoge con satisfacción «una legislación sólida que garantice que las fuerzas del orden de todo nuestro estado y nación utilicen los lectores de matrículas de manera responsable, con políticas claras, acceso limitado, auditorías y un compromiso continuo con la protección de la privacidad, los derechos civiles y las libertades civiles del público» (8). El jefe policial también citó casos judiciales recientes que, en su opinión, han rechazado en gran medida la tesis de que los sistemas ALPR constituyan una violación inherente de la Cuarta Enmienda (8).

7.6. Implicaciones políticas del frente republicano

El hecho de que dos congresistas republicanos hayan tomado la iniciativa en la regulación restrictiva de los sistemas de vigilancia (tradicionalmente un tema más asociado a las preocupaciones de la izquierda civilista) constituye un dato político de primer orden. Tal como señala Axios (1), el escepticismo hacia Flock Safety ha generado un inusual consenso bipartidista, con legisladores republicanos y demócratas coincidiendo en la necesidad de limitar el alcance de estos sistemas, aunque por motivaciones diferentes: los republicanos desde una perspectiva de derechos constitucionales y de limitación del poder federal, y los demócratas desde una óptica de protección de la privacidad y de los derechos civiles.

Las fuentes no permiten determinar si la iniciativa de Burchett y Massie responde a una estrategia coordinada del Partido Republicano para capitalizar el descontento popular con la vigilancia masiva, o si se trata de iniciativas individuales de congresistas con una trayectoria previa de defensa de las libertades civiles frente al poder gubernamental (Massie ya había intentado anteriormente desfinanciar mandatos federales relacionados con sistemas de monitorización de conductores) (2). La fuente tampoco aclara si el Partido Demócrata ha presentado proyectos de ley alternativos o si apoya las iniciativas republicanas.

7.7. Limitaciones de la información disponible

Ninguna de las fuentes analizadas proporciona información sobre:

• La posición oficial de la administración Biden (o la administración en funciones en agosto de 2026) respecto a la H.R. 9800.
• La existencia de informes de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) sobre el impacto económico de la prohibición.
• La postura de las asociaciones de jefes de policía o de los sindicatos policiales, más allá de la declaración individual del jefe Chandler.
• Si la H.R. 9800 cuenta con el respaldo de organizaciones de derechos civiles como la ACLU o la EFF.
• La probabilidad de que el proyecto de ley sea aprobado en la Cámara o en el Senado, o de que enfrente un veto presidencial.

No existe evidencia suficiente para afirmar que la H.R. 9800 vaya a ser aprobada en el corto plazo. La fuente indica únicamente que el proyecto de ley fue remitido a comisión y que no ha avanzado significativamente (1).

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8. La irrupción en la campaña electoral de 2026

El fenómeno Flock Safety ha trascendido el ámbito de la política local y legislativa para convertirse en un tema de campaña electoral en las elecciones de medio mandato de 2026. Lo que comenzó como un debate técnico sobre vigilancia y privacidad se ha transformado en un argumento político que candidatos de ambos partidos utilizan para movilizar a sus electores. La noticia original de Axios (1) documenta este fenómeno y lo sitúa como uno de los temas emergentes de la contienda electoral, junto con la regulación de centros de datos y la gobernanza general de la IA.

8.1. El caso de Abdul El‑Sayed en Míchigan

El detonante inmediato de la incorporación de Flock Safety al debate electoral fue la publicación, el 23 de agosto de 2026, de un video de campaña del candidato demócrata al Senado por Míchigan, Abdul El‑Sayed (1). En el vídeo, El‑Sayed vincula a su oponente republicano, Mike Rogers, con el apoyo a las cámaras Flock, presentando la cuestión como un elemento diferenciador entre ambos candidatos en materia de derechos civiles y vigilancia gubernamental (1).

La campaña de Mike Rogers no respondió a la solicitud de comentarios de Axios (1). Esto impide conocer la posición del candidato republicano sobre el sistema Flock o su valoración del ataque de El‑Sayed. La fuente no aclara si Rogers ha manifestado previamente su postura sobre los sistemas ALPR o si el silencio responde a una estrategia deliberada para no alimentar la controversia.

El vídeo de El‑Sayed, según Axios (1), forma parte de una estrategia más amplia de los candidatos demócratas a la Cámara de Representantes, que están comenzando a utilizar la oposición a los sistemas de vigilancia masiva como un argumento de campaña. La fuente indica que varios candidatos demócratas se han sumado a la crítica, aunque no identifica nombres concretos ni precisa el alcance de esta coordinación. Tampoco se especifica si la campaña de El‑Sayed ha recibido el respaldo de organizaciones de derechos civiles o de grupos tecnológicos en esta iniciativa.

8.2. El eco en la carrera por la gobernación de Florida

El fenómeno no se limita a Míchigan. En Florida, la controversia sobre las cámaras Flock ha penetrado en la carrera por la gobernación, tal como documenta el Miami Herald en un artículo del 3 de agosto de 2026 (18). La fuente señala que el candidato republicano Byron Donalds pidió una «pausa total» en los contratos de Flock Safety, mientras que el candidato James Fishback ha hecho de la oposición a la empresa un sello distintivo de su campaña (18).

El reportaje del Miami Herald no detalla si Donalds y Fishback compiten en la misma contienda o en distintas fases del proceso electoral (primarias frente a elección general). La fuente tampoco indica si otros candidatos a la gobernación de Florida han adoptado posiciones similares o si existe un consenso bipartidista en el estado. No obstante, el hecho de que dos candidatos de un mismo partido utilicen la oposición a Flock como argumento electoral en un estado tan relevante subraya la transversalidad del asunto.

8.3. El reconocimiento de la prensa especializada

Political Wire publicó el 23 de agosto de 2026 un artículo titulado «Flock Cameras Are the Hot New Target for Candidates», en el que confirma que las cámaras Flock se han convertido en un tema electoral candente (21). La fuente no ofrece datos cuantitativos sobre el número de candidatos que han incorporado el asunto a sus plataformas ni sobre la intensidad de la cobertura mediática, pero su mera existencia indica que el fenómeno ha sido identificado por la prensa política como una tendencia relevante.

8.4. Análisis de las motivaciones políticas

La irrupción de Flock Safety en la campaña electoral puede atribuirse a varios factores. La acumulación de casos de usos indebidos documentados (desde acoso a exparejas hasta vigilancia de manifestantes) genera un flujo constante de noticias negativas que los candidatos pueden utilizar para contrastar sus posiciones. La naturaleza transversal del escepticismo hacia Flock (que agrupa a conservadores preocupados por la Cuarta Enmienda, a progresistas críticos con la vigilancia masiva y a libertarios opuestos a la injerencia gubernamental) permite a los candidatos de diferentes ideologías capitalizar el descontento sin alienar a su base electoral. El hecho de que el Congreso haya iniciado el debate legislativo a través de la H.R. 9800 confiere legitimidad y actualidad al asunto.

8.5. Limitaciones de la información disponible

Las fuentes disponibles no permiten determinar:

• Si la estrategia de los candidatos demócratas de utilizar Flock como arma electoral responde a una directriz coordinada del partido o a iniciativas individuales.
• Si la campaña de El‑Sayed ha encargado sondeos que midan el impacto de esta cuestión en el electorado de Míchigan.
• Si el silencio de la campaña de Rogers responde a una evaluación de que el asunto no es relevante para su electorado o a la falta de una posición clara.
• Si los candidatos republicanos en otros estados han adoptado posiciones similares a las de Donalds y Fishback en Florida.
• Si la controversia Flock ha sido utilizada en anuncios de televisión u otros medios masivos, más allá del vídeo en redes sociales de El‑Sayed.

Tampoco existe evidencia suficiente para afirmar que el tema Flock vaya a ser decisivo en el resultado de las elecciones de medio mandato. Axios (1) presenta el fenómeno como un tema emergente («top AI boogeyman»), pero no lo califica como un asunto de primer orden capaz de inclinar el resultado de contiendas ajustadas. La noticia no aporta información que permita concluir que los votantes estén priorizando esta cuestión sobre otras como la economía, la inmigración o la sanidad.

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9. Aportaciones desde la literatura académica revisada por pares

El fenómeno Flock Safety ha comenzado a recibir atención en la literatura académica revisada por pares, aunque el corpus disponible sigue siendo limitado. Las fuentes identificadas en esta investigación incluyen tres contribuciones relevantes, publicadas entre 2025 y 2026, que abordan el sistema desde perspectivas complementarias: el análisis sociológico de la vigilancia de la movilidad, el estudio cualitativo sobre el equilibrio entre seguridad y privacidad, y la aproximación desde la teoría de la plataformización de la vigilancia. A estos trabajos se suma un análisis de la Universidad de Illinois sobre el uso policial de los sistemas ALPR.

9.1. Vigilancia de la movilidad y vulnerabilidad social: Monahan (2026)

Torin Monahan, en "Grounding the Flock: Confronting Police Surveillance of Mobilities" (Mobile Media & Communication, Sage Journals), analiza el sistema ALPR de Flock como un mecanismo de control sobre la movilidad de las personas (10). Monahan sitúa el sistema en el contexto más amplio de la vigilancia potenciada por inteligencia artificial y examina cómo puede exacerbar vulnerabilidades sociales preexistentes.

El argumento central del artículo, según el resumen disponible, es que Flock Safety no es simplemente una herramienta de lectura de matrículas, sino un sistema de control que afecta desproporcionadamente a colectivos ya marginados. Monahan señala tres grupos:

• Mujeres que buscan atención reproductiva: rastrear vehículos que se dirigen a clínicas de salud reproductiva podría disuadir a las mujeres de acceder a servicios o exponerlas a vigilancia no deseada.
• Inmigrantes: la recopilación masiva de datos de ubicación puede identificar y rastrear a personas en situación migratoria irregular, facilitando su detección por parte de las autoridades de inmigración.
• Personas de color: el sistema puede contribuir a la perpetuación de prácticas de perfilamiento racial, ya que los datos de movilidad pueden utilizarse para establecer patrones de vigilancia discriminatorios.

Monahan critica la opacidad de Flock Safety, que permite la cooperación policial con prácticas de perfilamiento regresivas sin control público sobre los algoritmos o sobre el uso de los datos (10). La opacidad de la empresa (que no revela los criterios de sus algoritmos ni permite auditorías independientes) constituye un obstáculo para la rendición de cuentas y para la identificación de sesgos discriminatorios.

9.2. Equilibrio entre seguridad y privacidad: Nhan y Helfers (2025/2026)

Nhan y Helfers, en "Cops and hotlists: Balancing security and privacy with ALPR technology" (Journal of Criminology), presentan una investigación cualitativa que examina las implicaciones de privacidad del despliegue de sistemas ALPR mediante entrevistas a tres perfiles de actores: usuarios de alto nivel de las fuerzas del orden, responsables políticos y representantes de Flock Safety (11).

La fuente no especifica el número exacto de entrevistados ni el alcance geográfico del estudio, pero el resumen indica que la investigación adopta un enfoque de «equilibrio» entre las necesidades de seguridad de las fuerzas policiales y las demandas de privacidad de los ciudadanos. Exploran cómo los diferentes actores perciben los riesgos y beneficios de los sistemas ALPR, y en qué medida las políticas internas y las salvaguardas técnicas logran gestionar esa tensión.

El artículo se inscribe en la tradición de los estudios de criminología que examinan las implicaciones de las nuevas tecnologías para el control social. Su valor radica en incorporar la perspectiva de los propios usuarios policiales, que a menudo están ausentes en los debates académicos, y en contrastarla con las percepciones de los responsables políticos y de la empresa proveedora. La fuente no indica si el estudio incluye también la perspectiva de los ciudadanos o de las organizaciones de derechos civiles.

9.3. La plataformización de la vigilancia comunitaria: Kitamura y Pereira (2026)

Kitamura y Pereira, en su trabajo presentado en la conferencia anual de la Association of Internet Researchers (AoIR) de 2025 y publicado en Selected Papers of Internet Research, ofrecen un enfoque comparativo y teórico que enmarca a Flock Safety dentro de un fenómeno más amplio de «vigilancia algorítmica comunitaria» (community algorithmic surveillance) y de «vigilancia como servicio» (surveillance‑as‑a‑service) (12)(13).

Comparan dos casos nacionales: Flock Safety en Estados Unidos y Gabriel en Brasil. Ambos sistemas representan un modelo emergente en el que la vigilancia no es gestionada directamente por el Estado, sino externalizada a empresas privadas que ofrecen tecnología y servicios de análisis a las fuerzas policiales. Este modelo, al que denominan «vigilancia como servicio», plantea desafíos específicos para la rendición de cuentas, ya que las empresas privadas no están sujetas a los mismos controles constitucionales y legales que las agencias gubernamentales.

La fuente no detalla los hallazgos empíricos específicos de la comparación entre Flock y Gabriel, ni las conclusiones sobre las similitudes y diferencias. El resumen sugiere que el artículo se centra en la dimensión teórica de la «plataformización» de la vigilancia, es decir, en cómo la lógica de las plataformas digitales (acumulación de datos, interconexión de usuarios, servicios en la nube) se traslada al ámbito de la seguridad pública.

9.4. Análisis de casos de uso policial: Universidad de Illinois (2025)

Un estudio de la Universidad de Illinois, publicado en 2025, analiza el uso de los sistemas ALPR en el ámbito policial (15). El trabajo, "Bridging Informational Divides: A Community‑Centered Analysis of 'Public Safety' Surveillance Technology", perfila a Flock Safety como uno de los principales distribuidores de ALPR en Estados Unidos y analiza 54 casos de uso policial en la resolución de delitos (15).

La fuente no especifica la tipología de los delitos investigados en esos 54 casos ni si el estudio evaluó la proporción de usos legítimos frente a usos indebidos. El enfoque parece centrarse en cómo la tecnología puede contribuir a cerrar brechas informativas en las investigaciones policiales, permitiendo a los agentes acceder a datos que de otro modo no estarían disponibles. El hecho de que la investigación haya sido realizada por una universidad pública y se centre en el análisis empírico de casos reales le confiere un valor documental significativo.

9.5. Limitaciones de la literatura académica disponible

Las fuentes académicas identificadas presentan varias limitaciones:

• Reducido número de publicaciones: el corpus de literatura revisada por pares sobre Flock Safety es incipiente. Las tres contribuciones principales se han publicado en 2025 y 2026, lo que indica que la atención académica al fenómeno es reciente.
• Foco teórico y cualitativo: la mayoría de los trabajos adoptan enfoques teóricos o cualitativos (análisis de discurso, entrevistas, estudios de caso), sin estudios cuantitativos sobre el impacto real de Flock Safety en la seguridad ciudadana o en los derechos civiles.
• Ausencia de datos empíricos de la empresa: la opacidad de Flock Safety limita la posibilidad de realizar análisis independientes sobre la eficacia del sistema o sobre la incidencia de sesgos algorítmicos.
• Necesidad de investigación longitudinal: el sistema se ha expandido rápidamente en los últimos años; no existen aún estudios que evalúen su impacto a largo plazo sobre la confianza de los ciudadanos en las fuerzas policiales o sobre los patrones de movilidad de los colectivos más vigilados.

No existe evidencia en las fuentes disponibles de que se haya publicado hasta la fecha un metaanálisis o una revisión sistemática de la literatura sobre Flock Safety. Tampoco se ha identificado ningún estudio que compare el sistema Flock con otras redes ALPR de otros proveedores en términos de eficacia, precisión o impacto sobre los derechos civiles.

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10. Reflexiones finales: implicaciones para la gobernanza de la inteligencia artificial y la protección de datos en la esfera pública

El fenómeno Flock Safety constituye un caso paradigmático para examinar las tensiones que surgen cuando la inteligencia artificial y la vigilancia masiva se despliegan en el espacio público sin un marco regulatorio claro y sin mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Lo que ha comenzado como una controversia local sobre lectores de matrículas ha revelado fisuras profundas en el modelo de gobernanza tecnológica estadounidense y ha generado un inusual consenso crítico que trasciende las divisiones partidistas. A partir del análisis de las fuentes disponibles, extraemos varias conclusiones.

10.1. La paradoja de la vigilancia privada en el espacio público

El modelo de negocio de Flock Safety («vigilancia como servicio» (surveillance‑as‑a‑service), en la terminología de Kitamura y Pereira (12)(13)) plantea un desafío fundamental a las concepciones tradicionales de la supervisión policial. Al externalizar la captura, almacenamiento y análisis de datos de localización de los ciudadanos a una empresa privada, el sistema introduce una opacidad adicional sobre la que la ciudadanía tiene escaso control. Flock Safety no está sujeta a las mismas obligaciones de transparencia que una agencia gubernamental; sus algoritmos no son públicos; sus políticas de retención son modificables unilateralmente; sus empleados no están sometidos a los mismos códigos éticos y disciplinarios que los agentes de policía (10).

Esta externalización permite a los departamentos policiales beneficiarse de una infraestructura de vigilancia de gran escala sin asumir los costes políticos y legales de su gestión directa. Sin embargo, como demuestran los casos documentados de usos indebidos (acoso a exparejas, vigilancia de manifestantes (2)(4)(7)), la responsabilidad última recae sobre las fuerzas policiales y, por extensión, sobre las administraciones públicas que contratan estos servicios. La opacidad de la empresa no exime a los gobiernos locales de su obligación de garantizar que las herramientas de vigilancia que utilizan respetan los derechos fundamentales.

10.2. El consenso antisupervisión como síntoma de una preocupación más amplia

Uno de los hallazgos más relevantes es la transversalidad del escepticismo hacia Flock Safety. El proyecto de ley H.R. 9800 ha sido presentado por congresistas republicanos (5)(6)(7); el senador Bernie Sanders, independiente pero alineado con la izquierda progresista, se ha manifestado en contra (2); y candidatos demócratas como Abdul El‑Sayed han hecho de la oposición a las cámaras un argumento de campaña (1). Este consenso no obedece a una única motivación ideológica, sino que articula preocupaciones diversas: los conservadores enfatizan la defensa de la Cuarta Enmienda y la limitación del poder federal; los progresistas subrayan los riesgos de discriminación y vigilancia masiva; los libertarios se oponen a la injerencia gubernamental en la vida privada.

El hecho de que actores de todo el espectro político coincidan en la necesidad de regular o prohibir estos sistemas sugiere que la controversia Flock no es un fenómeno efímero ni circunscrito a un sector del electorado. Refleja una creciente inquietud ciudadana ante la expansión de la inteligencia artificial en la esfera pública, que se suma a otros debates emergentes sobre centros de datos, reconocimiento facial y gobernanza algorítmica (1). Esta inquietud podría traducirse en demandas regulatorias más amplias que afecten no solo a los sistemas ALPR, sino a toda la categoría de tecnologías de vigilancia automatizada.

10.3. La insuficiencia de las autorregulaciones empresariales

Las medidas anunciadas por Flock Safety el 13 de agosto de 2026 (reducción del periodo de retención de datos a siete días, herramientas de auditoría y exigencia de número de caso para las búsquedas (19)) han sido recibidas con escepticismo por organizaciones como la ACLU, que las califica de «intento de relaciones públicas» (14). Este escepticismo está justificado. Las medidas son unilaterales y revocables: Flock podría modificarlas o suspenderlas en cualquier momento sin aprobación legislativa o judicial. Afectan a aspectos periféricos del problema (el tiempo de almacenamiento) pero no al núcleo de la controversia: la captura masiva y continuada de datos de localización de personas no investigadas. La empresa no ha facilitado el acceso a sus algoritmos para auditorías independientes, lo que impide verificar la inexistencia de sesgos discriminatorios (10).

El caso Flock ilustra los límites de la autorregulación empresarial en el ámbito de la vigilancia tecnológica. Cuando una empresa privada controla una infraestructura de captura de datos de esta magnitud, los intereses comerciales (maximizar el número de contratos y la captura de datos) pueden entrar en conflicto con los intereses públicos: garantizar la privacidad y la no discriminación. Sin una regulación externa vinculante, las promesas de autorregulación carecen de la fuerza necesaria para garantizar la protección de los derechos fundamentales.

10.4. La dimensión electoral como catalizador de la regulación

La irrupción de Flock Safety en la campaña electoral de 2026 (1)(18)(21) puede actuar como un catalizador para la regulación. Cuando un asunto se convierte en un tema de campaña, los candidatos se ven presionados a tomar posiciones públicas, y los partidos a incorporarlo en sus programas electorales. En el caso de Flock, la transversalidad del consenso crítico permite que tanto demócratas como republicanos puedan adoptar posiciones restrictivas sin temor a alienar a sus bases. Ello podría allanar el camino para una legislación federal que, aunque probablemente menos ambiciosa que la prohibición total prevista en la H.R. 9800, establezca estándares mínimos para el despliegue de sistemas ALPR.

También es posible que el interés electoral por el asunto sea coyuntural y disminuya tras las elecciones de noviembre de 2026. Las fuentes no permiten determinar si la preocupación ciudadana es duradera o responde a un pico de atención mediática derivado de los casos de usos indebidos documentados durante el verano. Los sondeos de opinión sobre la cuestión, si existen, no han sido recogidos en las fuentes analizadas. No existe evidencia suficiente para afirmar que el tema Flock vaya a mantenerse en la agenda política más allá del ciclo electoral de 2026.

10.5. Lecciones para la gobernanza de la inteligencia artificial

El caso Flock Safety ofrece lecciones aplicables a otros ámbitos de la gobernanza de la IA. En primer lugar, pone de manifiesto la necesidad de principios de proporcionalidad y minimización de datos: la captura masiva de datos de personas no investigadas no puede justificarse por la mera utilidad potencial para investigaciones futuras. En segundo lugar, subraya la importancia de la transparencia algorítmica: sin acceso a los criterios de funcionamiento de los sistemas de IA, es imposible identificar y corregir sesgos discriminatorios. En tercer lugar, evidencia la necesidad de mecanismos de control independientes: ni la autorregulación empresarial ni la supervisión interna de los departamentos policiales son suficientes para garantizar el respeto de los derechos fundamentales.

La ausencia de una regulación específica para los sistemas ALPR en Estados Unidos (en contraste con el marco del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en la Unión Europea, que establece límites al tratamiento de datos de localización) deja un vacío legal que Flock Safety y otros proveedores han aprovechado para expandirse rápidamente. Las iniciativas legislativas como la H.R. 9800 (5)(6)(7) y la propuesta de Massie (2)(22) representan intentos de llenar ese vacío, aunque su futuro es incierto.

10.6. Limitaciones del estudio y preguntas abiertas

Este análisis se basa en fuentes periodísticas, documentación corporativa, informes de organizaciones de derechos civiles, literatura académica revisada por pares y registros legislativos. Varias cuestiones relevantes no han podido ser respondidas por falta de información verificable:

• Impacto cuantitativo real: no hay datos independientes que permitan evaluar si Flock Safety ha contribuido efectivamente a la reducción de la criminalidad, más allá de las cifras autoinformadas por la empresa (1)(7).
• Sesgos algorítmicos: no existe evidencia pública sobre si los algoritmos de Flock presentan tasas de error diferenciales por tipo de vehículo, zona geográfica o condiciones ambientales, o si contienen sesgos raciales o de otro tipo (10).
• Economía de la vigilancia: no se dispone de información sobre los ingresos de Flock Safety, el coste de los contratos municipales o la rentabilidad del modelo de negocio.
• Percepción ciudadana: no hay sondeos o estudios que midan el nivel de conocimiento y preocupación de la población sobre Flock Safety, más allá de las reacciones documentadas en los concejos municipales (5)(6).
• Posición de otras empresas del sector: las fuentes no indican si otros proveedores de ALPR han adoptado medidas similares a las de Flock o si se han beneficiado de la controversia.

Estas lagunas no invalidan las conclusiones, pero señalan la necesidad de futuras investigaciones que aborden estas dimensiones desde una perspectiva empírica y multidisciplinar.

10.7. Epílogo: la vigilancia como espejo de la sociedad

El debate en torno a Flock Safety trasciende la cuestión concreta de los lectores de matrículas. Es un debate sobre qué tipo de sociedad queremos construir en la era de la inteligencia artificial. La tecnología ofrece herramientas de seguridad sin precedentes, pero también plantea riesgos de control y discriminación. El consenso antisupervisión que ha emergido en 2026 (republicanos, demócratas, independientes, activistas y académicos) sugiere que existe un terreno común para una regulación equilibrada que proteja tanto la seguridad como los derechos fundamentales.

El desafío para los responsables políticos, los jueces y la ciudadanía es encontrar ese equilibrio sin caer en la prohibición absoluta ni en la aceptación acrítica. La H.R. 9800, la propuesta de Massie, las iniciativas de los gobiernos locales y las movilizaciones ciudadanas son pasos en esa dirección, pero el camino hacia una gobernanza democrática de la vigilancia automatizada aún es largo y está lleno de incertidumbres. Lo que ocurra con Flock Safety en los próximos meses (en las urnas, en los tribunales y en el Congreso) sentará precedentes que afectarán al futuro de la inteligencia artificial en el espacio público durante años.

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Bibliografía

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(13) Kitamura, M. & Pereira, G. (2026). [Versión extendida de la ponencia]. AoIR 2025 Conference Proceedings. Recuperado de https://spir.aoir.org/ojs/index.php/spir/article/view/14390

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(20) Congress.gov. (2026). H.R. 9800 – Protection Against Mass Surveillance Act. 119th Congress. Recuperado de https://www.congress.gov/bill/119th-congress/house-bill/9800/text

(21) Political Wire. (2026, August 23). Flock Cameras Are the Hot New Target for Candidates. Recuperado de https://politicalwire.com/2026/08/23/flock-cameras-are-the-hot-new-target-for-candidates/

(22) Newsweek. (2026, July 25). Massie bill would bar funding for police using Flock license plate readers. Recuperado de https://www.newsweek.com/massie-bill-bar-funding-police-using-flock-license-plate-readers-1921152

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